Por los razonamientos de hecho y los fundamentos de derecho antes expuestos, este JUZGADO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 en concordancia con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión.

Por los razonamientos de hecho y los fundamentos de derecho antes expuestos, este JUZGADO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 en concordancia con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión.

En consecuencia, al no encontrarse llenos los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para decretar la medida solicitada, pues es carga del actor cumplir con todas las condiciones generales para la procedencia de la cautelar procesada, pues, en el entender de esta Sentenciadora, los extremos requeridos en la normativa antes transcrita, forzosamente son concurrentes, y a falta de prueba de alguno de ellos, el Juez no puede bajo ningún aspecto decretar dicha medida preventiva, por lo que, este Juzgado obrando según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad, niega la medida de secuestro solicitada por la parte actora, y así se decide.

Ahora bien, examinados como han sido los documentos consignados por el solicitante, este Juzgado dejando a salvo los derechos de terceros conforme lo establece el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, considera cumplidos los requisitos de procedencia de la presente solicitud, y en consecuencia, DECLARA como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de los derechos de la causante ABIGAIL DEL CARMEN GONZÁLEZ DE GONZÁLEZ, a los ciudadanos JESÚS MANUEL GONZÁLEZ SEGOVIA, JENNY LISBETH GONZALEZ GONZÁLEZ y JESÚS MANUEL GONZALEZ GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 3.924.109, 13.044.846 y 15.839.056, respectivamente, domiciliados en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. ASI SE DECIDE. Devuélvase estas actuaciones en original al solicitante y déjese copia certificada de la misma, a los fines de que reposen en el archivo del Tribunal. Expídanse.

Ahora bien, examinadas como han sido las actas procesales, observa este Tribunal que han transcurrido más de ocho (08) meses hasta la presente fecha, sin que conste en autos que los ciudadanos JOHNNY CELIN PINO y YENNEFER ELENA GUERRERO MANGA, plenamente identificados, hayan dado cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en fecha 25 de enero de 2010 y por cuanto dicho requisito constituye un presupuesto procesal para determinar la competencia de este Despacho, este Tribunal niega la admisión de la presente solicitud de SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES. Así se decide.

Ahora bien, notificado como ha sido la parte demandada reconviniente en fecha 29 de septiembre de 2010, el Tribunal para resolver observa: En fecha 21 de enero de 2010 la parte actora, anteriormente identificada, demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO al ciudadano FRANCISCO ANULFO MÉNDEZ MÉNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 4.156.515. En fecha 28 de julio de 2010 este Juzgado calificó la pretensión demandada por REINTEGRO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA, en virtud de la errada calificación efectuada por el accionante, en ocasión a que invocó los artículos 24 y 25 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, quedando modificado el escrito libelar, ocasionado al demandado reconviniente confusión en su defensa y en consecuencia, consideró esta sentenciadora en la definitiva no hacer especial condenatoria en costas; aunado a que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece que el Tribunal a solicitud de parte podrá solamente aclarar los puntos dudo.....

En consecuencia, este Tribunal concluye que si bien es cierto que el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios le otorga el derecho al arrendador de solicitar el secuestro del bien arrendado, aunado a ello, forzosamente el accionante debe cumplir con los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para decretar la medida solicitada, pues es carga del actor cumplir con todas las condiciones generales para la procedencia de la cautelar procesada, pues, en el entender de esta Sentenciadora, los extremos requeridos en la normativa antes transcrita, forzosamente son concurrentes, y a falta de prueba de alguno de ellos, el Juez no puede bajo ningún aspecto decretar dichas medidas preventivas, por lo que, este Juzgado obrando según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad, niega la medida de secuestro solicitada por la parte actora, y así se decide.

Ahora bien, examinadas como han sido las actas procesales, observa este Tribunal que han transcurrido más de nueve (09) meses hasta la presente fecha, sin que conste en autos que los ciudadanos ASMILIN OZALID RAMONES DURAN y JESÚS ALEJANDRO VILLASMIL ESLAVA, plenamente identificados, hayan dado cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en fecha 07 de diciembre de 2009 y por cuanto dicho requisito constituye un presupuesto procesal para determinar la competencia de este Despacho, este Tribunal niega la admisión de la presente solicitud de DIVORCIO 185A. Así se decide.

Ahora bien, examinadas como han sido las actas procesales, observa este Tribunal que han transcurrido más de seis (06) meses hasta la presente fecha, sin que conste en autos que los ciudadanos ADRIANA ZENAIDA ALMARZA BRACHO y ZABDIEL DAVID NARVAEZ ACEVEDO, plenamente identificados, hayan dado cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en fecha 26 de marzo de 2010 y por cuanto dicho requisito constituye un presupuesto procesal para determinar la competencia de este Despacho, este Tribunal niega la admisión de la presente solicitud de SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES. Así se decide.

Ahora bien, examinadas como han sido las actas procesales, observa este Tribunal que han transcurrido más de nueve (09) meses hasta la presente fecha, sin que conste en autos que los ciudadanos HAYDEE MARIA URDANETA LABARCA y WILLIAM JOSÉ CANO CASTELLANO, plenamente identificados, hayan dado cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en fecha 07 de diciembre de 2009 y por cuanto dicho requisito constituye un presupuesto procesal para determinar la competencia de este Despacho, este Tribunal niega la admisión de la presente solicitud de DIVORCIO 185A. Así se decide.