Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente solicitud de DIVORCIO y en consecuencia, queda DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos ANTONIO JESUS PIÑEIRO RODRIGUEZ y MARIA DEL ROSARIO NOGUERA, el día nueve (09) de noviembre del año mil novecientos ochenta y cuatro (1.984), por ante el Prefecto y Secretaria respectivamente, del Palo Negro, Distrito Mariño del Estado Aragua, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 226.

Así, vista la sentencia Jurisprudencial antes transcrita, a la cual este Sentenciador se acoge, aplicándola al caso bajo estudio, en observancia que los solicitantes concurren conjuntamente ante este Órgano Jurisdiccional, uno en forma personal y el otro representado por Apoderada Judicial Especial, requiriendo la disolución del vínculo matrimonial a través del procedimiento previsto en el Artículo 185-A y en virtud que la solicitud no contraviene normas procesales y no existe oposición por parte de la Representación Fiscal del Ministerio Público, evidenciándose de las actas procesales que ha existido una separación de hecho por espacio de más de cinco (5) años entre los referidos ciudadanos, se considera procedente la presente solicitud de DIVORCIO. Así se decide.

Aplicando la norma al caso bajo estudio y ante la renuncia de los demandantes para continuar el juicio y en observancia que el desistimiento no es contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, lo encuentra conforme y por disposición del Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, da por consumado el acto, lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa la parte actora en su escrito libelar fundamenta su pretensión del documento privado suscrito por el ciudadano Salvatores Mainenti Lami en su condición de Presidente de la sociedad mercantil DIAZEM, C.A. en fecha 28 de febrero de 2008, al respecto debe acotar este Juzgado que dicho documento constituye un instrumento privado el cual no se configura en los indicados en la norma transcritas, por lo que, este Sustanciador al no cumplir con los requisitos exigidos en la pre citada norma, NIEGA la medida preventiva solicitada.- Así se decide.

Ahora bien, del texto del escrito transaccional en su parte final, específicamente en la cláusula sexta, se solicita la homologación de lo acordado, (...) luego que se verifique en actas que la empresa PDVSA PETROLEO S.A. ha remitido a este Tribunal las cantidades de dinero embargadas y que cubran el monto de la presente transacción...y luego de lo cual solicitamos le imparta su aprobación a la presente transacción pasándolo en autoridad de cosa juzgada..."; dicha cláusula indica una condición para la homologación de la misma, por lo que este Tribunal ante lo explanado con anterioridad y en virtud que no existe constancia en actas de las resultas de la ampliación de la medida de fecha veinticinco (25) de marzo del año en curso, se abstiene de homologar la transacción efectuada. Así se declara.

Así la cosas, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y revisados los documentos en los que se fundamenta la pretensión, este Juzgado considera que se encuentra demostrados los extremos legales exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia decreta MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un inmueble constituido por una casa-quinta construida sobre su terreno propio, ubicada en la Urbanización Mara Norte III, parcela 34-37, manzana 34, en jurisdicción de la parroquia Juana de Avila del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, posee un área aproximada de Ciento ochenta metros cuadrados, comprendido dentro de los siguientes linderos: Noroeste: que es su fondo, con la parcela 34-15, Sur-Este: que es su frente: con la calle 07 F, Sur-Oeste: con la parcela 34-36 y Nor-Este: Con la parcela 34-38, cuyos demás datos identificatorios y de registro se encuentran en actas y se dan aquí por reproducido.....

Ahora bien, de la revisión efectuada a la diligencia en estudio, se evidencia la aceptación del demandado a lo alegado por el actor, así como el derecho invocado, en tal sentido, el Artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, establece: "Si el demandado conviniere en todo cuanto se le exija en la demanda, quedará ésta terminada y se procederá como en cosa juzgada, previa la homologación del convenimiento por el Tribunal" Efectivamente, el demandado se allana a los hechos controvertidos alegados por el demandante, por lo que en virtud de la norma antes transcrita el Tribunal ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se decide.

Es del conocimiento del foro, que el precepto adjetivo recogido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, conforma una de las garantías de la intangibilidad de las decisiones o modificación del imperio judicial vertidos en las decisiones que emite el Juez, de allí que no sea el mecanismo apropiado dispuesto, en criterio de este Jurisdicente, para hacer revisión de los asertos fácticos y de derecho que fueron divulgados en la consabida decisión del 30 de marzo de 2009, quedando de parte de los representantes judiciales motorizar, cualesquiera otros recursos que la ley dispone para enervar la decisión precedentemente señalada, dada la naturaleza de la decisión que la misma contiene, y que se reitera no constituye en decreto cautelar en sí, sino la extensión de los efectos de la medida primigeniamente dictada en la causa, pero sobre bienes distintos a los que se procuraron aprehender con aquel decreto.