DISPOSITIVA Por los fundamentos de Derecho antes expuestos, esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: ADMITE el recurso de apelación de autos, interpuesto por el profesional del derecho ALEJANDRO APARICIO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 155.368, en su carácter de defensor de los ciudadanos EDUARDO ANTONIO BRACHO SOTO, titular de la cedula de identidad Nº 26.760.052, NEFER KALET MORILLO ORTIZ, titular de la cedula de identidad Nº 23.751.586, y MANUEL MONTIEL GONZALEZ, titular de la cedula de identidad Nº 23.876.491; contra la decisión Nº 083-18-17, de fecha 31 de enero de 2018, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual decretó entre otros pronunciamientos, Medida Cautelar de .....

PRIMERO: CON LUGAR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO solicitada por los ciudadanos José Santiago Montiél González, Néstor José Acosta Chacín, Ricardo Rafael Oliveros Medina y Pedro Pablo Carrascal López, todos venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos.13.100.267, 7.934.181, 18.704.427 y 22.136.160, respectivamente; contra la providencia administrativa dictada por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), de fecha 29 de Noviembre de 2016 en sesión extraordinaria n° ext. 266-16, punto de cuenta n° 003, mediante el cual declaró la revisión del acto administrativo dictado en fecha 8 de Noviembre de 2007, por el referido ente agrario, contenido en el punto de cuenta n° 262, sesión n° 149-07; así mismo declaró la nulidad en toda y cada una de sus partes del último acto administrativo descrito, el cual recayó sobre un lote de terreno denominado "Santa Rosa, San Cristóbal, La Carolina y La Florida", ubicado en el sector .....

El Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental dictó SENTENCIA INTERLOCUTORIA, mediante la cual declaró: 1) Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 31 de mayo de 2016, por la abogada Glomelys Arias, apoderada judicial de la sociedad mercantil Tour 11, C.A., contra la sentencia dictada en fecha 30 de mayo de 2016, por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón. 2. CON LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3. Se REVOCA el fallo apelado y dictado en fecha 30 de mayo de 2016, por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, mediante la cual declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto. 4) Se ORDENÓ la remisión del presente expediente al juzgado de la causa a los fines de que se pronuncie sobre las demás causales de inadmisibilidad. 5) Se ordenó la NOTIFICACIÓN de las partes.

CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO propuesta por los ciudadanos EDGAR SEGUNDO CORDERO CORONEL y MARIA NARCISA LAMEDA CEDEÑO, ya identificados, y en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial que contrajeron ante onsejo del Municipio de Cabimas del Estado Zulia, en fecha catorce (14) de diciembre de mil novecientos noventa (1990).

este Tribunal para proveer observa, que la naturaleza jurídica del presente procedimiento, no reviste carácter contencioso, ni comporta derechos litigiosos, requisito éste sine qua nom, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores, para Homologar la misma; en virtud de lo cual considera forzoso el Tribunal, niega lo solicitado. Así se decide . .-. LA JUEZ LA SECRETARIA ABG. MARIANELA BRAVO

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha dieciséis (16) de enero de 2018, por la profesional del derecho ENDRINA CAROLINA HUERTA, inscrita en el IPSA bajo el No. 143.322, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano WANDER RAFAEL AUVERT URDANETA, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-7.931.979, en el juicio de cumplimiento de contrato que sigue en contra la ciudadana JHIN MARIANA GRANADILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 11.259.168. SEGUNDO: SE REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Agrario de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha ocho (08) de enero de dos mil dieciocho (2018). TERCERO: SE CONDENA en costas a la parte demandada-opositora de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Se hace saber a las partes, que este Tribunal dictará el extenso del fallo dentro de los diez (10) días siguientes a .....

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha veintidós (22) de enero de 2018, por el profesional del derecho Guillermo Reina Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 87.894, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Karina el Valle Romero Sandoval, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n° 7.937.807, en el juicio de tacha de falsedad que sigue en contra del ciudadano Juan Carlos Valero Molina, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n° 10.398.338, quien actúa en nombre propio y con el carácter de Presidente de la sociedad mercantil "Tierras Agrícolas, c.a. (TIACA)", inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 13 de mayo de 1994, bajo el n° 40, tomo 15-A; y de los ciudadanos Leda Emperatriz González de Barboza y Tubalcaín Antonio Barboza Gutiérrez, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula.....

Por los fundamentos antes expuestos, este Juez Primero de Primera de Instancia de Mediación y Sustanciación con funciones de Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: • APROBADO Y HOMOLOGADO EL CONVENIMIENTO suscrito por las partes, pasándolo en autoridad de cosa juzgada como sentencia definitivamente firme, de conformidad con lo establecido en el artículo 315 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.- • Se ordena expedir las copias certificadas solicitadas.

III.- Por los fundamentos expuestos: Éste TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA EL DECAIMIENTO DE LA ACCION, incoada por el Ciudadano FADDOUL ARENAS SAMIR JOSÉ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 10.604.870, domiciliado en el Municipio Cabimas, estado Zulia, en contra de los Ciudadanos D’LIMA DOUGLAS ALFONSO y MORENO ARRIETA ELENA JOSEFINA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad número 8.697.963 y 10.082.570 respectivamente, ambos domiciliados en el Municipio Cabimas, estado Zulia. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE MEDIANTE LA CARTELERA DEL TRIBUNAL Y DEJESE COPIA CERTIFICADA. Dada, sellada y firmada en la sala del Despacho del TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CAB.....

DISPOSITIVA Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal Del Estado Zulia, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: INADMISIBLE la recusación interpuesta por el profesional del Derecho HENDER SARCOS SOTO, en su condición de defensor privado de la ciudadana ESTHEFANY COROMOTO VILCHEZ LOPEZ, en contra de la Jueza HIRCIA GONZALEZ VIRLAN, órgano subjetivo adscrito al Tribunal Segundo de Primera Instancia Estatal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en razón de la causal establecida en el numeral 8 del artículo 89 del Código Adjetivo Penal, en concordancia con lo previsto en el artículo 99 del Código Orgánico Procesal Penal.