El Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental dictó SENTENCIA INTERLOCUTORIA, mediante la cual ORDENÓ NOTIFICAR mediante boleta a la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO TÁCHIRA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente conforme el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que comparezca dentro del lapso de diez (10) días continuos, más el término de distancia de seis (6) días continuos a que conste en autos su notificación, a fin de manifestar su interés en que sea sentenciada la presente causa, con la advertencia que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional, hará presumir de pleno derecho la pérdida del interés en la misma y, en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y el archivo del expediente.

El Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental dictó SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA, mediante la cual declaró: 1) Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la ciudadana Deisy Marisol Flores Bonilla, contra la sentencia interlocutoria con fuerza definitiva dictada en fecha 3 de julio de 2015, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. 2) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 20 de julio de 2015, por el abogado Luís Eduardo Mendoza Pérez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte querellante. 3). Se CONFIRMÓ el fallo apelado y dictado en fecha 3 de julio de 2015, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, mediante el cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial.

El Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental dictó SENTENCIA INTERLOCUTORIA, mediante la cual declaró: 1) QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Fernando Rubio, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Alida Martínez de Paredes y Renny Paredes Martínez, contra el auto dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 11 de mayo de 2011, mediante el cual declaró inadmisible la prueba testimonial y la prueba de informes promovidas por la parte actora en la demanda por daños y perjuicios interpuesta en contra del Municipio Cabimas del Estado Zulia, por órgano de la Alcaldía. 2) CON LUGAR la apelación ejercida. 3. SE REVOCÓ PARCIALMENTE el auto apelado, única y exclusivamente en lo que respecta a la prueba testimonial y la de informes. 4) Se ordenó NOTIFICAR a las partes la presente decisión.

El Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental consideró que, conforme a lo señalado en la sentencia definitivamente firme, el cálculo de los intereses moratorios deberá hacerse sobre las siguientes cantidades: a) un millón setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco bolívares con veintiséis céntimos (Bs. 1.763.445,26), por concepto de anticipo entregado y no amortizado; b) quinientos un mil seiscientos bolívares con seis céntimos (Bs. 501.600,06), por concepto de indemnización por fiel cumplimiento, desde el día 22 de septiembre de 2009, fecha de la notificación de la Resolución Administrativa de fecha 19 de agosto de 2009, tal y como lo determinó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo (ver folio 207), hasta el día 10 de julio de 2014, fecha de publicación del fallo, utilizando una tasa igual al promedio ponderado por el Banco Central de Venezuela de las tasas pasivas que paguen los seis bancos comerciales del país con mayor .....

Este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer en Alzada del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Yahivic Marina García Rivas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nro. 154.324, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano HÉCTOR RAFAEL YÁNEZ VARGAS, titular de la cédula de identidad Nro. 16.941.858, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 27 de julio de 2016, en el cual se declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto. 2.- IMPROCEDENTE la Consulta de Ley. 3.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. 4.- FIRME el fallo dictado por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo d.....

Este Órgano Jurisdiccional notificar del presente auto al ciudadano DAVIT ANTONIO YAÑES HERNÁNDEZ, identificado supra, a los fines que tenga conocimiento del referido requerimiento y en caso que la información solicitada sea consignada, podría -si así lo quisiere- impugnar tal información dentro de los diez (10) días siguientes a que conste en autos la información requerida, para lo cual se abrirá, el día siguiente a la impugnación, la articulación probatoria prevista en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.

Este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- INADMISIBLE la solicitud de aclaratoria intentada por el Abogado Geraldo Enrique Perozo González, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano Ramón Herminio Rincón Arenas, supra identificados, de la sentencia Nro. 127, dictada por este Juzgado Nacional en fecha 28 de abril de 2017.

Este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer en Alzada del recurso de apelación ejercido en 17 de enero de 2017, por la Abogada Iris Espinoza Pineda, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano, Jean Carlos Rincón Rondón contra el fallo dictado en fecha 3 de julio de 2015, por el mencionado Tribunal Superior, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano, JEAN CARLOS RINCÓN RONDÓN asistido por la abogada Iris Espinoza Pineda, ya identificados, contra la GOBERNACION DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó sentencia interlocutoria mediante la cual se 1) Se REVOCÓ PARCIALMENTE el auto emitido en fecha 17 de mayo de 2017, igualmente; 2) Se ACORDÓ REPONER LA PRESENTE CAUSA, a los fines de colocar a las partes a derecho, otorgándoles el término de 10 días de despacho, conforme a lo previsto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia; 3) Se ORDENÓ a la Secretaría de este Órgano Colegiado notificarle a las partes que el inicio del lapso para la fundamentación a la apelación, previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se fijará mediante auto expreso y separado, transcurrido como sea el término de 10 días de despacho, supra indicados

Se procede a dictar y publicar sentencia interlocutoria mediante la cual se declara con lugar la inhibición planteada por la Dra. Marilyn Quiñónez y se ordenó la constitución del Juzgado Nacional Accidental, previa convocatoria del Juez Suplente.