Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con Funciones de Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: DECLARA: 1) APROBADO Y HOMOLOGADO EL CONVENIMIENTO suscrito por los ciudadanos NESTOR DANIEL ARIAS FUENTES y ANNY MARÍA OLIVA GERALDO, a favor de la niña: (Artículo 65 LOPNNA), pasándolo en autoridad de cosa juzgada como sentencia definitivamente firme, de conformidad con lo establecido en el artículo 315 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 2) EXPÍDASE por secretaría dos copias certificadas del presente fallo para cada una de las partes. Publíquese, regístrese, déjese copia certificada por secretaria. Dada, Firmada y sellada en el Despacho del Juez Quinto de Primera Instancia de.....

Con base en lo expuesto, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana en nombre de la República y por autoridad de la ley, ACEPTA LA COMPETENCIA que le ha sido deferida por el Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y SE DECLARA COMPETENTE para el conocimiento del presente proceso y pasa a conocer el mismo. 3. En consecuencia, se ordena proseguir con la causa y de conformidad con el artículo 271 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario de 2014, notifíquese de la recepción del presente recurso contencioso tributario a la sociedad de comercio POSEIDON SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA, en la persona de su Presidente Jesús Machado Montiel, portador de la cedula de identidad Nro. 3.779.644, o de cualquiera de sus apoderados judiciales constituidos en actas los abogados Bernardo Bentata, Arturo José Bravo Roa, José Ramón Varela y Victoria Pérez Conteras.....

1) PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte demandante, contra la decisión de fecha ocho de enero de dos mil quince, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo. 2) SIN LUGAR la apelación ejercida por la parte demandada recurrente. 3) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano ALEXIS ENRIQUE SOTO CHIRINOS, en contra del MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, en consecuencia, se condena al demandado a pagar al demandante la cantidad de bolívares 60 mil 493 con 62 / 100 céntimos, por los conceptos especificados en la parte motiva de esta decisión, más los intereses moratorios. 4) SE MODIFICA el fallo apelado. 5) NO HAY CONDENATORIA en costas procesales, respecto a la demandante. 6) NO SE CONDENA a la parte demandada en cuanto al pago de las costas del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley .....

Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, decreta la SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES, de los ciudadanos ROSALBA LUCILA BARRERA ÁLVAREZ y RAFAEL JOSÉ ORTEGA CHACÓN, ambos identificados en la parte narrativa del presente fallo. Expídanse las copias certificadas solicitadas.

EL TRIBUNAL DICTÓ Y PUBÑICÓ FALLO INTERLOCUTORIO CON FUERZA DE DEFINITIVA, DECLARANDO LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, ELLO COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES EN LA PRESENTE CAUSA POR MÁS DE UN AÑO.

Por los fundamentos expuestos, éste JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS, Administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, DECLARA: a) PERIMIDA LA INSTANCIA en el juicio de REIVINDICACION seguido por ZOBEIDA LORENA CARDENAS MEDINA contra EDGAR RINCON GONZALEZ, ambas partes ya identificadas.- b) No se hace pronunciamiento sobre costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.-

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: 1.-) Desechada la impugnación de estimación de la cuantía, realizada por el abogado ALVARO URRIBARRI, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, en el escrito de contestación a la demanda de fecha veintiocho (28) de junio de 2010. 2.-) IMPROCEDENTE la oposición realizada por el abogado ALVARO URRIBARRI actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada ciudadano JESUS RAFAEL VERA GALAVIZ, en fecha dos (2) de agosto de 2011, a la admisión de las pruebas promovidas por la parte actora. 3.-) CON LUGAR la demanda de PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, incoada por la ciudadana ROSA MARIA LUZARDO contra el ciudadano JESUS RAFAEL VERA GALAVIZ; ya identificados. Y consecu.....

es por lo que este Tribunal procede a: SUSPENDER MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR, decretada por este Juzgado en fecha treinta (30) de Mayo de 2014, la cual recayó sobre un inmueble constituido por una parcela de terreno y el inmueble sobre el construido signado con el No. 12-70, enclavada sobre una parcela ubicada en el lugar nombrado Monte Claro, antes 18 de octubre, situada en la calle O, esquina de la avenida 11 de la Urbanización Monte Bello, en Jurisdicción del antiguo Municipio, hoy Parroquia Coquivacoa del antiguo Distrito, hoy Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia y que mide VEINTE METROS (20 Mts.) de frente por VEINTIDOS METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (22;50 Mts) de fondo y comprendida dentro de los siguientes linderos: por el Norte: La Calle O, por el SUR: Con propiedad que es o que fue de el Doctor ALFREDO URDANETA DELGADO, por el este: Con propiedad que es o fue del ciudadano JESUS PEREZ COBO y por el OESTE: Esquina de la avenida 11.Según se evidencia.....

Por los fundamentos antes expuestos este, JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: PROCEDENTE LA FALTA DE CUALIDAD pasiva alegada por el profesional del derecho Roque Arispe Jiménez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 98.652, en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos Ángel Balzán Ortega y Yira Lemni Flores Guanipa, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.835.459 y 7.768.810 respectivamente, y, consecuencialmente INADMISIBLE la demanda que por Cumplimiento de Contrato y Cobro de Bolívares hubiera incoado la ciudadana Lizbeth Fariñas Arenas, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.887.577, en contra de los ciudadanos José Ángel Balzán Ortega y Yira Lemni Flores Guanipa, antes identificados.

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, actuando en sede Constitucional, administrando justicia en nombre República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: 1.-) TERMINADO EL PROCEDIMIENTO DE ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL seguido por la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA ROSALES, C.A., en contra del JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, cuyo Órgano Rector es el ciudadano JAIRO JESUS GALLARDO COLINA, ya identificados en la parte narrativa de este fallo; por ABANDONO DE TRAMITE, todo de conformidad el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 2.-) No se hace pronunciamiento sobre las costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.