PARTE DISPOSITIVA Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en la Ciudad de Cabimas, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada recurrente contra de la sentencia de fecha: 30 de junio de 2008 dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas. SEGUNDO: SE CONFIRMA el fallo apelado. TERCERO: SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada recurrente en virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se ordena expedir copia certificada de esta Sentencia por Secretaría a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Códig.....

Este Tribunal visto que la misma reúne los requisitos establecidos en el Parágrafo Único del Artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo 10 y 11 de su Reglamento, por lo cual no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, este Tribunal Décimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, HOMOLOGA EL ACUERDO TRANSACCIONAL, presentado por las partes, se le imparte el carácter de cosa juzgada y se ordena no archivar el expediente, hasta tanto conste en actas el cumplimiento definitivo de la presente transacción. La Juez Dra. Ana Avila. La Secretaria.

Ahora bien, de la revisión efectuada a la resolución dictada por este Tribunal en fecha quince (15) de julio de 2008, se observa que efectivamente se incurrió en el error involuntario de omitir a quien se adjudica el bien descrito en el literal F), por lo que se ordena subsanar el mismo, ampliando la resolución antes citada en el sentido de dejar asentado en la liquidación de los bienes lo siguiente: 6) Se le adjudica en plena propiedad a la cónyuge MARIA EUGENIA ESTRADA CORREDOR, antes identificada, el bien identificado con la letra "F", referido a VEINTE MIL (20.000) ACCIONES, suscritas y pagadas, con un valor de DIEZ MIL BOLIVARES (BS. 10.000). Asimismo, se deja establecido que la presente ampliación será complemento de la resolución que le antecede, de fecha quince (15) de julio de 2008, para que surta los efectos legales consiguientes. Así se declara.

DISPOSITIVO POR LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES MENCIONADOS, ESTE JUZGADO NOVENO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: SE NIEGA EL DECRETO DE LA MEDIDA DE SECUESTRO solicitada por la ciudadana MARILIN BARRIOS, actuando como Apoderada judicial del ciudadano GERMAN ANTONIO ZEA, en el juicio que por DESALOJO sigue en contra de la ciudadana FANNY CABRERA. No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de la decisión. Publíquese, Regístrese y Notifíquese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los doce (12) días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2008). Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación. Expídase copia .....

Así las cosas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en aplicación de la norma contenida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, tiene rectificado el error material contenido en la Sentencia Interlocutoria que fuere proferida por este Despacho en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil ocho (2008), en el sentido ya expuesto, ordenando en consecuencia que el presente pronunciamiento se tenga como parte formante de la reseñada decisión. ASÍ SE DECIDE.-

Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la demanda que por PRORROGA LEGAL intentaron los ciudadanos ALFREDO ENRIQUE NONES RINCÓN y GISELA CAMBELL contra la ciudadana VIRGINIA ANTONIA FRANCO DE FINOL. Se condena a la parte demandada a pagar las costas y costos del presente juicio, por haber vencimiento total, de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley NIEGA la admisión de la demanda de COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN, propuesta por el ciudadano DIEGO JESUS SERNA RESTREPO, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. E-83.480.365, en contra de la Sociedad Mercantil CREDIFACIL, C.A., por los argumentos expuestos en el cuerpo del presente fallo.

Ahora bien, siendo que la pretensión en el presente juicio consiste en lograr el pago de una cantidad de dinero, sin embargo, la medida de secuestro peticionada por la parte actora versa sobre unas herramientas ¿que no identifica-, lo que se traduce que dada la naturaleza de la medida de secuestro, debe recaer sobre los bienes objeto del litigio, haciendo improcedente la medida cautelar antes señalada. Así se Aprecia.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa la parte actora en su escrito libelar fundamenta su pretensión en documento de préstamo suscrito en fecha 19 de junio de 2007, y por cuanto el mismo constituye un instrumento privado no configurándose los indicados en la norma transcritas, este Sustanciador NIEGA la medida preventiva solicitada.- Así se decide.

En consecuencia y por cuanto el instrumento fundamental de la pretensión deviene de las Facturas debidamente aceptadas, que corre en las actas procesales, y constituye uno de los instrumentos previstos en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre los bienes muebles propiedad de la parte demandada, que deberán ser indicados ante el Juzgado Ejecutor, hasta cubrir la cantidad de SESENTA Y TRES MIL BOLÍVARES FUERTES CON 00/100 (BsF. 63.000,oo), suma ésta prudencialmente calculada por este Tribunal. Que en caso de que la medida recaiga sobre cantidades de dinero, la ejecución versará sobre CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES FUERTES CON 85/100 (BsF. 44.279,85) que corresponde a la suma demandada más una cantidad por costos procesales, y deberá ser remitidas mediante cheques de gerencia a nombre de este Juzgado para su posterior depósito en la cuenta que se aperture al efecto.