Finalmente, y en atención a lo antes dispuesto, se acuerda librar boleta de notificación dirigida al ciudadano GERARDO JOSE VIRLA VILLALOBOS, antes identificado, para que una vez notificado de la presente resolución formule dentro de los tres (3) días de despacho siguientes aceptación o rechazo con ocasión a su designación, acordándose en caso afirmativo, la juramentación de ley correspondiente mediante actuación por separado. De igual manera, se prevé que las disposiciones aquí acordadas son de carácter taxativo, no pudiendo el auxiliar en cuestión antes identificado extralimitar y/o sobrepasar su función de Administrador por encima de las establecidas en la presente resolución. Líbrese oficio y boleta de notificación.-

En merito de las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR , sobre un inmueble ubicado en el Conjunto Residencial Torre Epifanía, apartamento marcado con el Nro. 5 A, situado en la Avenida 24ª, entre las calles 66 y 67 del sector Indio Mara de la Urbanización Santa Maria, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, quedando anotado bajo el Nro. 2016.1146, asiento registral 1, del Inmueble matriculado con el Nro. 480.21.5.4.7211 y correspondiente al libro de folio real del año 2016. En tal sentido, se acuerda hacer la participación pertinente al registro respectivo. Oficiese.-

DISPOSITIVO: En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el juicio por COBRO DE BOLÍVARES interpuesto por abogada YANIS HURTADO PADRON, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 37.869, actuando en su condición de abogada sustituta del ciudadano ASDRÚBAL JOSÉ QUINTERO, en su carácter de Procurador General del Estado Zulia, en contra de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA ZACO S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el número 37, Tomo 7-A, en fecha 23 de Enero de 1.996, representada por su Vice-Presidente, el ciudadano LUIS RAFAEL GUEVARA, titular de la cédula de identidad número 7.771.447; y de la Empresa FINANC.....

PRIMERO: Declara RESPONSABLE PENALMENTE a la ciudadana: RITA ELENA BARROSO FARIA, venezolana, natural de Maracaibo, portadora de la cédula de identidad Nro. V- 28.133.601, nacida en fecha 30-11-1996, de 19 años de edad, hija de Omer Antonio Vilchez y Karina Barroso Faria, residenciada en Santa Fe II, calle 21, al frente de la tienda Mama Carmen, casa color rosada, Municipio San Francisco, de la comisión en grado de coautora de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley de Robo y Hurto de Vehículo Automotor, ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal, y PRIVACION ARBITRARIA DE LIBERTAD, previsto y sancionado en el articulo 174 del Código Penal Venezolano, cometido en perjuicio del ciudadano MERVIN JOSUE VILORIA MADUEÑO. SEGUNDO: Como consecuencia de la declaratoria de culpabilidad dictada por este tribunal en contra de la acusada de autos y luego de determinada sin duda.....

SE HOMOLOGA LA TRANSACCIÓN PRESENTADA EN EL PRESENTE ASUNTO LABORAL

En tal sentido, observa esta sentenciadora que la parte actora ciudadana MARÍA ELENA PÉREZ GARCÍA, titular de la cédula de identidad No. 4.159.848, domiciliada en este Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en su escrito de medida de fecha veintiséis (26) de julio de 2016, no hace alusión a los extremos de ley en referencia, vale decir, no demostró ninguno de los elementos antes citados, para las medidas cautelares antes citadas, elementos indispensables para el proveimiento de la cautela requerida. En consecuencia, con fundamento en las jurisprudencias antes transcritas, este Juzgado Cuarto De Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley, Niega el decreto de las Medidas Cautelares, solicitadas por la parte actora, por los argumentos de hecho y de derecho antes esbozados.

Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Extensión Cabimas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA del presente asunto, suscrito por los ciudadanos LUIS MIGUEL CHIRINOS GARCIA y PAOLA DEL CARMEN SANTIAGO MONTIEL. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de lo aquí decidido. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, y déjese copia certificada por secretaria de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil y los numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se acuerda devolver los documentos originales previa certificación de los mismos en actas y se ordena el archivo de.....

Consecuencialmente, y tomando base en las consideraciones precedentemente esbozadas, concordantes con los dispositivos normativos referenciados, la doctrina y la jurisprudencia acogida, resulta acertado en derecho para esta oficio jurisdiccional considerar que el desistimiento de la apelación efectuado por el abogado JOSÉ VICENTE RANGEL RENDON, actuando como apoderado judicial de la parte accionante, ciudadanos TONY SEGUNDO CORONA CARRASCAL, SILVIO MODESTO SILVA MONTIEL, EGDIE ENRIQUE ESTHER GONZÁLEZ y LEONARDO ENRIQUE TABORDA OLAVES, como acto de autocomposición procesal de un medio recursivo, se encuentra válidamente consumado y cumplido, con base al examen general de los presupuestos procesales que disponen los artículos 263, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil, y, por ende, se le imparte su aprobación, declarándose HOMOLOGADO, otorgándose así el carácter de cosa juzgada, todo lo cual origina la extinción de esta segunda instancia, a tenor de la norma consagrada en el artícu.....

Así las cosas, este Tribunal de una revisión del material probatorio aportado a las actas, no puede obtiene con certeza la existencia de los requisitos referidos al Fumus Periculum in Mora y Fumus Periculum in Damni, necesarios tanto para el decreto de la cautela nominada requerida (fumus periculum in mora), como para el dictamen de la cautela innominada solicitada (fumus periculum in damni), ya que los documentos acompañados no hacen presumir por si solos la existencia de estos requisitos. En consecuencia, este Órgano de conformidad con lo establecido en el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, ordena ampliar la anterior solicitud de Medidas Cautelares, en el sentido de que la parte solicitante y demandante acompañe los medios probatorios suficientes que haga presumir las presunciones graves de 1) quedar ilusoria la ejecución del fallo si no se adoptare la medida y 2) de peligro en la inminencia de daño si no se adoptare la medida.

De un análisis de las actas procesales, se observa claramente que la parte demandante no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, referidos al fumus bonis iuris y Periculum in Mora, necesarios para el Decreto de cualquier Medida Preventiva, ya que los documentos acompañados no hacen presumir por si solos la existencia de este requisito. En consecuencia, este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, ordena ampliar la anterior solicitud de Medida Preventiva, en el sentido de que la parte solicitante y demandante acompañe los medios probatorios suficientes que hagan presumir presunción del derecho que reclamado y presunción grave del peligro existente de que quede ilusoria la ejecución del fallo si no se adoptare la medida.