Por los fundamentos anteriormente expuestos, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la profesional del derecho MARÍA TERESA MORENO, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante, en fecha 29 de enero del año 2008, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de los Municipio Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 15 de enero de 2008, donde declaró PROCEDENTE la demanda que por DESALOJO, intentó el ciudadano RUITER SÁNCHEZ, en contra del ciudadano CLAUDIO JOSÉ POZO BARRIOS. SEGUNDO: Se confirma en todas y cada una de sus partes la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo de los Municipio Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco d.....

Este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, la apelación interpuesta por la parte demandada, a la sentencia dictada en fecha 18 de mayo de 2007, por el JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en el juicio que por DESALOJO interpusiera la ciudadana NINOSKA KAROLINA GÓMEZ PIÑANGO, contra el ciudadano GABRIEL COTEZ, todos ya identificados en la parte narrativa de este fallo. En consecuencia: PRIMERO, SE RATIFICA la sentencia dictada por el Juzgado Octavo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en la citada fecha 18 de mayo de 2007. SEGUNDO, SE CONDENA en costas a la parte demandada, por haber sido vencida totalmente en est.....

Este Juzgado Especial Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Almirante Padilla y Páez de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, actuando en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley declara formalmente ENTREGADO el inmueble donde esta constituido y anteriormente identificado, a la demandante de autos, ciudadana MARIA EMPERATRIZ COTE, ya identificada, representada por su apoderado judicial abogado Julio Uzcategui Benítez, también identificado, por ser el mismo que aparece en el despacho comisorio, tal y como fue determinado por el experto designado en este acto, y lo puso en posesión de la parte actora, quien por intermedio judicial de su apoderado lo recibió.-

SIN LUGAR el recurso de apelación propuesto por la ciudadana INGRID GONZÁLEZ de SERRANO, asistida por el abogado SIMÓN MENA, contra sentencia definitiva de fecha 14 de mayo de 2007, dictada por el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

TRIBUNAL CUARTO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA, SAN FRANCISCO, MARA, PAEZ Y ALMIRANTE PADILLA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.- Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara formalmente Secuestrado el bien inmueble objeto de la presente medida.....

Por los fundamentos anteriormente expuestos este JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley ACUERDA OTORGAR EL BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL, de conformidad al artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal a el penado JEAN CARLOS BARRETO TOYO, nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, fecha de nacimiento 28-11-81, titular de la Cédula de Identidad Nº 17.985.741, de 27 años de edad, soltero, Comerciante, residenciado en: el Barrio Monte Bello calle Nº 129 cerca del Liceo Moritas, Maracaibo, Estado Zulia, quien actualmente se encuentra recluido en la Cárcel Nacional de Maracaibo, por haber sido condenado a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS Y VEINTE (20) DIAS DE PRESIDIO, por la comisión del delito de COMPLICE INNECESARIO EN HOMICIDIO CALIFICADO Y LESIONES, previsto y sancionado en el Artículo 408 Ordinal 1º, en concordancia con el Articu.....

V

CON LUGAR la señalizada Acción de Amparo Constitucional, y consecuencialmente;NULOS y sin ningún efecto jurídico, el auto de admisión de la demanda de fecha 10 de marzo de 1998, proferido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la sentencia definitiva de mérito de fecha 14 de marzo de 2005

Así pues, en el caso concreto evidencia este juzgador que el profesional del derecho, Ricardo Romero La Roche, solicitó al tribunal se extinga el proceso, por cuanto, la parte actora no subsanó en el lapso legal la cuestión previa relacionada con el domicilio procesal, contenida en el artículo 340 ordinal 9° y, por cuanto, de un estudio exhaustivo de la norma contenida en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, adminiculado con la doctrina y la jurisprudencia transcrita se evidencia que al no haberse indicado domicilio procesal, lo procedente en derecho es tener como tal la sede del tribunal, en tal sentido se declara IMPROCEDENTE la solicitud de extinción del proceso. Así se decide.

Este Juzgado Especial Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Almirante Padilla y Páez de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, actuando en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley declara formalmente ENTREGADO el inmueble donde esta constituido y anteriormente identificado, a la demandante de autos, ciudadana ANA ARELIS AÑEZ, ya identificada, representada por su apoderado judicial abogado MELQUIADES PELEY, también identificado, por ser el mismo que aparece en el despacho comisorio, tal y como fue determinado por el experto designado en este acto, y lo puso en posesión de la parte actora, quien por intermedio judicial de su apoderado lo recibió, completamente desocupado de personas y bienes.-