Por lo antes expuesto, al no cumplir con el requisito establecido en el ordinal 2 del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, este Sustanciador NIEGA la medida preventiva solicitada.- Así se decide.

Planteada así la situación y en observancia que la transacción realizada no es contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, el Tribunal la encuentra conforme en los términos precedentemente explicitados, impartiendo su aprobación a dicha transacción, declarándola en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

Por los fundamentos amplia y claramente expuestos con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ¿ PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de TERCERIA (Cobro de Bolívares), intentado por la ciudadana NANCY MILAGROS HIGUERA CARDENAS, en contra de las Sociedades Mercantiles CORP BANCA C.A. BANCO UNIVERSAL y SERVIPRONTO C.A., y del ciudadano LUIS EDUARDO BRICEÑO VILLAMIZAR, plenamente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.- ¿ NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.-

En consecuencia, este Tribunal decreta MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO sobre bienes muebles e inmuebles de la parte demandada ciudadano Ricardo Torres hasta cubrir la cantidad de CINCO MIL CIEN BOLÍVARES (BsF. 5.100,oo) suma prudencialmente calculada por este Juzgado. Que en caso de que recaiga sobre cantidades de dinero la misma versará hasta la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 (BsF. 3.400,oo) que corresponde acordada a pagar. Librase Mandamiento de Ejecución al cualquier Juez Ejecutor donde se encuentren bienes muebles e inmuebles del deudor. Líbrese Mandamiento.

Por los fundamentos amplia y claramente expuestos con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ¿ PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de TERCERIA (Cobro de Bolívares), intentado por la ciudadana NANCY MILAGROS HIGUERA CARDENAS, en contra de las Sociedades Mercantiles CORP BANCA C.A. BANCO UNIVERSAL y SERVIPRONTO C.A., y del ciudadano LUIS EDUARDO BRICEÑO VILLAMIZAR, plenamente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.- ¿ NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.-

Y como garante de los principios constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa, deja parcialmente sin efecto el auto de fecha 31 de julio de 2007, sólo en cuanto al establecimiento de término de distancia, y establece conforme al artículo 344 del Código de Procedimiento Civil un término de distancia común para ambos demandados, el cual será de cuatro (4) días consecutivos; en consecuencia se deja sin efecto las actuaciones relacionadas con la citación de los demandados. Así se establece.-

Del análisis de la trascrita sentencia, se evidencia que el peligro en la mora no puede ser deducida únicamente de la tardanza del juicio, por cuanto ello es un hecho notorio que no requiere prueba, sino que el solicitante debe realizar argumentos de hechos, acompañado de un contenido mínimo probatorio para demostrar los requisitos exigidos por la Ley. Así se Aprecia. En consecuencia, el peligro en la mora consiste en aquellos hechos atribuibles a la parte en aras de desconocer una eventual ejecución del fallo que se dictare en la causa, y dado que este Juzgador observa que no existen argumentos de hecho contundentes o palpables ni medios probatorios para presumir el peligro en la mora o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siendo este requisito indispensable para proceder al decreto de las medidas cautelares, este Sustanciador NIEGA la medida preventiva solicitada.- Así se decide.

Consta de las actas procesales que en fecha 19 de octubre de 2007, se dictó sentencia declarando Con Lugar la demanda propuesta, declarándola en estado de ejecución voluntario en fecha 28 de marzo del presente año, y transcurrido el lapso procesal establecido para dar cumplimiento voluntario, de conformidad con el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECLARA EN ESTADO DE EJECUCIÓN FORZOSA la sentencia definitivamente firme dictada en la presente causa.- Ahora bien, siendo que en la mencionada sentencia se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 21.210.000,oo) hoy su equivalente en Bolívares Fuertes la suma de VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (BsF. 21.200,oo) en consecuencia, este Tribunal a fin de proceder a la ejecución forzosa, decreta MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO sobre bienes muebles e inmuebles propiedad de la demandada, que deberán ser indicados ante el Juzgador Ejecutor, hasta cubrir l.....

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente solicitud de DIVORCIO y en consecuencia, queda DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos JOSE ANTONIO BRICEÑO RODRIGUEZ y MIRIAM FERNANDEZ GUTIERREZ, el día dieciséis (16) de diciembre del año mil novecientos sesenta y nueve (1.969), por ante el Prefecto y Secretario respectivamente, del antiguo Municipio Coquivacoa, hoy Parroquia Coquivacoa, Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 626.

En consecuencia, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, declara DISUELTO el MATRIMONIO CIVIL que contrajeron los ciudadanos FIDEL MARCELINO RODRIGUEZ ROMERO y VANESSA CAROLINA ROMERO EUSSE, el día dos (02) de julio del año dos mil cinco (2.005), por ante el Jefe Civil y Secretario respectivamente, de la Parroquia Cristo de Aranza, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 208. Asimismo se deja establecido según pronunciamiento de los solicitantes que durante la unión matrimonial no procrearon hijos. En relación a la comunidad conyugal, efectuada en los términos y condiciones en ella determinada y aceptada, de los bienes indicados por los ciudadanos antes mencionados, y cumplidas como han sido las formalidades de Ley, no siendo contr.....