Visto el Convenimiento realizado en fecha veintisiete (27) de octubre de 2008, suscrito por los ciudadanos LUIS FERNANDEZ FINOL, Apoderado d la parte actora por una parte y por la otra el ciudadano JESÚS ENRIQUE ACOSTA LEAL, en su carácter de Director de Negocios de la empresa demandada Sociedad Mercantil CONCRETOS MARACAIBO, asistido por el Abogado ALEJANDRO MÉNDEZ CALDERA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No 7.249, el Tribunal por considerar que no transgrede el orden público, así como alguna disposición legal, lo homologa, le imparte su aprobación y le imprime los efectos de la cosa juzgada, dejando a salvo los derechos de terceros.- este tribunal se abstiene de ordena el archivo de este expediente hasta tanto no se cumpla totalmente las obligaciones asumidas por la parte demandada

este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara a los ciudadanos AIDEE ELISA PÉREZ DE GUERRERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.774.722 y EUDES ENRIQUE, RONALD ENRIQUE, RHENSIS ENRIQUE, DANNY ENRIQUE, ANGGIE BETZABE y ALEXANDER ENRIQUE GUERRERO PEREZ venezolanos, mayores de edad titulares de las cedulas de identidad N° 10.712.000, 10.712.247, 12.405.869, 12.405.925, 13.829.541, 14.658.559 respectivamente, como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del ciudadano EUDES ENRIQUE GUERRERO PÉREZ, quien era venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Número V- 3.276.535, fallecido ab-intestato en el Hospital Clínico en Jurisdicción de la Parroquia Juana de Ávila del Muni.....

Por las consideraciones jurisprudenciales y los fundamentos antes expuestos este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA el decreto de las Medidas Preventivas de Secuestro, solicitada por el abogado en ejercicio CESAR ORLANDO DAVILA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 29.511, obrando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana DAMARYS BEATRIZ GUTIERREZ GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 11.7418.333.- Así se decide.-

cual este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara a los ciudadanos ROSA MARIA SALCEDO DE MAVARES e IVAN DARIO MAVARES REYES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 3.622.411 y N° 1.822.495 respectivamente, como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del ciudadano JOSE MIGUEL MAVARES SALCEDO, quien era venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Número V- 12.444.293, fallecido ab-intestato en la Clínica Sucre en Jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el día 08 de Diciembre del 2008, según se evidencia de la copia certificada del Acta de Defunción Nro.- 2159 emanada de la Jefatura Civil de la Parroquia Chiquinquirá d.....

Vista la diligencia de fecha 12 de Diciembre de 2008, suscrita por el Abogado en ejercicio MIGUEL BERNAL, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 83.449, actuando con el carácter de apoderado de la parte actora, y vista las documentales agregadas a las actas, el Tribunal provee conforme a lo solicitado y en consecuencia, de conformidad con el Artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, declara en estado de ejecución la transacción de fecha 12 de Agosto de 2008, y homologada en fecha 12 de Agosto de 2008, en lo relacionado al pago que se obliga a realizar el abogado en ejercicio MIGUEL REINALDO UBAN RAMIREZ, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 56.759, en nombre de sus representados ciudadanos LIAMIL WENCESLAO NAVA VILLALOBOS, ALEJANDRINA MORALES DE NAVA y NEIL ALLEX NAVA MORALES, al ciudadano GUSTAVO ENRIQUE GONZALEZ PIRELA, parte actora.- Asimismo, vista la diligencia de fecha 09 de Febrero del presente año, presentada por el abogado en ejercicio MIGUEL BERNAL, inscrito en el i.....

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA, en el juicio antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con lo establecido en el artículo 283 ejusdem, no hay condenatoria en costas.

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara: IMPROCEDENTE la demanda que por reivindicación intentó la ciudadana, Alicia Díaz León, en contra de la ciudadana, Olga Vielma Castro, tomando como fundamento los argumentos antes aludidos. Se condena en costas a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Por los argumentos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: TERMINADA la solicitud que por DIVORCIO 185-A requirieron los ciudadanos GUALBERTO MAS Y RUBI PEÑA y SONIA LASCANO OLIVARES, ambos identificados en actas. Se ordena el archivo del expediente e igualmente la devolución de los originales insertos en la presente causa.-

En razón de lo antes expuesto, este Tribunal, considerando que con lo convenido por los intervinientes en la causa no lesiona derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional ni ley específica alguna, procede a impartir la aprobación que se le requiere y en consecuencia homologa la transacción antedicha en los términos y condiciones expuestos, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, dejándose a salvo los derechos de terceros. Así se decide.-