En consecuencia, de la revisión efectuada a las actas procesales y no siendo el desistimiento efectuado contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, encuentra conforme el mismo y de acuerdo con el Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, se homologa en los términos y condiciones establecidas en la referida diligencia, se da por consumado el acto, y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

En consecuencia, de la revisión efectuada a las actas procesales y no siendo el desistimiento efectuado contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, encuentra conforme el mismo y de acuerdo con el Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, se homologa en los términos y condiciones establecidas en la referida diligencia, se da por consumado el acto, y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

Así pues, como bien se evidencia de las actas que conforman el expediente, el Tribunal cumplió con la obligación que le impone el ordinal 2° del artículo 165, antes citado, en aras de garantizarle al actor el derecho a la defensa, de notificarlo de la renuncia de sus apoderados, por la cual es su carga la de impulsar el proceso, asistido por un nuevo abogado, toda vez que el mismo continúa su curso, tal como lo indicó el Tribunal mediante el auto dictado en fecha 10 de Agosto de 2005, no previendo la ley la obligación del Tribunal de proveerle un abogado en estos casos, en consecuencia con fundamento a lo antes expuesto, este Tribunal NIEGA el pedimento formulado por la parte demandada de designar defensor ad litem a la parte actora. Así se decide.

En consecuencia, de la revisión efectuada a las actas procesales y no siendo el desistimiento efectuado contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, encuentra conforme el mismo y de acuerdo con el Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, se homologa en los términos y condiciones establecidas en la referida diligencia, se da por consumado el acto, y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

En virtud de lo antes explanado, este Sentenciador se abstiene de homologar la transacción realizada por los ciudadanos EDGAR ENRIQUE INCIARTE VASQUEZ, en su propio nombre y en su carácter de representante legal de la sociedad Mercantil FERRETERIA LAS PALMERAS C.A. y MAYERLING TRINIDAD URDANETA CANO. Así se declara.

De manera que no existiendo evidencia fehaciente que la actora o sus apoderados se encuentren en esta causa legitimando los derechos de aquella en conjunción con los derechos de los restantes coherederos, por invocación expresa de la norma del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, a la par que tampoco existe prueba suficiente que hayan menores de edad involucrados en la presente acción, mal puede este Sustanciador acordar la reposición de la causa solicitada por la parte demandada y en forma consustancial acordar la notificación o intervención del Ministerio Público en materia minoril. Así se establece.

En consecuencia y por cuanto el instrumento fundamental de la pretensión, deviene de la Letra de Cambio que corren en actas, y constituyen uno de los instrumentos previstos en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un inmueble constituido por una casa quinta y local anexo, y su terreno propio, ubicado en la calle 97B, antes avenida 1, zona 6, manzana D, parcela 6, signado con el No. 64A-78, de la Urbanización San Miguel, en jurisdicción de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la parcela posee una superficie aproximada de Trescientos metros cuadrados (300 mts2), comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: linda con parcelas 13 y 14 de la zona 6, manzana D, Sur: su frente, linda con la calle 97B, Este: linda con la parcela 5 de la misma zona y manzana y Oeste: linda con la parcela 7 de la misma zona y manzana, hasta por la cantidad de CIENTO VEIN.....

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley declara: INADMISIBLE la demanda de TACHA DE DOCUMENTO, NULIDAD DE VENTA y PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA, intentada por la ciudadana ADELAIDA DEL CARMEN FINOL SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No 7.839.800, y domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, actuando en nombre y representación de sus menores hijos JESUS ANTONIO NELO FINOL, venezolano, menor de edad, y de este domicilio, y JUAN ENRIQUE NELO FINOL, venezolano, menor de edad, titular de la cédula de identidad No 19.484.961 y de este domicilio.

Posteriormente, los ciudadanos MARYSOL BEATRIZ FERNANDEZ PEREZ Y ROMER ANTONIO LUCENA GIL, solicitan ante este Tribunal se homologue la liquidación y partición de la comunidad conyugal realizada en forma amigable en los términos y condiciones en ella determinada, por lo que cumplidas como han sido las formalidades de Ley y vista la partición realizada, no siendo contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, la encuentra conforme y según lo previsto en el Artículo 788 del Código de Procedimiento Civil, da por consumado el acto, lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ASI SE DECLARA.-