Por los fundamentos expuestos; este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, administrando Justicia en NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, DECLARA: A) Perimida la Instancia en el Juicio de COBRO DE BOLIVARES (Intimación) seguido por DIONES MILAGROS NAVA actuando con el carácter de Endosataria en Procuración de la ciudadana CARMEN FARIAS contra JOSE A. LOPEZ, identificados en la parte narrativa de este fallo.- B) No se hace pronunciamiento sobre las costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Homologado el DESISTIMIENTO suscrito en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION) ha incoado DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PETROLEROS Y PETROQUIMICOS, C.A (DIMAPECA) en contra de HALLIBURTON DE VENEZUELA, S.A. ya identificados, pasándolo en autoridad de cosa juzgada.- En cuanto a la entrega de dinero y suspensión de las medidas decretadas el Tribunal resolverá lo conducente por auto separado.- No hay condenatoria en costas en virtud de que la homologación obedece a la propia voluntad de las partes.- Déjese por secretaria copias certificadas de este fallo de conformidad con los artículos 248 del Código de Procedimiento Civil, 1384 del Código Civil y 72 numerales 3 y 9 de la Ley Orgánica del Poder.....

Este JUZGADO PRIMERO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA, SAN FRANCISCO, MARA, PÁEZ Y ALMIRANTE PADILLA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, dándole cumplimiento a la presente comisión, en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, declara EMBARGADO EJECUTIVAMENTE, el vehículo automotor anteriormente identificado, propiedad de la parte demandada, señalado por la parte actora, hasta cubrir el monto señalado en el despacho comisorio es decir la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA MIL BOLIVARES (Bs.360.000,oo), haciendo formal entrega del mismo a la DEPOSITARIA JUDICIAL SANTA MARIA, C.A. (DEPOSACA) representada en este acto por el ciudadano ALBERTO JOSE NAVARRO, antes identificado, quien declara recibirlo en este acto en las condiciones arriba mencionadas, y se ordena remitir las presentes actuaciones al juzgado de la causa a solicitud de la parte actora.

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: su COMPENTENCIA para conocer de la solicitud de Exequátur de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia No. 3 de Murcia, España, mediante la cual se disolvió el vínculo matrimonial que existía entre los ciudadanos BIANNELYS DE LOURDES GÓMEZ PARRA y el ciudadano DIRMO JOSÉ ORTEGA MARTÍNEZ; y ORDENA que en un lapso de veinte (20) días de despacho siguientes a la publicación del correspondiente fallo, la interesada consigne los requisitos señalados en la parte motiva del presente fallo.

TRIBUNAL SÉPTIMO DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, actuando en sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara: PRIMERO: INADMISIBLE la solicitud de amparo constitucional interpuesto por el SINDICATO AUTÓNOMO PROFESIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD SUS SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO ZULIA (SAPTRASEZ) contra el SERVICIO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO (S.A.H.U.M.), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud y Asistencia Social. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del fallo.

DISPOSITIVO Por los fundamentos expuestos en líneas pretéritas, este JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara:  PRIMERO: CON LUGAR el acto procesal por antonomasia que contiene la pretensión y el derecho material de la actora, esto es, la demanda que por DESALOJO incoara la ciudadana SONIA DEL CONSUELO MUÑOZ DE DI SALVO en contra de la ciudadana CAROLINA ANTONIETA VAZQUEZ QUINTERO.-  SEGUNDO: Se ordena a la demandada de autos ciudadana CAROLINA ANTONIETA VAZQUEZ QUINTERO, hacer entrega a la parte actora, el inmueble situado entre las avenidas 9 y 10 en el Conjunto Residencial EL ROSAL, Torre Oeste 1, Piso 10, Apartamento N° 01-10, jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos Municipio Maracaibo del Estado Zulia, libre de personas y cosas, otorgándosele .....

Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos antes señalados en la parte motiva de esta decisión, este JUZGADO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: La homologación del convenimiento celebrado en fecha veintiséis (26) de enero de 2011, entre el demandado, ciudadano MIGUEL ÁNGEL CHACÓN RANGEL, debidamente asistido por el profesional del derecho, ciudadano JULIO CESAR ROSALES SÁNCHEZ, por una parte, y por la otra, la ciudadana MAYDA VALDEBLANQUEZ, debidamente asistida por su apoderada judicial, ciudadana SUGEY ALVAREZ DE MORALES, plenamente identificados en autos. Se da por consumado el acto y se procede como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada

este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el referido artículo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 ejusdem, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente proceso que por COBRO DE BOLÍVARES (Por Intimación), instauró la ciudadana MAIGUALIDA LEAL, contra los ciudadanos BLANCA GARCÍA DE DURÁN y JORGE DURÁN, todos ya identificados en la parte narrativa de este fallo.

este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el referido artículo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 ejusdem, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente proceso que por COBRO DE BOLÍVARES (Por Intimación) instauraron los ciudadanos CARLOS EDUARDO ADRIANZA PÉREZ y AMILCAR BOSCAN PARRA, obrando en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BOLÍVAR BANCO, C.A., contra la sociedad mercantil INVERSIONES CITY CARS S.A., y el ciudadano HERVING JOSE URDANETA GONZALEZ, todos ya identificados en la parte narrativa de este fallo.

JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Maracaibo, 26 de enero de 2011. Años 200° y 151°.- Vista la anterior solicitud de Medida Preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar, este Juzgado prevé que las Medidas Preventivas o Cautelares consagradas en nuestra Ley Procesal tienen como función garantizar el cumplimiento de la sentencia definitiva y mantener la eficacia del proceso, esto sin incurrir en una lesión excesiva de los derechos de la parte contra la que se ha de establecer la cautela, no pudiendo de esta manera dichas Medidas producir mas daño del que pretenden evitar, por lo que deben ser proporcionales a la obligación a garantizar, proporcionalidad que impide la vulneración de los derechos de la contraparte y de terceros. Al respecto, al revisar los recaudos acompañados junto con la presente solicitud, observa este Tribunal que el bien inmueble sobre el cual se solicita que recaiga la .....