Por los fundamentos antes expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley declara: 1. CON LUGAR, la demanda DIVORCIO ORDINARIO, incoada por la ciudadana MARIALID CECILIA PÉREZ GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 12.805.8500, domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra del ciudadano RICARDO RAMÓN VALDÉS GONZÁLEZ quien ciudadano americano naturalizado nacido en Cuba, mayor de edad, titular del Pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica No. 083783815 y de igual domicilio. 2. DISUELTO el matrimonio civil contraído por los ciudadanos MARIALID CECILIA PÉREZ GONZÁLEZ y RICARDO RAMÓN VALDÉS GONZÁLEZ, en fecha 2 de agosto del año 2002, por ante el Juez Provisorio y Secretario del Juzgado Segundo de los Munici.....

Por los fundamentos expuestos este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, declara: - SIN LUGAR la demanda de DIVORCIO propuesta por el ciudadano PEDRO GREGORIO DÍAZ en contra de la ciudadana CLARITZA RENDÓN PORTILLO, fundamentada en la causal tercera del artículo 185 del Código Civil. - SE CONDENA a la parte demandante al pago de las costas procesales de esta Instancia por haber sido vencida totalmente, conforme al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Así la cosas, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y revisados los documentos en los que se fundamenta la pretensión, este Juzgado considera que se encuentra demostrados los extremos legales exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia decreta MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un inmueble constituido por una extensión de terreno, ubicada en el lugar conocido como La Sibucara, en jurisdicción de la parroquia Raul Leoni del Municipio Maracaibo del Estado Zulia (...).

Ahora bien, en la fecha señalada al inicio de la presente resolución, la actora desiste de la demanda y solicita la entrega de las cantidades de dinero retenidas en ocasión al presente juicio, desistimiento y solicitud convenidas por el demandado, en tal sentido, el Tribunal sobre el desistimiento efectuado, deja establecido que las partes tal como se dejó asentado con antelación, realizaron acto de auto composición procesal para dar por terminado el proceso, homologado en la oportunidad correspondiente, pasando en autoridad de cosa juzgada el acuerdo realizado; encontrándose la causa en la ejecución del mismo, la demandante manifiesta su intención de no continuar con la ejecución de ésta, por lo que el Tribunal le imparte la aprobación al desistimiento efectuado. Así se establece.

De la revisión efectuada a las actas procesales, se observa que el abogado en ejercicio REIDELMIX BARRIOS MATHEUS, antes identificado, actuando en su propio nombre e interés, demanda por HONORARIO PROFESIONALES a la ciudadana MARY CARMEN CUBILLAN, igualmente identificada y tal como se dejó asentado con antelación, las partes realizan la transacción antes especificada, bajo las condiciones y términos señalados en la misma, por lo que el Tribunal, en observancia que la transacción realizada no es contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, la encuentra conforme en los términos precedentemente explicitados, impartiendo su aprobación a dicha transacción, declarándola en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

Ahora bien, observa este Sentenciador que en la oportunidad correspondiente, el convenimiento celebrado no fue homologado, sin embargo, el acuerdo celebrado surte todos los efectos legales aún cuando no haya pronunciamiento por el Tribunal al respecto, tal como lo determina el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, en su único aparte, que prevé: "...omissis...El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal". En tal sentido, en observancia, que el acuerdo celebrado no es contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, lo encuentra conforme y por disposición del Artículo citado, da por consumado el acto, lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

Por todo lo expuesto con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ¿ PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de TERCERÍA incoado por el ciudadano LUANDI ALBERTO PARRA CHÁVEZ venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V- 12.870.745, domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra de los ciudadanos ALVARO OBALLOS ROA, JORGE LUIS BALZA CARMONA y GLADIS JOSEFINA URDANETA FERNÁNDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-3.927.030, V-4.747.297 y V-5.039.564, y de este domicilio. ¿ NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil.

Por los fundamentos supuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR dictada en actas, solicitada por el abogado Hubert Soto Pérez en su carácter de apoderado judicial de la parte actora de este proceso. Así se Decide.-

Este Tribunal acogiéndose a la norma antes citada y en atención al precepto constitucional del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, repone la causa al estado de abrir la causa a pruebas, por diez (10) días, previa citación del Fiscal del Ministerio Público. En consecuencia se deja sin efecto jurídico el auto de admisión de pruebas de fecha 23 de junio de 2010, ordenando el desglose de las pruebas promovidas y hacer entrega de las mismas a la parte promovente. Así se decide.