REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 200° y 151° ACCIONATES: Ciudadanos LISBETH INMACULADA CUEVAS MAGGIORANI L y DOUGLAS LEONEL GOVEA CABRERA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 8.706.921 y 5.807.709 y domiciliados en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. ABOGADOS ASISTENTES DE LOS ACCIONANTES: Ciudadanos JANICE K. ADARMES y JORGE PRIETO RONDÓN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 14.005.336 y 14.457.328, inscritos en el Inpre-Abogado bajo los Nos. 95.101 y 85.335, respectivamente y de este domicilio. MOTIVO: PARTICIÓN AMIGABLE DE LA COMUNIDAD CONYUGAL. EXPEDIENTE: 2127-09 -I- NARRATIVA Se inicia la presente causa mediante libelo de demanda introducido ante la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Estado Zulia, y en virtud de la correspondiente distribución de fecha 14 de agosto de 2009, fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En fecha 25 de septiembre de 2009, este Juzgado le dio entrada a la demanda e instó a los accionantes a consignar copia certificada del documento identificado en el numeral 4 del escrito de solicitud y certificado de registro original del vehículo identificado en el numeral 5, a los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción, siendo ésta la última actuación en las actas procesales. -II- MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Ahora bien, en virtud de lo antes transcrito este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico: Observa este Tribunal que desde el 25 de septiembre de 2009, fecha en la cual este Juzgado le dio entrada a la presente demanda e instó a los accionantes a consignar copia certificada del documento identificado anteriormente, a los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción, hasta la fecha no se ha ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, a fin de que la causa continuará su curso legal, evidenciándose así la falta de interés de los accionantes en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal y en virtud que ha transcurrido más de un (1) año, sin que hayan dado cumplimiento a los requerido por este Despacho en fecha 25 de septiembre de 2009, es por lo que, forzosamente este Despacho debe concluir que, en el caso de autos ha operado la perención que hace referencia el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” En este sentido, ha sido criterio reiterado por la Jurisprudencia que, no todo acto de procedimiento de parte, impide la consumación de la perención, sino aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así por ejemplo, tanto la Sala de Casación Civil como la Sala Político – Administrativa, han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención. En el caso que nos ocupa, consta en las actas procesales que los accionantes no han dado cumplimiento a lo requerido por este Despacho en fecha 25 de septiembre de 2009, por lo que, no logaron evitar los extremos del supuesto establece la ley, referente a que transcurrido un año, sin que en la presente causa se haya ejecutado ningún acto de procedimiento entre las partes, quedando perimida la instancia. Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir bien sea en forma “normal” (con la sentencia) o de manera “anormal”. Esas formas “anormales” de terminación son: Las llamadas formas de autocomposición procesal, encontrándose dentro de estas la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Dicha institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido. Realizadas como han sido tales consideraciones, es forzoso para esta Juzgadora concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso, correspondía a las partes impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, siendo que en el caso que nos ocupa los accionantes debieron consignar lo requerido por este Tribunal, a los fines de que este Juzgado se pronunciara sobre la admisibilidad de la presente demanda, debiendo concluir el mismo y en virtud que, desde el 25 de septiembre de 2009, fecha en la cual este Juzgado le dio entrada a la demanda, ha transcurrido holgadamente el tiempo que establece la ley de un año (1), sin que se haya ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara. -III- DISPOSITIVO Por los razonamientos de hecho y los fundamentos de derecho antes expuestos, este JUZGADO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 en concordancia con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Notifíquese. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En Maracaibo, a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. LA JUEZ TITULAR, XIOMARA REYES LA SECRETARIA TITULAR, MARIELIS ESCANDELA En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior decisión, siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m). LA SECRETARIA TITULAR, MARIELIS ESCANDELA XR/me