CON LUGAR el recurso de apelación propuesto por el ciudadano BERNARD POEY QUINTAA, por intermedio de sus apoderados judiciales BELKY GIL ALDANA y HUGO RODRÍGUEZ, contra sentencia proferida en fecha 8 de julio de 2008 por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Por todo lo anteriormente expuesto este JUZGADO SEGUNDO EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Decreta: PRIMERO: SE ADMITE LA ACUSACIÓN presentada por la Fiscalía 6 del Ministerio Público, en contra del ciudadano SANTIAGO JOSE GARCÍA CARRUYO, por la presunta comisión de los delitos de AMENAZA AGRAVADA Y VIOLENCIA FÍSICA, previstos y sancionados en los artículo 41 Primer a Aparte y 42 Primer Aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MARIA CHIQUINQUIRA MONTERO. SEGUNDO: SE ADMITEN LAS PRUEBAS EN SU TOTALIDAD, ofrecidas por la Fiscalía 6 del Ministerio Público, en cada una de sus partes, por ser útiles, necesarias y pertinentes de conformidad con el artículo 330, ordinal 9 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: S.....

Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana ZULEIMA DEL CARMEN PRIETO, titular de la Cédula de Identidad N° 14.073.800, actuando en nombre y representación de los ciudadanos LEDIN MARITZA RODRÍGUEZ ESTEKMAN, MILEIDYS COROMOTO VÍLCHEZ RODRÍGUEZ, MARBELIS JOSÉ VÍLCHEZ RODRÍGUEZ, MIGUEL JOSÉ VÍLCHEZ RODRÍGUEZ, ALEXANDER JOSÉ VÍLCHEZ ÁLVAREZ y ELVIS ENRIQUE VÍLCHEZ ÁLVAREZ, debidamente asistida por el profesional del Derecho HENDRICK RAFAEL FERNÁNDEZ ROMERO, Inpreabogado bajo el N° 56.904, lo cual no es óbice para que el solicitante de marras, en el caso de que considere que han variado las circunstancias por las cuales se negó dicha entrega, pueda volver a solicitar el vehículo de las siguientes características: CLASE: AUTOMÓVIL, TIPO: SEDAN, MA.....

Por cuanto constan en actas los instrumentos de procedencia correspondientes, este Órgano Jurisdiccional decreta MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO, de los bienes pertenecientes a la deudora suficientes hasta cubrir la cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 217.357,77), referidos a la suma demandada, más las costas prudentemente calculadas; para lo cual se ordena abrir la pieza correspondiente, expidiéndose para tal fin la copia certificada de dicha solicitud, para su tramitación, cuya ejecución se fijará mediante auto por separado, todo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil.

este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que se ha consumado de pleno derecho la PERENCIÓN y en consecuencia, se ha EXTINGUIDO LA INSTANCIA en la presente causa.

Así las cosas, y por cuanto se encuentran cubiertos los extremos exigidos por el legislador, este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.099 del Código de Comercio, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y con base en los argumentos esgrimidos ut supra, decreta MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, sociedad mercantil INPARK DRILLING FLUIDS, S.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción del Estado Zulia, el día 20 de octubre de 2000, bajo el No. 40, Tomo 2-A cuarto trimestre, hasta cubrir la cantidad de QUINCE MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTITRÉS BOLÍVARES CON 22/100 (Bs. 15.029.123,22), suma equivalente a las cantidades de dinero reclamadas por la parte actora en el escrito libelar, por concepto de las facturas causadas, vencidas y no pagadas.

en cuanto al pedimento de medida precautelativa de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la profesional del derecho SARA ELENA LEÓN BOHÓRQUEZ, supra identificada, esta operadora de justicia considera que en la presente causa no se encuentra acreditado el supuesto peligro de infructuosidad en la ejecución del fallo, puesto que la partición in commento, recae sobre unas cantidades de dinero las cuales se encuentran depositadas en una institución bancaria, por lo que mal podría esta sentenciadora proceder al decreto de la providencia cautelar solicitada, sin elementos que hagan emerger verosimilitud simple de la premura en la protección de la situación fáctica durante el iter procesal.

DECISIÓN Por los fundamentos antes expuestos, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes y con Competencia en Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ADMITE el Recurso de Apelación de Auto interpuesto por la ciudadana Abogada GISELA PARRA FUENMAYOR, en su carácter de Fiscala Cuadragésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en contra de la decisión N° 4C-620-11, dictada en fecha 04 de marzo de 2011, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de conformidad con lo previsto en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, diarícese, publíquese y déjese copia certificada en archivo.

DECISIÓN Por los fundamentos antes expuestos, esta CORTE SUPERIOR SECCIÓN ADOLESCENTES Y CON COMPETENCIA EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE POR INFUNDADO, el Recurso de Apelación de Auto, interpuesto por los ciudadanos abogados JAVIER ANTONIO JAIMES JAIMES y JORGE JOSÉ GOMEZ, actuando como defensores del ciudadano actuando como defensores del ciudadano RIGOBERTO ANTONIO NIEVES CARDENAS, de conformidad con lo previsto en los artículos 432, 435, 441,447.5 y 448 del Código Orgánico Procesal Penal, y el criterio contenido en el fallo 3405, de fecha 07-11-05, dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que antes se citó.

este Tribunal Superior la recibe, le da entrada y ordena agregarla a los fines legales pertinentes.-.