este Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL ACUERDO TRANSACCIONAL, presentado por las partes, se le imparte el carácter de cosa juzgada.

este Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL ACUERDO TRANSACCIONAL, presentado por las partes, se le imparte el carácter de cosa juzgada.

En consecuencia, este JUZGADO NOVENO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme con lo establecido en los artículos 936 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, declara ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del De Cujus RAFAEL JOSÉ RICEÑO AZUAJE, a los ciudadanos RAQUEL ARMINDA RAMÍREZ DE BRICEÑO, RAFAEL JOSÉ BRICEÑO RAMÍREZ y JOSÉ ANTONIO BRICEÑO RAMÍREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad número V-4.179.750, V-16.457.061 y V-20.947.956, respectivamente. ASÍ SE DECLARA.- SE DEJAN A SALVO LOS DERECHOS DE TERCEROS. Expídanse dos (02) copias certificadas del presente expediente para ser entregados a la parte requirente. Devuélvanse los originales con sus resultas, previa certificación a los fines de que reposen en el archivo del Tribunal. LA JUEZ, Abog. MARÍA DEL PILAR FA.....

Por lo tanto, con estos documentos y dejando a salvo los derechos de terceros conforme lo prevé el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal declara suficientes los derechos que tienen los ciudadanos MIRTA JOSEFINA PALOMARES NAVA, CARMEN MIREYA PALOMARES DE PIRELA, MAGALY MARGARITA PALOMRES DE GONZALEZ, LUZ DEL CARMEN PALOMARES NAVA, MARY RAMONA PALOMARES NAVA, ADOLFO ANTONIO PALOMARES NAVA, y ALIRIO ALFONSO PALOMARES NAVA titulares de las cedulas de identidad números: : V- 4.147.371, 5.068.427, 4.742.306, 5.166.828, 7.610.714, 7.713.839 y 7.800.028, respectivamente, como únicos y Universales Herederos del causante ADOLFO ANTONIO PALOMARES GONZALEZ.- Así se decide. Devuélvanse estas actuaciones en originales y déjese copia certificada para formar la solicitud. Igualmente se ordena expedir dos (02) juegos de copias certificadas y hacer entrega a la solicitante.-

Examinados los documentos acompañados y la norma ut supra transcrita, este JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: QUE SON SUFICIENTES LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS CIUDADANOS HILDA ROSA ROJAS DE MARRUFFO, AMABLE ANTONIO MARRUFO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad números V-1.941.190 y V-1.821.682, y con domiciliado en la Calle Belmonte, casa N° 66-A, Bachaquero, Municipio Valmore Rodríguez del Estado Zulia, como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de la causante HILDA ZORAIMA MARRUFO ROJAS, quien en vida fuera su legitima hija, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número V-11.247.069, y de igual domiciliado, dejándose a salvo los derechos de terceros. ASÍ SE DECLARA. Expídanse las copias certificadas solicitadas y devuélvanse las presentes actuacion.....

EL TRIBUNAL DICTÓ Y PUBLICÓ FALLO INTERLOCUTORIO ADMITIENDO EL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD MERCANTIL ACUARIO SPORT C.A., EN CONTRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO SUSCITADO EN FECHA 17 DE MAYO DE 2012, EN LA CAUSA VENTILADA EN EL EXPEDIENTE NO. 042-2012-01-00560, QUE SE TRAMITA POR ANTE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO

DISPOSITIVO Por los fundamentos antes expuestos, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia por autoridad de la Ley, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, declara: PRIMERO: CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra la Providencia Administrativa No. 00299-10 dictada por el ciudadano Billy Gasca Inspector del Trabajo Jefe del estado Zulia, sede "General Rafael Urdaneta", en fecha 28 de Octubre de 2010, la cual declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos al ciudadano LORD ARRIETA. SEGUNDO: Se DECLARA la NULIDAD de la Providencia Administrativa No. 00299-10 dictada por el ciudadano Billy Gasca Inspector del Trabajo Jefe del estado Zulia, sede "General Rafael Urdaneta", en fecha 28 de Octubre de 2010, la cual declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos al ciudadano LORD ARRIETA. TERCERO: No hay con.....

EMBARGO PREVENTIVO

a) CONSUMADA LA PERENCION Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente solicitud de OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN intentada por la ciudadana LORENA SOFIA PIRELA BARRAZA, en contra del ciudadano GUSTAVO ADOLFO PEREIRA ESPINOSA, anteriormente identificados, a favor de los niños de autos. b) En acatamiento al criterio emitido por la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Constitucional SE MANTIENE VIGENTE la medida de embargo decretada sobre el veinte por ciento (20%) de las prestaciones sociales y fideicomiso que le pueda corresponder al demandado de autos en caso de despido retiro involuntario o cualquier otra causa que de por terminada la relación laboral, por el lapso de tres meses contados a partir de la fecha de publicación del presente fallo.

a) CONSUMADA LA PERENCION Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente solicitud de OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN intentada por la ciudadana GRISMELY YOHANA RIVERA UZCATEGUI, en contra del ciudadano JOSE ALFONSO VIERAS HERNANDEZ, anteriormente identificados, a favor de los niños de autos. b) En acatamiento al criterio emitido por la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Constitucional SE MANTIENE VIGENTE la medida de embargo decretada sobre el cien por ciento (100%) de las prestaciones sociales y fideicomiso que le pueda corresponder al demandado de autos en caso de despido retiro involuntario o cualquier otra causa que de por terminada la relación laboral, por el lapso de tres meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente fallo.