DISPOSITIVA Por los fundamentos expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados CARMEN ELENA ROMERO y EDUARDO PARRA, Defensores Público Sexta y Décimo Octavo Encargado, en contra de la Sentencia Nº 06-06, publicada en fecha 10 de marzo de 2006, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, constituido de forma mixta con escabinos. SEGUNDO: ANULA la Sentencia Nº 06-06, publicada en fecha 10 de marzo de 2006, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, constituido de forma mixta con escabinos, por existir evidente violación a las garantías constitucionales y procesales, mediante la cual condenó a los acusados ARON DAVID ACOSTA MENDOZA.....

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Parra Tomasi a nombre de la ciudadana ROSAURA JOSEFINA CAÑIZALEZ MAVÁREZ, contra la decisión de fecha 01 de noviembre de 2005, dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que conoció de la demandada intentada por la ciudadana ROSAURA JOSEFINA CAÑIZALEZ MAVÁREZ, frente a PDVSA PETRÓLEO, S. A.; PERIMIDA la instancia y TERMINADO el juicio intentado por la ciudadana ROSAURA JOSEFINA CAÑIZALEZ MAVÁREZ frente a la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A; en consecuencia SE CONFIRMA el fallo apelado. NO SE CONDENA EN COSTAS PROCESALES a la parte recurrente dada la naturaleza del fallo.

este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Acuerda la Extinción de la Acción Penal de y como consecuencia el Sobreseimiento de la Causa de conformidad con lo establecido en el artículo 48 ordinal 8° en concordancia con el artículo 318 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, acordándose dictar Sentencia por auto por Separado y dentro del lapso establecido en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE DECIDE. Se deja constancia que se cumplieron con todas las formalidades de ley concluyéndose el presente acto siendo las nueve y cincuenta minutos de la mañana (09:50 a.m.). Es todo, terminó, se leyó y conformes firman.-

De todo lo antes expuesto, este Tribunal Undécimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDADA DE LA LEY. DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra del imputado: EDGAR OROZCO RODRIGUEZ AURELIO: De Nacionalidad Venezolana, Natural de Maracaibo Estado Zulia, de 36 años de edad, De Estado Civil Soltero, de Profesión u Oficio Buhonero, portador de la cedula de identidad Nro. V-13.380.820, hijo de Berenice Isabel Rodríguez y de Aurelio Segundo Rodríguez, residenciado en el Barrio Royal, curva de María, avenida principal, por el Puente Socorro, subiendo casa no recuerdo el número, por considerar que de acuerdo al contenido de las actas el mismo se encuentra presuntamente incurso en la comisión de los delitos de ROBO EN FIGURA DE ARREBATÓN y LESIONES INTENCIO.....

Por los fundamentos de hecho y derecho anteriormente expuestos este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, PRIMERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en los Ordinales 3° y 4° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal al ciudadano ÁNGEL ALBERTO PÍRELA TORRES, por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO Y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO DE ROBO, previstos y sancionados en los artículos 277 y 470 ambos del Código Penal,, por lo que se les impone la siguiente obligación: 1) Presentarse por ante éste Tribunal una vez cada Quince (15) días y 2.) La prohibición de salir fuera de la jurisdicción del Tribunal o cambiar de domicilio sin previa autorización del mismo. SEGUNDO: SE DECRETA el Procedimiento Ordinario, de.....

El Tribunal acordó SUSTITUIR la Sanción de Privación de Libertad al adolescente NOMBRE OMITIDO (GARANTÌA DE CONFIDENCIALIDAD. ART.545 LOPNA), plenamente identificado en actas, por las sanción de REGLAS DE CONDUCTA, prevista en el artículo y 624 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, para ser cumplidas, por el lapso de 06 MESES, terminando de cumplirlas en fecha 24-11-2006 consistiendo dichas reglas de conducta en lo siguiente: 1.- Continuar sus estudios, debiendo consignar mensualmente la Constancia de Estudios actualizada; 2.- Incursionar en el área laboral, consignando ante este Tribunal la correspondiente Constancia de Trabajo actualizada; 3.- No portar ningún tipo de arma de fuego; 4.- No salir después de las 10 de la noche sin su representante legal; 5.-Asistir a la iglesia respetando su libre creer y parecer de modo que contribuya su desarrollo integral, teniendo como base este Tribunal para imponer esta regla de conducta, el artículo 35 y 36 de la Ley .....

En el día hábil de hoy, 24 de Mayo de 2006, siendo las 1:52 PM, oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar, comparecen la ciudadana DIANY AMAYA y PANADERIA ANANGELIS en su carácter de parte actora y demandada respectivamente, debidamente representados por la abogada Rossie Caldera en representación de la demandante y el Guillermo Miguel Reina en representación de la demandada, quienes han llegado al siguiente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la parte demandada, le cancelará a la demandante el día 31/05/06 a las 9:00 a.m. en la sede del Tribunal la cantidad de dos millones setecientos mil bolívares (Bs. 2.700.000,00). Y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES.