Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en la Ciudad de Cabimas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la Medida Cautelar de Suspensión de los Efectos formulada por el apoderado judicial de la sociedad mercantil PETREX SUDAMERICA DE VENEZUELA S.A.,, en contra de la Certificación de Enfermedad Nro. 0104-2013, de fecha 29 de noviembre de 2013, dictada por el Médico del Servicio de Salud Laboral del DIRESAT COSTA ORIENTAL DEL LAGO del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES, y notificada en fecha 21 de enero de 2014, mediante la cual se Certificó que el ciudadano LUÍS JOSÉ VALERO, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 12.327.125, padece un SÍNDROME DE PINZAMIENTO SUBACROMIAL MÁS QUISTE DERECHO Y DESGARRO DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES QUE CONDICIONA INESTABILIDAD DE HOMBRO D.....

Primero: Se declara extinguida la acción penal, de conformidad a lo establecido en el artículo 49 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal; y por consiguiente, se decreta el sobreseimiento de la causa, conforme a lo previsto en los artículos 300 numeral 3 y 301 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el segundo aparte del artículo 361 ejusdem, a favor del ciudadano, ALEXIS EDWIN GARCÍA GARCÍA, portador de la cédula de identidad V-4.159.919, de nacionalidad venezolana, residenciado en la Urbanización Lago Mar Beach, calle 18, casa 15C-76 y domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, teléfono: 0414-16.58.355/0261-742.18.98, por la del delito de comisión del delito de MANEJO INDEBIDO DE SUSTANCIAS O MATERIALES PELIGROSOS, previsto y sancionado en el artículo 102 numeral 5 de la Ley Penal del Ambiente, cometido en perjuicio de la COLECTIVIDAD. Regístrese, publíquese y notifíquese del contenido de la presente decisión.

Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el ejercicio de sus facultades legales, Administrando Justicia y por autoridad de la Ley, declara: 1) CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el profesional del derecho ALEJANDRO PEROZO SILVA, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandante, en contra de la decisión dictada en fecha 03 de junio de 2014, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; 2) SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el profesional del derecho LENIN PARRA, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandada, en contra de la decisión dictada en fecha 03 de junio de 2014, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción

HOMOLOGADO

DISPOSITIVO: Por los fundamentos de hecho y de derecho antes explanados, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR las cuestiones previas promovida por los demandados LIGIANE JOSEFINA ROJAS MÉNDEZ, BERTA GUADALUPE MÉNDEZ PELEY y ÁLVARO JAVIER QUINTERO ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-12.591.277, V-3.485.520 y V-21.039.128, respectivamente, domiciliados en la ciudad y municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, contenidas en los ordinales 4° y 7° del artículo 346 referente a la ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, por no tener el carácter que se le atribuye y la existencia de una condición o plazo pendiente. SEGUNDO: CON LUGAR la cuestión previa opuesta por los demandados contenida en el ordin.....

DISPOSITIVO Por los fundamentos antes expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos, verificadas como ha sido las facultades de los actuantes en el acuerdo celebrado y que los mismos no son contrarios a la Ley, ni a las buenas costumbres y no alteran el orden público, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADO el convenimiento tal y como fue acordado por las partes según diligencia de fecha 01-08-2014 en el juicio que por Cobro de Bolívares por Vía Ejecutiva, ha intentado el ciudadano GIUSEPPE SCIRE SERAUTO, actuando como apoderado de la sociedad mercantil CENTROS RESIDENCIALES LOS CACTUS, S.A., (CACTUSSA), en contra de la Sociedad Mercantil "INVERSORA VISTA AL LAGO PP, C.A.", todos suficientemente identificados impartiéndole el carácter de Cosa Juzgada, ordenándose en este a.....

...Así la cosas, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y revisados los documentos en los que se fundamenta la pretensión, este Juzgado considera que se encuentra demostrados los extremos legales exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia decreta MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un inmueble constituido por un apartamento distinguido con las siglas 6 B, ubicado en la sexto piso del Edificio Rio Cachiri, ala B, en la calle 100 A, Conjunto Residencial Las Terrazas, del sector Sabaneta Larga, en jurisdicción de la parroquia Cristo de Aranza del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, posee una superficie aproximada de CIENTO VEINTICINCO METROS CUADRADOS (125 mts2), comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte: En diez metros con quince centímetros (10.15mts) y fachada norte del edificio; Sur: En diez metros con quince centímetros (10.15mts) y fachada sur del edifi.....

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA en el juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO seguido por NORELIS ELIZABETH GOZALEZ RIVERO en contra de ANGEL LUIS CALERO Y DELYANA MALDONADO: IMPROCEDENTE, el decreto de Medida innominada, solicitada para que se mantenga en vigencia el crédito, mientras dure el presente proceso judicial por parte de la Entidad Banesco Banco Universal, expediente crediticio Hipotecario No 0430A-132686 para lo cual se solicitó se oficie a BANESCO BANCO UNIVERSAL y PDVSA OPERACIONES ACUATICAS, S.A. por lo que se NIEGA la misma. - No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza de la presente decisión. Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada de esta sentencia por Secretaría, de conformidad con l.....

Así las cosas, siendo que en el caso que nos ocupa, y revisada la petición cautelar efectuada en la parte final del escrito libelar; este Juzgador observa que no existen argumentos de hechos ni medios probatorios suficientes para presumir el peligro en la mora o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siendo este requisito indispensable para proceder al decreto de las medidas cautelares, este Sustanciador NIEGA la medida preventiva solicitada.- Así se decide.

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la acción de Amparo Constitucional, ejercida por la ciudadana DEXIS MARGARITA CHACIN LUENGO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.825.441, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistida por el abogado Manuel Rivas Mora, titular de la cédula de identidad No. 7.779.125, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 84.345, todos antes identificadas, contra la CAJA REGIONAL DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), de conformidad con lo previsto en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.