Este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ¿ INCOMPETENTE para conocer del presente Juicio de EJECUCIÓN DE FIANZA, incoada por la FUNDACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO ZULIA (FUNDAEDUCA), en contra de la Sociedades Mercantiles CONSTRUCCIONES A Y S.A. y UNIVERSAL DE SEGUROS C.A., suficientemente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.- ¿ REMÍTASE el presente expediente contentivo del Juicio de EJECUCIÓN DE FIANZA, incoada por la FUNDACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO ZULIA (FUNDAEDUCA), en contra de las Sociedades Mercantiles CONSTRUCCIONES A Y E S.A. y UNIVERSAL DE SEGUROS, suficientemente identificados en actas, al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado.....

Planteada así la situación, el Tribunal vista la transacción efectuada y en observancia que la misma no es contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, la encuentra conforme en los términos precedentemente explicitados, impartiendo su aprobación a dicha transacción, de conformidad con lo previsto en el Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, declarándola en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

De la revisión efectuada a las actas procesales, se observa que el abogado ADOLFO ROMERO ANGULO, antes identificado demanda por HONORARIOS PROFESIONALES a los ciudadanos CARLOS JULIO MORENO ROJO y CARMEN MARIA MONTIEL DE MORENO, igualmente identificados con antelación, tramitándose el proceso hasta la etapa de intimación, observándose que en dicho estadio procesal las partes realizan la transacción antes especificada, bajo las condiciones y términos señalados en la misma, por lo que en observancia que la misma no es contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, el Tribunal la encuentra conforme en los términos precedentemente explicitados, impartiendo su aprobación a dicha transacción, declarándola en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

De lo antes trascrito, se evidencia que las medidas preventivas no son concordante con la naturaleza de los procedimientos voluntarios, como el que se ventila en autos, dado que las medidas preventivas son accesorias a la causa principal, vale decir deben estar revestidas de instrumentalidad para garantizar la eventual ejecución del fallo, empero, en el caso de autos en un proceso sin contención en los cuales no hay paso a una fase ejecutiva, por lo que al no ser procedente en decreto de medidas cautelares en la presente causa, este Sustanciador NIEGA LA MEDIDA PREVENTIVA solicitada.- Así se decide.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y revisados los documentos en los que se fundamenta la pretensión, este Juzgado considera que se encuentra demostrados los extremos legales exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil y a fin de evitar la cadena traslativa del inmueble objeto del litigio, de conformidad con el artículo 585 en concordancia con el ordinal 3° del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia decreta MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el siguiente inmueble: (...).

Ahora bien, consta de las actas procesales, que por resolución de fecha veinte (20) de marzo de 2006, se procede como Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada el Decreto Intimatorio de fecha 27 de septiembre de 2005, y previa solicitud de parte, por auto de fecha 08 de enero del 2010, se le concedió a la parte demandada el lapso de cinco (5) días de despacho para el cumplimiento voluntario, y pasado dicho lapso sin que se cumpliera voluntariamente de conformidad con el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECLARA EN ESTADO DE EJECUCIÓN FORZOSA la resolución dictada en la presente causa, en consecuencia vista la cantidad condenada a pagar, DECRETA MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO sobre bienes muebles e inmuebles propiedad de la parte demandada, los cuales deberán ser indicados ante el Juzgado Ejecutor, hasta cubrir la cantidad de QUINCE MIL BOLÍVARES (Bs. 15.000,oo), suma prudencialmente calculada por este Tribunal.

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente solicitud de DIVORCIO y en consecuencia, queda DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos RAMON EMIRO HUERTA ANGARITA y OMAIRA CRISTINA SOTO, el día veintidós (22) de septiembre del año mil novecientos ochenta y cuatro (1.984), por ante el Prefecto y Secretario respectivamente, del antiguo Municipio Cacique Mara, hoy Parroquia Cacique Mara, Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 1.052.

En consecuencia, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, declara DISUELTO el MATRIMONIO CIVIL que contrajeron los ciudadanos DONARD ENRIQUE SOTO HERNANDEZ y DAYANNA ANYELY RINCON MONTIEL el día veintiocho (28) de febrero del año dos mil siete (2.007), por ante el Registrador Civil y Secretario respectivamente, de la Parroquia San Francisco, Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 96.