PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho JESÚS IGNACIO QUIJADA RINCÓN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 169.866, en su carácter de defensor privado del ciudadano ÁNGEL LISANDRO DÍAZ SÁNCHEZ, contra la decisión Nº 539-18, de fecha 18 de septiembre de 2018, dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión recurrida, resultando improcedentes las solicitudes de libertad inmediata o de medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad peticionadas por el recurrente a favor de su representado, así como la nulidad de las actas que integran la investigación y del procedimiento de detención del imputado de autos.

PRIMERO: ADMISIBLE el recurso de apelación de autos interpuesto por la profesional del derecho MIRILENA DEL CARMEN ARIZA GONZALEZ, Defensora Pública Trigésima Séptima Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, en su carácter de defensora del ciudadano WILLIAM JOANI BUSTAMANTE RICO, titular de la cédula de identidad N° V- 14.519.919, contra la decisión Nº 959-18, dictada en fecha 25 de Octubre de 2018, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. SEGUNDO: A partir del día hábil siguiente a la presente fecha comienza a transcurrir el lapso de cinco (05) días hábiles para dictar la decisión correspondiente, conforme lo prevé el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal.

PRIMERO: ADMISIBLE el recurso de apelación de autos, interpuesto bajo la modalidad de efecto suspensivo, por los abogados YORTMAN VILLASMIL GONZÁLEZ y MARIEL GONZÁLEZ VALBUENA, en su carácter de Fiscal Provisorio Cuadragésimo Quinto y Fiscal Auxiliar Interina Cuadragésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia en materia de Protección de Derechos Humanos, respectivamente, contra la decisión No. 882-18, dictada en fecha 07 de diciembre de 2018, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. SEGUNDO: A partir del día hábil siguiente a la presente fecha, comienza a transcurrir el lapso de diez (10) días para el dictamen la decisión correspondiente, conforme lo prevé el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 430 ejusdem.

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación de autos en la modalidad en efecto suspensivo, interpuesto por los abogados YORTMAN VILLASMIL GONZÁLEZ y MARIEL GONZÁLEZ VALBUENA, en su carácter de Fiscal Provisorio Cuadragésimo Quinto y Fiscal Auxiliar Interina Cuadragésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia en Materia de Protección de Derechos Humanos, respectivamente, contra la decisión No. 882-18, dictada en fecha 07 de diciembre de 2018, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. SEGUNDO: ANULA LA DECISIÓN RECURRIDA. TERCERO: Ordena a otro órgano subjetivo la realización de un nuevo acto de audiencia preliminar, con prescindencia de los vicios detectados en la presente resolución. CUARTO: REVOCA las medidas cautelares impuestas por la Instancia. QUINTO: Decreta esta Sala de Alzada, medida de privación judicial preventiva de libertad en .....

DECLARA: CON LUGAR la inhibición propuesta en base a lo dispuesto en el ordinal 7° del artículo 89 en concordancia con el artículo 90 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, por la abogada YAKELIN COROMOTO VASQUEZ MATHEUS en su carácter de Jueza Profesional Suplente integrante de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, para el conocimiento del asunto penal No. 5E-2930-2017, seguido en contra del penado ALEXIS GUTIERREZ VERA, portador de la cédula de identidad N° 20.456.017, como COMPLICE en la comisión del delito de EXTORSION previsto y sancionado en el artículo 16 en concordancia con los artículos 11 y 20 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, cometido en perjuicio de la ciudadana AMARU ARRIETA.

PRIMERO: INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho ROBERT JOSE MARTINEZ GODOY y REINEL ANTONIO HERNANDEZ AVENDAÑO, en su carácter de defensores del ciudadano ISRAEL RIVERA VALENZUELA, portador de la cédula de identidad N° E-RWLIS731110209H300, contra la decisión N° 0959-2018 de fecha 09 de Noviembre del 2018, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Extensión Santa Bárbara del Zulia, atendiendo al contenido de los artículos 250 y 428 del Código Orgánico Procesal Penal y a los criterios emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

PRIMERO: ADMISIBLE el recurso de apelación de autos interpuesto por el abogado JAIRO ALEXANDER PULGAR ANDRADE, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 56.721, en su condición de defensor privado del ciudadano HUMBERTO JOSE COLINA GONZALEZ, cédula de identidad No. V-25.788.44, contra la decisión No. 622-18 emitida en fecha 06.09.2018 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.

PRIMERO: ADMISIBLE el recurso de apelación de autos interpuesto por la abogada YAJALIS GONZALEZ, Defensora Pública Trigésima Octava Penal Ordinario adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del estado Zulia, en su condición de defensora del ciudadano ALVARO LUIS GARCIA CASTILLO, cédula de identidad No. V-19.451.559, contra la decisión No. 958-18 de fecha 25.10.2018 dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 439 del Texto Adjetivo Penal SEGUNDO: A partir del día hábil siguiente a la presente fecha comienza a transcurrir el lapso de cinco (05) días hábiles para dictar la decisión correspondiente, conforme lo prevé el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal.