Por los fundamentos ampliamente expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ¿ INCOMPETENTE para conocer de la presente causa de COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN, incoada por la sociedad mercantil ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA C.A., contra la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA C.A.. suficientemente identificadas en actas. ASÍ SE DECIDE.- ¿ Remítase el presente expediente contentivo del juicio de COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN, incoada por la sociedad mercantil ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA C.A., contra la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA C.A., suficientemente identificadas en actas, al TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA MARÍTIMO CON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS DEL DISTRITO CAPITAL. ASÍ SE ESTABLECE.- ¿ NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por l.....

Efectivamente de la revisión efectuada a las actas procesales, se observa que los codemandados antes mencionados e identificados se allanaron a la demanda instaurada inicialmente por la Sociedad Mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL C.A., con domicilio en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, cuya última modificación estatutaria quedó inscrita en fecha 29 de noviembre de 2002, ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo los Nos. 79 y 80, Tomo 51A, existiendo la cesión de los derechos litigiosos a favor de la Sociedad Mercantil INVERSORA COSTA DEL LAGO C.A., antes identificada, teniéndose como demandante a la empresa mercantil citada. Igualmente se observa que en fecha diecisiete (17) de diciembre de 2010, este Tribunal homologó el referido convenimiento y en observancia de la conformidad manifestada por la cesionaria, el Tribunal le imparte su aprobación a la misma. Así se declara. De igual manera, v.....

Habiéndose establecido el petitum de la demanda como una cuestión sustancial para el acta de matrimonio que fundamenta la causa, y determinada la competencia de este Tribunal para conocer de la misma; este Juzgado NIEGA la solicitud de la ciudadana Fiscal Trigésimo Segunda Auxiliar del Ministerio Público de declinar la competencia. Así pues, negada como ha sido la solicitud del Fiscal, este Tribunal ordena la continuación de la presente causa, quedando abierto el lapso probatorio al día siguiente de que conste en actas la notificación de la parte actora y del ciudadano Fiscal. Así se decide.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte actora fundamenta el peligro en la mora acompaña Justificativo de Testigo de la Notaría Pública Décima Primera de Maracaibo, de fecha 09 de diciembre de 2010, se aprecia que los ciudadanos Yoselina Tivulez, Andrimar Moronta y Alejandra Barrios, exponen conocer a los ciudadanos Ignacio Rafael Nava Faccini y Tomas Eduardo Describan Lugo, quienes se desempañan como segundo y primer director de la empresa Total Clean, C.A. y declaran tener conocimiento de que dichos ciudadanos han manifestado en forma pública y privada que jamás le cancelaran cantidad de dinero alguno al ciudadano José Ramón Peralta por los daños morales causados con motivo de la temeraria y dolosa denuncia interpuesta en su contra por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Zulia, señalando además que les consta que la indicada denuncia tuvo trascendencia en el gremio de abogados del Estado Zulia, notarias, registros, mercantiles, registros inmobiliar.....

Ahora bien, en relación al desistimiento del procedimiento efectuado, el Artículo 265 del Código de Procedimiento Civil establece: "El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria"; Aplicando la norma antes transcrita al caso bajo estudio y en observancia que el proceso se encuentra en estadio procesal de citación, no siendo necesario el consentimiento de la contraparte para efectuar el referido desistimiento, el cual de la revisión realizada no contraviene la Ley, el orden público o las buenas costumbres, encontrando este Tribunal conforme el mismo, dando por consumado el acto, por lo que lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

En virtud de lo antes expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: A) SIN LUGAR la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, alegada por el abogado LEONTE LANDINO MARTINEZ, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil POLICLINICA AMADO, C.A., parte codemandada en el juicio de DAÑOS MORALES seguido por los ciudadanos CAROLINA DEL CARMEN ROMERO de TABORDA, MARIO ASNOLFO TABORDA y MARIOSCA DEL VALLE TABORDA ROMERO, contra su representada y contra el ciudadano WILLIAM FRANCO MARTINEZ, la cual está referida al defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340, en este caso por no cumplirse con lo pautado en los ordinales 4° y 7°. B) SIN LUGAR la cuestión p.....

En análisis al requisito del peligro en la mora, si bien se consideró satisfecho para el decreto de la medida de embargo, dicho extremo debe ser analizado en función a la medida cautelar que se peticiona, por lo que, siendo que la parte actora solo indica que dicho inmueble fue adquirido por su cónyuge, y que por tanto corresponde a la comunidad, pero no trae a las actas pruebas tendientes a demostrar un accionar por parte de su cónyuge que conlleve al deterioro del mismo, este Juzgado considera que no existen elementos suficientes para presumir a este Órgano el peligro en la mora, o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siendo éste requisito indispensable para proceder al decreto de las medidas cautelares, este Sustanciador NIEGA la medida preventiva solicitada.- Así se decide.

Por los fundamentos amplia y claramente expuestos con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ¿ PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de REIVINDICACIÓN, intentado por el ciudadano NÉUCRATES PARRA MELEÁN, en contra de la sociedad mercantil BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL C.A., y en contra del ciudadano ALÍ NAMAZI BORHAN, plenamente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.- ¿ NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.-

Así la cosas, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y revisados los documentos en los que se fundamenta la pretensión, este Juzgado considera que se encuentra demostrados los extremos legales exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el siguiente inmueble constituido por una casa destinada a la vivienda, ubicada en la Urbanización EL Caujaro, Avenida 49 G-2, No. 198-01, en jurisdicción de la parroquia Domitila Flores del Municipio San Francisco del Estado Zulia, posee una superficie de CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS (120 Mts2), comprendido dentro de los siguientes linderos: Nor-Este: Con zona verde y la calle 198, Sur-Este: Con zona verde y la calle 49G-2, su frente, Sur-Oeste: Con la parcela 198-11 y Nor-Oeste: Con la avenida 49G-2-01, su fondo, cuyos demás datos identificatorios y de registro se encuentran en actas y se dan aquí por.....

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ¿ CON LUGAR la cuestión previa contenida en el ordinal primero (1°) del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la falta de jurisdicción del Juez, o la incompetencia de éste, o la litispendencia, o que el asunto deba acumularse a otro proceso por razones de accesoriedad, de conexión o de continencia, promovida en el presente Juicio de NULIDAD DE DOCUMENTO, por la ciudadana YUSNEIRY DEL CARMEN CADENA RIBASDENEIRA, parte demandada, en contra de las ciudadanas ANA MARÍA RIBASDENEIRA JIMENEZ y ADELFA CARMEN JIMENEZ, parte demandante, plenamente identificadas en actas. ASÍ SE DECIDE.- ¿ En virtud de lo antes expuesto, NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS. ASÍ SE ESTABLECE.-