Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: A) PERIMIDA LA INSTANCIA EN EL JUICIO DE REVISIÓN DE CONTRATO seguido por la sociedad mercantil ALMACENADORA SAIVER, C.A. contra los ciudadanos CECILIO PALMAR GONZÁLEZ, LUIS ANTONIO PALMAR GONZÁLEZ, CIRA ELENA PALMAR DE RAMÍREZ, ELIA MARÍA PALMAR DE GONZÁLEZ, DIONICIA PALMAR DE ABOU AMAR, ANA ISOLINA PALMAR DE PINEDA, ANTONIO PALMAR GONZÁLEZ, MARÍA ANICIA PALMAR DE IGUARÁN Y LUDI BEATRIZ PALMAR DE MATOS, ya identificados. B) EXTINGUIDA LA CAUSA C) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS POR LO ESPECIAL DEL FALLO D) Líbrese boleta de notificación.

De igual manera, este Tribunal debe acotar que entre marido y mujer son comunes de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio, y que esta comunidad de bienes comienza el día de la celebración del matrimonio, según lo establecen los artículos 148 y 149 del Código Civil; por lo que de conformidad con lo establecido en el articulo 191, ordinal 3 del Código Civil, a fin de evitar la dilapidación, disposición u ocultamiento de los bienes que conforman la comunidad conyugal en concordancia con lo establecido en el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, decreta MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre el cincuenta por ciento (50%) DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, FONDO DE AHORRO O CAJA DE AHORRO Y FIDEICOMISO ENTENDIDO COMO LOS INTERESES DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, ANTIGÜEDAD, MERITOCRACIA Y LÍQUIDAS que corresponden al ciudadano William Ramón Ferrer antes identificado, de su relación laboral antes señalada.

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Administrando Justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: • INCOMPETENTE por razón de la cuantía, para conocer el presente procedimiento de Resolución de contrato de arrendamiento, incoado por el ciudadano HENRY LEVI ANDRADE PEROZO, en contra de los ciudadanos JORVIS HILL DE LA VICTORIA ESCOBAR y JANNETT OBDALIS VARGAS NIÑO, todos plenamente identificados con anterioridad, declinando la competencia en el Tribunal de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que por efectos de distribución corresponda aprehender el conocimiento de este juicio. • Remítanse las actuaciones a la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Poder Judicial del Estado Zulia, con sede en el Edificio Arauca.

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: A) SIN LUGAR la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la falta de jurisdicción del juez, o la incompetencia de éste, o la litispendencia, o que el asunto deba acumularse a otro proceso por razones de accesoriedad, de conexión o de continencia, promovida apoderado judicial de la parte demandada ciudadana MARIA LUCINDA CHACÓN LA CRUZ, en contra de la ciudadana AURORA CHACÓN LA CRUZ, plenamente identificados en actas. B) SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada, de conformidad con la normativa contenida en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, aplicando los conceptos antes expresados al caso bajo estudio, se evidencia que los mismos no se circunscriben a éste, puesto que la indexación o corrección monetaria es aplicable a las obligaciones dinerarias que devienen de una relación contractual, no siendo este el caso del presente proceso de partición, ya que el derecho de partir y liquidar los bienes comunes producto de una comunidad ordinaria, nace con de la voluntad de las partes de no continuar en comunidad; en consecuencia, la depreciación de la moneda no afecta a los bienes que la conforman pues los mismos son necesariamente valorados precio actual antes de la liquidación, que bien puede ser establecido de mutuo acuerdo o por avalúo a realizar por expertos; en consecuencia se declara IMPROCEDENTE la corrección monetaria solicitada. ASÍ SE DECLARA.-