En vista de las anteriores consideraciones éste JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: SIN LUGAR la cuestión previa opuesta por las abogadas en ejercicio CARLOTA CASANOVA DE MONTIEL y ESTEFANY ACOSTA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos 21.132 y 171.915, respectivamente, y de este domicilio, invocando el carácter de apoderadas judiciales de la parte demandada, contenida en el numeral primero (1ero.) del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la litispendencia, en el juicio que por DESALOJO propusiere el ciudadano PEDRO VARGAS, venezolano, mayor de edad, identificado con cédula personal 22.469.568 y domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia, actuando en su propio nombre y en representación del ciudadano ALFONSO LÓPEZ GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, identifi.....

Ahora bien, si bien este tribunal emitido un pronunciamiento con carácter definitivo, que aun cuando no prejuzgó sobre el mérito era definitiva, puso fin al juicio, al haber declarado inadmisible la demanda por falta del documento arriba señalado, no puede dejar de advertirse que la decisión se adoptó prescindiendo por la falta del aludido requisito que haría declarar inadmisible tal pretensión. Siendo así, esté juzgado, en aras del principio constitucional de la justicia material como valor preeminente sobre el carácter formal normativo, y con fundamento en criterio anterior expuesto, aplica la disposición contenida en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, revoca el fallo dictado por este mismo tribunal, el 02 de octubre de 2012, mediante el cual se declaró inadmisible la presente demanda. Y se acuerda, mediante auto separado pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente causa. Así se decide.

Ahora bien, advertido como se encuentra este órgano jurisdiccional de NO encontrarse citada la parte demandada JENNIFER CAREZIS, antes identificada, en virtud de la solicitud planteada por la defensora AD-LITEM en su escrito de contestación de demanda de fecha dos (02) de marzo de 2.012, inserta en el folio treinta y nueve (39), en el cual solicita: "...En cumplimiento de mi deber como defensor ad litem en ejercicio, conforme a lo establecido en la sentencia No. 65, de fecha de 10 de febrero de 2.009 y siendo infructuosas en diversas oportunidades las gestiones con miras a la localización de la demandada en este proceso, debido a que no se sabe de su paradero, solicito a este digno tribunal oficie a SAIME a fin de lograr su ubicación...". (Cursiva y negrita del Tribunal).- Y siendo que no fue proveída en la oportunidad legal correspondiente, esta sentenciadora como directora del proceso, a los fines de mantener incólume el derecho a la defensa de las partes, el cual forma parte del d.....

en consecuencia, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley, decreta: Medida de Embargo Ejecutivo sobre un bien inmueble constituido por una parcela de terreno que forma parte de mayor extensión, ubicada en la margen norte de la carretera que conduce a la zona industrial de Maracaibo, en la Parroquia Luís Hurtado Higuera del Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia. Dicho inmueble tiene una superficie aproximada de terreno de: tres mil quinientos veinticinco metros cuadrados (3.525 Mts. 2), comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Con propiedad de la Empresa Ingenieros Contratistas C. A. (ICCA); Sur: Con terreno propiedad de Venezolana de Cloro C. A.; Este: Vía intermedia y terrenos de la empresa ARBOVEN, C. A.; Oeste: Con propiedad de la empresa de Ingenieros Contratistas C. A. (ICCA), antigua propiedad de.....

Por otra parte, como quiera que el demandante de autos ha manifestado sobre el riesgo cierto de ver frustrado el derecho reclamado; acreditada la pretensión a través del soporte instrumental al que hace referencia el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y requiriéndose solamente la constatación por el Juzgador, la cual fue realizada en la forma establecida, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por Autoridad de la Ley, DECRETA: MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, sobre bienes muebles de la parte demandada, hasta cubrir el doble de la suma demandada, es decir, la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CONSESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 634.454, 66). Para la ejecución de la presente medida, designar Perito Avaluador, Depositario Judicial y tomarles el juramento de Ley, se comisiona suficientemente.....

Con base a la disposición normativa que antecede, esta sentenciadora observa que en el decreto de medida dictado por este despacho en fecha 03 de octubre de 2012, se embargaron el veinticinco por ciento (25%) de diversos conceptos o beneficios laborales como sueldo, caja de ahorros, fideicomiso, vacaciones, bonos, utilidades y bonificación de fin de año, de los cuales goza el ciudadano Daniel González, como especialista de equipos rotativos en el Departamento de Ingeniería de Mantenimiento en la empresa Poliolefinas Internacionales, C. A.; por lo tanto, considera quien decide, que los rubros embargados son suficientes como para garantizar las resultas de la pensión alimenticia demandada por la ciudadana Ivelice Arrias, en el presente procedimiento, y en tal sentido, de conformidad con el artículo 586 de la ley adjetiva civil, NIEGA la medida preventiva de embargo peticionada por la apoderada judicial de la parte actora. Así se decide.