este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en observancia del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, en aras de resguardar el derecho a la defensa de las partes y garantizar un debido proceso, ordena: REPONER la causa al estado de notificar a la parte demandante del abocamiento realizado por este tribunal en fecha 23 de noviembre de 2010, bien en su persona o en uno cualquiera de sus apoderados judiciales, respetando la indicación del domicilio procesal expresado en el libelo de la demanda. Así se decide.

En el caso de autos, la representación judicial de la parte actora, a fin de demostrar la procedibilidad de la medida, en razón de la circunstancia exigida en la norma invocada, como es el riego manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo o lo que es igual en peligro en la mora, señala la actitud y comportamiento, tanto de Victor Manuel Franco Lobo como la de Simón José Cabello Estada, por ser contraria a derecho puesto que son conductas fraudulentas, tendentes a burlar y desconocer el derecho de propiedad de su representado, al respecto, debe acotar este Juzgador que los argumentos realizados en relación al plano presentado por el co demandado Victor Manuel Franco constituye los soportes para incoar la presente demanda, elementos que deben ser valorados en la causa principal y no con ocasión a la cautela peticionada, aunado que ello no demuestra actos tendientes a burlar la efectividad de la eventual sentencia favorable para el actor, por lo que, al no encontrar motivos .....

Ahora bien, en fecha deis (06) de abril de 2011, mediante diligencia la parte actora, Abogado en ejercicio, ciudadano Nerio Leal, identificado en actas, donde desiste del PROCEDIMIENTO, pero no de la ACCIÓN en la presente causa, en consecuencia, este Tribunal declara consumado dicho desistimiento y le dá el carácter de cosa juzgada. Por último ordena el archivo del expediente y su remisión al Archivo Judicial Regional. Archívese. Remítase. Así se decide.- PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.-

PRIMERO: CON LUGAR la presente acción de amparo constitucional, interpuesta por la ciudadana DILSA INES MEJIAS MANZANILLO en contra de la SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD adscrita a la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA, ambas partes suficientemente identificadas. SEGUNDO: SE ORDENA la ejecución inmediata e incondicional de la Providencia Administrativa Nº 081-2010, de fecha 25 de febrero de 2010, que declaró Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana DILSA INES MEJIAS MANZANILLO, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, Sede Maracaibo. TERCERO: Se ordena a la SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD adscrita a la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA reponer a la ciudadana DILSA INES MEJIAS MANZANILLO, antes identificada, a sus labores habituales de trabajo, en las mismas condiciones en las que venia desempeñando sus actividades laborales, con el consecuente pago de los salarios caídos a los que hubiere lugar. CUARTO: SE CONDENA EN COSTAS a la par.....

1.- INCOMPETENTE en razón de la materia y la función, para conocer de la intimación de honorarios intentada por el ciudadano CARLOS INCIARTE en contra de la ASOCIACIÓN ZULIANA DE TENIS (AZUTENIS). 2.- SE DECLINA LA COMPETENCIA para conocer del presente asunto, en el Juzgado de Municipio, del Municipio Maracaibo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que le corresponda conocer por distribución. 3.- NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS PROCESALES, dada la naturaleza del fallo.

NULO el auto de fecha 1 de octubre de 2010, dictado por el JUZGADO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, mediante el cual se oye en ambos efectos el recurso de apelación propuesto por la representación judicial de la parte demandada en la presente causa, tomando base en los elementos establecidos en la presente decisión, en consecuencia

SIN LUGAR el recurso de apelación propuesto por la ciudadana NILDA CRISTINA SHIERA PRIETO, por intermedio de su apoderada judicial DUILIA GARCÍA, contra sentencia definitiva de fecha 16 de junio de 2010, proferida por el JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

EXTINGUIDA LA INSTANCIA

Este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMON BOLIVAR DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: PARCIALMENTE CON LUGAR LA PRESENTE ACCION, con motivo del juicio de "DESALOJO", seguido por la ciudadana BENITA DEL CARMEN BOZO DE ZAVARCE contra GLADYS ROXANA LUCENA RAMOS, antes identificados, condenándola PRIMERO: A la desocupación inmediata del inmueble objeto de la presente acción, libre de personas y bienes. SEGUNDO: El pago de los servicios públicos, y el pago de los cánones de arrendamiento correspondiente a los meses de AGOSTO A NOVIEMBRE del año 2009; DICIEMBRE 2009 a NOVIEMBRE 2010 y DICIEMBRE 2010 a FEBRERO 2011; a razón de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLIVARES (Bs. 451,00) lo cual hace un total de: OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLIVARES (Bs. 8.569,00).- TERCERO: No se condena en costas por la naturaleza del .....

No obstante, de acuerdo a la jurisprudencia antes citada, el Juez no puede decretar una medida sin que exista prueba de los requisitos que establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto constata este Despacho que no consta en actas, prueba alguna que demuestre la verificación de la existencia de un riesgo real y comprobable de que pueda resultar ilusoria la ejecución de la sentencia definitiva, mediante un medio de prueba que pueda constatar el Juez, y así observar al menos, una presunción grave de tal hecho, a juicio de quien sentencia no se encuentra demostrado el periculum in mora, pues el accionante se limitó a solicitar la medida preventiva de embargo de conformidad con los artículos 588 y 591 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide. En consecuencia, al no encontrarse llenos los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para decretar la medida solicitada, pues es carga del actor cumplir con todas las condiciones .....