En consideración de lo antes expuestos, y aunado que de la Certificación de Gravámenes del inmueble consignada por la parte interesada, expedida por el Registrador Público del Primer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, se evidencia que el mismo se encuentra libre de medidas y gravámenes, siendo su ubicación y justiprecio aceptable para los fines que se ofrece, cumpliendo así lo establecido en el ordinal 2° del artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECLARA en el presente procedimiento de INTERDICTO RESTITUTORIO intentado por la ciudadana BEATRIZ PINEDA BELLOSO venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 102.399 contra el COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA, formalmente constituida GARANTÍA LEGAL DE NATURALEZA HIPOTECARIA DE PRIMER GRADO A FAVOR DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA, ANTES IDENTIFICADO, A LA ORDEN DE ESTE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL.....

En consecuencia, de conformidad con el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECLARA EN ESTADO DE EJECUCIÓN FORZOSA la sentencia dictada en actas, y ORDENA LA ENTREGA del inmueble objeto del presente litigio, constituido por un local comercial, situado en la calle 72 entre avenidas 10 y 11, signado con el No. 10-51, en jurisdicción de la parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, posee una superficie aproximada de 401,34 Mts2, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: La cale 72, Sur: inmueble que es o fue propiedad de Avilio Sutherland y Jesús Roldan, Este: con inmueble que es o fue propiedad de Columba Boada, y Oeste: inmueble que es o fue propiedad de Antonio Rodríguez, a la parte actora, salvo los derechos de terceros.

Por los fundamentos expuestos este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, declara: - SIN LUGAR la demanda de DIVORCIO propuesta por el ciudadano CIRO RAFAEL MORALES SILVA, contra la ciudadana ARLENY GEORGINA TAPIA BOSCAN fundamentada en la causal tercera del artículo 185 del Código Civil. - SE CONDENA a la parte demandante al pago de las costas procesales de esta Instancia por haber sido vencida totalmente, conforme al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ¿ CON LUGAR la demanda de DIVORCIO ORDINARIO, incoada por el ciudadano LUÍS ALFREDO BRAVO NAVA, contra la ciudadana ISABEL CHIQUINQUIRÁ GONZÁLEZ MÚJICA, plenamente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.- ¿ SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada, ciudadana ISABEL CHIQUINQUIRÁ GONZÁLEZ MÚJICA, por haber sido totalmente vencido en la presente causa, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.-

(...) acuerda MODIFICAR LA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO decretada en fecha veintiséis (26) de marzo del año 2010, en el sentido que la que misma versará sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada sociedad mercantil OBIPRO, C.A. y el ciudadano DANIEL ANTONIO MORENO CORONEL, hasta cubrir la cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 616.882,oo), (...).

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrado justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1) IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PERENCIÓN formulada por la ciudadana AVELINA DEL CARMEN CARDOZO, debidamente asistida por el profesional del derecho ENDER PORTILLO MARTÍNEZ, ambos plenamente identificados en actas. 2) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por lo especial del fallo.

Aplicando la norma antes transcrita al caso bajo estudio y en observancia que el proceso se encuentra en estadio procesal de citación, no es necesario el consentimiento de la contraparte para efectuar el referido desistimiento, el cual de la revisión realizada no contraviene la Ley, el orden público o las buenas costumbres, encontrando conforme el mismo, este Tribunal, da por consumado el acto, lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

Explanada así la situación, el Tribunal, en observancia que la transacción realizada no es contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, la encuentra conforme en los términos precedentemente explicitados, impartiendo su aprobación a dicha transacción, sólo en lo que se refiere a la deuda pendiente contenida en el contrato N° 109930003000, no haciendo mención alguna en relación a los otros conceptos por no ser estos motivos de la demanda a la que se refiere la presente resolución, declarándola en consecuencia en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.