LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA ASUNTO: VP01-R-2006-000484 SENTENCIA En el juicio de calificación de despido seguido por la ciudadana ROSAURA JOSEFINA CAÑIZALEZ MAVÁREZ, representada judicialmente por representada judicialmente por los abogados, Yamid García, Néstor Palacios, María Villasmil, Nilhsy Castro, Cristina Faneite, Claudia Briceño, María Alejandra Navarro, Betty Álvarez, María Parra Tomasi, Endrina Fernández, Adriana garcía, Dilia Gutiérrez, Lorena del Valle Hurtado, Josefina Moscarella, Juan Carlos Barreto y Nayi Bell Urdaneta, contra la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., sin representación judicial acreditada en autos, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, (Cabimas), dictó sentencia en fecha 01 de noviembre de 2005, declarando la perención de la instancia. Contra esa decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación previsto en el artículo 161 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Habiendo celebrado este Juzgado Superior audiencia pública donde la parte recurrente expuso sus alegatos y el Tribunal dictó su fallo en forma oral, pasa a reproducirlo por escrito en los siguientes términos: En el caso concreto alega el recurrente que el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución declaró la perención de la instancia en la presente causa, cuando no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 94 y siguientes de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en los cuales se establece al obligación del Juez de ordenar la notificación del Procurador General de la República. Agregó que las copias solicitadas a expensas del Tribunal se hicieron con fundamento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual prevé que la justicia es gratuita. De modo, que solicitadas las copias al tribunal, el mismo no se pronunció sobre ello, pero alega que en el supuesto negado de que el Tribunal hubiese determinado que el actor tenía la carga de suministrar las copias, es a partir del auto del tribunal que las niega, que el actor tenía un año para impulsar la referida notificación, no debiendo el juez transferir la carga de notificar al Procurador General de la República prevista en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República a la parte, cuando era una obligación del Tribunal practicar dicha notificación. En consecuencia, a su juicio se han violado los artículos 5, 8 y 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que solicita una administración de justicia imparcial, autónoma e independiente de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Tribunal, para decidir, observa: En el caso examinado, en fecha 13 de mayo de 2003, el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se pronunció sobre la admisión de la demanda, en el cual ordenó citar a la accionada, para la contestación de la demanda, así como notificar al Procurador General de la República. Encontrándose la causa en ese estado, entró en vigencia la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, siendo remitido el expediente en fecha 19 de julio de 2004, al Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual previo el abocamiento de la causa, ordenó el emplazamiento de la demandada y la notificación del Procurador General de la República para la audiencia preliminar. Posterior a dicha actuación, en fecha 1 de noviembre de 2005, declaró la perención de la instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo que desde la última actuación realizada por la parte actora el 15 de marzo de 2004, diligencia en la cual solicitó el abocamiento del Juez, había trascurrido en demasía el lapso de un año previsto en la norma antes señalada, sin que la parte actora hubiera impulsado el proceso, inactividad ésta que demuestra una falta de interés procesal, razón por la cual declaró la perención de la instancia. Apelada dicha decisión, de la revisión de las actas que conforman el expediente, luego del abocamiento del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución en fecha 19 de julio de 2004, no se evidencia ninguna actuación de procedimiento realizada por la parte actora, tendente a impulsar las notificaciones ordenadas por el Juez de la causa, lo cual constituye, una carga de ésta y no del Juez, con lo cual se patentiza la paralización de la causa por falta de impulso procesal de la parte actora, a partir de la fecha arriba indicada. En efecto, luego del abocamiento del Juez de la causa en fecha 19 de julio de 2004, en la misma oportunidad procedió a librar el oficio de notificación al Procurador General de la República, sin que la parte demandante consignara al Tribunal las copias simples del libelo de la demanda, del auto de admisión y del auto de abocamiento para su certificación y ser acompañadas al oficio librado por el Tribunal. Pueden observarse en el expediente dos actuaciones de la parte actora mediante la cual pretende que la emisión de la copia certificada del expediente a los efectos de la notificación, se haga a expensas del Tribunal, alegando el actor que no contaba con los recursos económicos y no se encontraba en capacidad de sufragar e incurrir en gastos, considerando que se encontraba exonerado por la misma legislación, ex artículos 2 y 8 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 14 de la Ley Orgánica del Trabajo y 254 –in fine- de la Constitución. Al respecto, considera este Tribunal que tales actos no constituyen en modo alguno impulso procesal, por cuanto por ser la justicia laboral gratuita, esto significa que no se debe satisfacer, en este caso, impuestos o tasas al fisco, pero en modo alguno puede interpretarse que el Tribunal tenga que asumir los gastos que implique la obtención de las copias simples de los autos para su posterior certificación, pues ni el Tribunal ni el Juez cuenta con los medios para ello, y es de la carga de la parte accionante o interesada suministrarlas. Según expone el procesalista patrio Ricardo Henríquez La Roche, un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes y en este sentido define la institución procesal de la perención de la instancia, del latín perimire, destruir, como la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno, y lo plantea como un correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia.- El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece la regla general sobre la perención de la instancia, la llamada perención genérica de un lapso anual. De otra parte, el artículo 269 establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, surtiendo efectos ex tunc, produciendo eficacia a partir de la fecha cuando se cumpla el año de paralización o inactividad, aunque no haya habido solicitud ni pronunciamiento al respecto, por lo que todas las consecuencias procesales y sustanciales que se derivan de la pendente litis tienen efecto a partir de ese momento.- De su parte, la ley adjetiva laboral, en su especialidad, en el artículo 201, establece que toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, igualmente, en aquellas causas en donde haya transcurrido más de un año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez. El artículo 202 eiusdem, establece que la perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso el Tribunal. Conforme al artículo 203 ibidem, la perención solamente extingue el proceso. En consecuencia, habiéndose abocado el Juez de la causa al conocimiento de la misma en fecha 19 de julio de 2004, acto de abocamiento que constituye una actividad que impide la consumación de la perención de la instancia, dicho abocamiento, viene a constituir la fecha que define el inicio del término para computar la extinción de la instancia, para cuya configuración exige la ley el transcurso de un año sin haberse efectuado ningún acto de procedimiento por las partes, quienes debieron imprimirle al proceso el impulso necesario para que llegara al estado de sentencia y al haber transcurrido más de un año sin impulso procesal de la parte demandante, indefectiblemente, en fecha 19 de julio de 2005 se consumó la perención de la instancia en la presente causa, habida cuenta de que en el proceso laboral la perención opera de pleno derecho, es decir, desde que se consuma el plazo legalmente establecido, sin que se requiera la solicitud de parte ni que medie declaración judicial, bastando únicamente que la causa haya estado inactiva por más de una año, y opera, inclusive en caso de que la inactividad ocurra después de la vista de la causa, por lo que las partes conservan siempre la carga del impulso procesal. Así se establece. Procede en consecuencia la declaratoria desestimatoria del recurso de apelación ejercido por la parte demandante, por lo que resolviendo el asunto sometido a apelación, en el dispositivo del fallo se confirmará el fallo recurrido. Así se decide. DISPOSITIVO Por lo expuesto, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el ejercicio de sus facultades legales, administrando justicia por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Parra Tomasi a nombre de la ciudadana ROSAURA JOSEFINA CAÑIZALEZ MAVÁREZ, contra la decisión de fecha 01 de noviembre de 2005, dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que conoció de la demandada intentada por la ciudadana ROSAURA JOSEFINA CAÑIZALEZ MAVÁREZ, frente a PDVSA PETRÓLEO, S. A.; PERIMIDA la instancia y TERMINADO el juicio intentado por la ciudadana ROSAURA JOSEFINA CAÑIZALEZ MAVÁREZ frente a la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A; en consecuencia SE CONFIRMA el fallo apelado. NO SE CONDENA EN COSTAS PROCESALES a la parte recurrente dada la naturaleza del fallo. Publíquese y regístrese. Dada en Maracaibo a veinticuatro de mayo de dos mil seis. Año 196° de la Independencia y 147° de la Federación. El Juez, Miguel A. Uribe Henríquez El Secretario, Francisco J. Pulido Piñeiro En el mismo día de su fecha a las 14:20 horas, fue publicada la anterior sentencia, quedando registrada bajo el número PJ0152006000135. El Secretario, Francisco J. Pulido Piñeiro.