Vista y revisada como ha sido la transacción presentada en fecha veintidós (22) de Septiembre de 2006 por la abogada en ejercicio Janeth Colina, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 22.028, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada ADMINISTRADORA INSUMERCA, C..A. y los ciudadanos DANIO BERMUDEZ BARRO, GONZALO TORRES VARGAS, RAFAEL ORDAZ OSUNA, JOHN HOWARD NEUMAN GUTIERREZ, ARNOLDO CHIRINO ARAUJO, CIRO VALBUENA MARQUEZ, JOSE MONTERO MEDINA y JAMPIERRE GIL LABRADOR en su carácter de parte actora, plenamente identificado en actas asistido por el abogado Wolfan Rodríguez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 42.911, identificado plenamente en actas. Este Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, HOMOLOGA EL PRESENTE ACUERDO.

En el día hábil de hoy, 2 de Octubre de 2006, siendo las 2:23 p.m., oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar, comparecen los ciudadanos ADALBERTO BASTIDAS y Emilio José Figueroa Galea en su carácter de Gerente PRODUCTORES AVICOLAS DEL ZULIA, C.A. (PROAVE) en su carácter de parte actora y demandada respectivamente, debidamente representados por el abogado Deiro Fuenmayor en representación del demandante y el abogado Carlos Chacín en representación de la demandada, quienes han llegado al siguiente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la demandada le cancelará a el demandante la cantidad de diez millones seiscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 10.650.000,00). Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público,.....

En el día hábil de hoy, 2 de Octubre de 2006, siendo las 3:38 p.m., oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar, comparecen los abogados Ramón Tuviñez y José Morales en representación de los demandantes y CONSTRUCCIONES CARDOZO VILLASMIL (CONSCARVI) en su carácter de parte demandada, debidamente representados por a la abogada María Gabriela Franchi, quienes han llegado al siguiente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la demandada le cancelará a cada uno de los demandantes HECTOR ANTEPAZ y CARLOS QUIÑONEZ la cantidad de dos millones de bolívares (Bs. 2.000.000,00). Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES.

Por los fundamentados antes expuestos este TRIBUNAL OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, DECLARA CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN solicitada por la Fiscalía QUINTA del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de conformidad con el Artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal; y en consecuencia, se ordena remitir la presente causa a la citada Fiscalía, a tenor de los establecido en el Artículo 302 del Código Orgánico Procesal Penal

DISPOSITIVO Por las consideraciones antes expuestas este Juzgado SUPERIOR PRIMERO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) DESISTIDA LA APELACIÓN interpuesta por la parte demandante apelante ciudadano NELSON PIÑA contra la sentencia de fecha 20 de febrero de 2006 en contra de la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial laboral del Estado Zulia. 2) SE CONDENA EN COSTAS a la parte apelante de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y no esta dentro del supuesto establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 3) QUEDA FIRME la sentencia apelada. 4) En virtud que todos los motivos de hechos y de derechos que se encuentran comprendidos en la presente decisión y con ello se cumple l.....

Por los fundamentos expuestos este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara DISUELTO el MATRIMONIO CIVIL que contrajeron los ciudadanos ROBINSON JOSE ROMERO y MARIELENA CHIQUINQUIRA MADUEÑO ALTUVE, el día cinco (05) de enero de dos mil cinco (2.005), por ante el Jefe Civil y Secretario de la Parroquia Raúl Leoni, Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, acompañada a las actas en copia certificada, signada con el No. 01. Según pronunciamiento de los solicitantes durante la unión matrimonial no procrearon hijos.

Por los fundamentos expuestos, ESTE JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA CON LUGAR LA PRESENTE SOLICITUD DE DIVORCIO 185-A formulada por los ciudadanos LUZ MARINA CHANG DE SUAREZ y ÁNGEL DARIO SUAREZ RINCÓN, antes identificados. En consecuencia, QUEDA DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL que ellos habían contraído el día Dieciocho (18) de Mayo de Mil Novecientos Setenta y Cuatro (1974), por ante la hoy Intendencia de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia; según consta en el Acta de Matrimonio No. 264, que corre inserta en actas. ASI SE DECLARA.- No hay pronunciamiento sobre hijo por ser mayor y constatado por este Tribunal con la copia certificada de la Partida de Nacimiento consignadas. No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la acción.- .....

Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO OCTAVO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, CONDENA al ciudadano JIMMY ANDERSÓN ALBORNOZ, venezolano, natural de Caracas, de fecha de nacimiento 31-03-1979, portador de la cedula de identidad Nº V-14.895.535, de 27 años de edad, Estado Civil concubino, hijo de CARMEN ALBORNOZ y JOEL CHIQUIN, residenciado en la Urbanización San Felipe, Bloque 15, Edificio 1, Apartamento 03-03, Municipio San Francisco del Estado Zulia, a cumplir la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, mas las accesorias de Ley establecidas en el artículo 16 del Código Penal, por el delito de COAUTOR DE ROBO GENERICO EN GRADO DE TENTATIVA; cometido en perjuicio de CARLA PATRICIA FUENMAYOR MORALES. Se ordena remitir la presente causa al Departamento de Alguacilazgo, para su distribución a un Juzgado de Ejecución, luego de perecer el lapso legal de apelación. Dada, Firmada y Sellada .....

SE CONDENA al adolescente imputado IDENTIFICACIÓN SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, como COAUTOR del delito de LESIONES INTENCIONALES DE CARÁCTER LEVE, Y AUTOR del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA, previstos en los artículos 416 y 277, del Código Penal Venezolano vigente, cometido en perjuicio de los ciudadanos JOSÉ GREGORIO RUBIO, Y JOSÉ RAMÓN GRATEROL y VISTA LA ADMISIÓN DE HECHOS, expuesta por el prenombrado adolescente, se le IMPONE LA SANCIÓN DEFINITIVA DE REGLAS DE CONDUCTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 624 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, POR EL LAPSO DE UN (01) AÑO.

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Séptimo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA EXTENDER LAS PRESENTACIONES A CADA NOVENTA (90) DIAZ, por ante la Intendencia mas cercana a su domicilio, en la ciudad de Punto Fijo Estado Falcón del penado HIRAN HIPOLITO BRAVO GOMEZ, titular de la cédula de identidad No. 82.176.542, conforme lo establece el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Regístrese, notifíquese a su Defensor Publico N° 35 de la presente decisión y líbrese Boleta de Notificación al Defensor Publico