Por los fundamentos antes expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: a) PERIMIDA la instancia en la presente solicitud de Carga Familiar, suscrito por el ciudadano Jonathan José González Patiño, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-16.456.848, a favor del niño de autos. b) Publíquese. Regístrese. Déjese copia certificada por secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil y los numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por los fundamentos antes expuestos esta Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, por los profesionales del derecho JHOSELINE SALAZAR SEGOVIA, ALI MORALES AVILE y BETSAIDA ÁVILA MARIN, actuando en este acto con el carácter de Fiscal Principal y Auxiliares Vigésimos Séptimos del Ministerio público del estado Zulia. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión No. 088-17, de fecha 2 de marzo de 2017, dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. El presente fallo se dictó de conformidad con el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese y regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo y remítase la presente causa en la oportunidad legal correspondiente, al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en .....

Por los fundamentos de Derecho antes expuestos, esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación de autos interpuesto por los abogados NILO FERNANDEZ y YESSIKA MOLERO, inscritos en el instituto de previsión social del abogado bajo los números 87.855 y 224.657, defensores privados del ciudadano JOSE ANGEL MONTILLA BERMUDEZ, titular de la cédula de identidad No. V-14.280.779. SEGUNDO: SE CONFIRMA, la decisión No. 155-16,, de fecha 09 de diciembre de 2016, dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional declaró sin lugar el Decaimiento de la Medida impuesta al acusado, JOSE ANGEL MONTILLA BERMUDEZ y en consecuencia se debe MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIV.....

Este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, declara: Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 21 de octubre de 2015, por la abogada Anny Lugo, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana ANNA SACZEK, contra la decisión dictada, en fecha 12 de junio de 2015, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, mediante la cual declaró sin lugar la demanda de contenido patrimonial, interpuesta, contra la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL DEL ESTADO MÉRIDA (FUNDECEM). DESISTIDO el recurso ordinario de apelación interpuesto. FIRME la sentencia apelada.

Declara Aprobado y Homologado el convenimiento suscrito por las partes en fecha 12 de mayo de 2017, pasándolo en autoridad de cosa juzgada como sentencia definitivamente firme, de conformidad con el artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quedando establecida la obligación de manutención a favor del niño de autos, de la siguiente manera: "PRIMERO: los ciudadanos Reverol González Roberto Ramón y Vargas Bravo María José en su condición de Padres de los niños arriba identificados se comprometen a cumplir con todo lo que establece los artículos 32A y 358 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, es decir tendrán el deber y el derecho compartido, igual e irrenunciable de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener, y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral. .....

Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar PERIMIDA LA INSTANCIA en la presente demanda por SIMULACIÓN, fue intentada por el ciudadano LUIS FERNANDO SALAMANCA ESPINOZA previamente identificado, en contra de los ciudadanos NILDA ESPINOZA HEREDIA, JOSE EDUARDO SALAMANCA ESPINOZA y CARLOS DAVID SALAMANCA ESPINOZA, antes identificados en la parte introductoria del presente fallo. Ahora bien, se distingue que en fecha veintiocho (28) de abril de 2017 el apoderado judicial de la parte actora, MARLON ROSILLO GIL, previamente identificado, consignó escrito de medida por separado, así las cosas y vista la perención de la instancia dictada en l.....

PERIMIDA la instancia en la presente solicitud de homologación de Régimen de Convivencia Familiar, intentado por los ciudadanos Crisanto Silva y Karinol Quintero, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-18.439.072 y V-16.561.116, a favor de los niños de autos. Publíquese. Regístrese. Déjese copia certificada por secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil y los numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, Firmada y sellada en la Sala del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, y Sustanciación con Funciones en Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Maracaibo, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2017. Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

Dispositivo Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de ley, declara: 1.-. SE DECLARA la extinción de la acción por pérdida del interés procesal. 2.- NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS en razón de la naturaleza de esta decisión.

El Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental dictó SENTENCIA INTERLOCUTORIA, mediante la cual ORDENÓ notificar al ciudadano LUÍS RODRÍGUES FERNÁNDES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente conforme el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que comparezca dentro del lapso de diez (10) días continuos, más el término de distancia de cinco (5) días continuos a que conste en autos su notificación, a fin de manifestar su interés en que sea sentenciada la presente causa, con la advertencia que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional, hará presumir de pleno derecho la pérdida del interés en la misma y, en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y el archivo del expediente.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados en ejercicio FRANCISCO GONZALEZ y REINA DAVILA CHIRINOS, en su carácter de defensores del ciudadano JOSE MIGUEL CACERES MARTINEZ, contra la decisión N° 130-17, de fecha 23 de febrero del 2017, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión recurrida, haciéndose improcedente la solicitud de una medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad, como la petición de libertad plena, planteadas por los recurrentes a favor de su representado.