Por todos los razonamientos ante expuestos, este JUZGADO UNICO ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE JUICIO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DICTA LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS: PRIMERO: ABSUELVE al ciudadano SAMIR PUENTES BALADI, de la comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA Y AMENAZA, previsto y sancionado en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MARIA GABRIELA CRUCETTA DIAZ. SEGUNDO: Se EXONERA a las partes del pago de las costas procesales a tenor de lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece la garantía de la gratuidad de la Justicia por parte del Estado. TERCERO: Se ACUERDA la LIBERTAD PLENA, a favor del ciudadano SAMIR PUENTES BALADI, revocándose .....

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana ALICIA SUÁREZ RODRÍGUEZ, actuando en su propio nombre y representación, contra sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, de fecha 30 de septiembre de 2011, dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la oposición formulada por el abogado Alexey Yanez Martínez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 16.549, con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Norka Silveria Campos, Agustín García Romero, Ocanis Jesús Montero Mavares y Edilson Bohórquez Rojas, contra de la medida cautelar decretada mediante sentencia No. 38, de fecha 28 de febrero de 2012, por éste Superior Órgano Jurisdiccional; y, en consecuencia SE REVOCA la medida de amparo cautelar en referencia.

PARTE DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: HOMOLOGADO el desistimiento hecho por la parte actora ciudadano EDUARDO EMIRO RODRÍGUEZ DATICA, contra la sociedad mercantil SCHLUMBERGER DE VENEZUELA, SA, por motivo de Calificación de Despido. SEGUNDO: Se le imparte el carácter de Cosa juzgada al presente juicio. TERCERO: Se declara TERMINADO el presente procedimiento. CUARTO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de lo aquí decidido. Se ordena expedir copia certificada de esta sentencia por secretaría, a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil, Numerales 3 y 9 del artículo 72 de la L.....

Por todo lo expuesto con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ¿ PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de INTERDICTO DE AMPARO, incoada por la ciudadana MARÍA CONCEPCIÓN SOTO SOTO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 4.522.984, domiciliada en el municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra de los ciudadanos MARÍA MUÑOZ y REGINO BARBOZA, venezolanos, mayores de edad, domiciliados en el municipio San francisco del Estado Zulia. ¿ NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil.

PRIMERO: CON LUGAR la presente acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JOSÉ LEONARDO MONTIEL ARRIETA en contra del INSTITUTO REGIONAL DEL DEPORTE DEL ESTADO ZULIA (GOBERNACIÓN DE ESTADO ZULIA). SEGUNDO: SE ORDENA LA EJECUCIÓN INMEDIATA E INCONDICIONAL DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 25-2008, de fecha 24 de marzo de 2008, dictada por la Inspectoría del Trabajo de Maracaibo. TERCERO: Se ordena notificar mediante oficio a la procuraduría del Estado Zulia.

PRIMERO: SIN LUGAR la presente Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los ciudadanos RICHARD HENDRICK CONTRERAS PÉREZ y GERALD GUZMAN PARRA QUINTERO, en contra de la sociedad mercantil LÁCTEOS SANTA BÁRBARA, C.A. (todos plenamente identificados). SEGUNDO: No hay condenatoria en costas a la parte accionante por cuanto no es temeraria la presente acción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el referido artículo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 ejusdem, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente proceso que por COBRO DE BOLÍVARES (Intimación), instauraron las ciudadanas GIOCONDA FERNÁNDEZ MORILLO y LIJUL INCIARTE GONZÁLEZ, (endosatarias en procuración del ciudadano LEONARDO RAMÓN LÓPEZ VARGAS), contra la ciudadana LIVIA DEL CARMEN MEDINA DE FUENMAYOR, todos ya identificados, en la parte narrativa de este fallo.

SIN LUGAR el recurso de apelación propuesto por la sociedad mercantil C.A. DE SEGUROS LA OCCIDENTAL, por intermedio de su apoderado judicial GABRIEL IRWIN, contra sentencia de fecha 25 de marzo de 2011, proferida por el JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

En conclusión, tomando base en los fundamentos antes señalados, resulta forzoso para este Tribunal Superior negar el pedimento formulado por el apoderado judicial de la parte demandada, y en consecuencia se ratifica el auto dictado en fecha 11 de mayo de 2012, mediante el cual se ordenó la remisión del expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta circunscripción judicial, en virtud de haber precluído todas las etapas procesales atinentes a esta instancia