Por tales motivos, resulta acertado para este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, declarar: IMPROCEDENTE la cuestión previa alegada, por ser una defensa incompatible con los proceso de partición de herencia. Así se decide. No obstante, esta Jueza como conocedora del derecho determina que aún cuando la posición adoptada por la demandada no es procedente, la misma constituye alegatos que deberán ser tomados en cuanta por esta jurisdicente, de acuerdo a su pertinencia y relación con la materia objeto de la presente litis, al momento de dictar sentencia. Así se decide. Asimismo, en aras de favorecer la seguridad jurídica y mantener incólume el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes, esta operadora de justicia para estabilizar el orden procedimental establece que la presente partición de herencia, se encuentra en la etapa de promoción de pruebas; en ese sentido, dicha etapa comenzar.....

, este Tribunal considerando que con dicha Transacción no se lesionan derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional ni ley específica alguna, procede a impartir la aprobación que se le requiere y en consecuencia, homologa la Transacción celebrada, en los mismos términos y condiciones expresados. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Se dejan a salvo los derechos de terceros. Asimismo se el archivo del expediente. Así se resuelve.-

Acreditada la pretensión a través del soporte instrumental al que hace referencia el Artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, y requiriéndose solamente la constatación por el Juzgador, la cual fue realizada en la forma establecida, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley, en ejercicio de la POTESTAD CAUTELAR deferida en el Artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA: MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, en el caso de que se embargasen cantidades de dinero, el monto a embargar será hasta por la cantidad de OCHOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS DOCE BOLÍVARES CON VEINTIUN CÉNTIMOS (Bs.870.612,21) que corresponde a la suma reclamada, advirtiendo al comisionado que las cantidades de dinero deberán ser remitidas a este Tribunal en Cheque de Gerencia a nombre de este Juzgado; y en caso que la medida recayera sobre bien.....

ahora bien esta operadora de justicia y de conformidad de las atribuciones que le confiere el articulo 191 del Código Civil Venezolano, acuerda en decretar las siguientes medidas: 1. Se decreta MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre el 25% del 50% de los derechos que como cónyuge le corresponden al ciudadano JORGE SANTAMARÍA, antes identificado, de un inmueble de su propiedad según documento de compra-venta que riela inserto del folio Treinta y Cinco (35) al Cuarenta y Dos (42) de la Pieza Principal, constituido por un apartamento Nº 214, Piso 2, Edificio C, Conjunto residencial las Pirámides en jurisdicción de la Parroquia Cristo de Aranza del Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, el cual posee un área aproximada de SETENTA Y SIETE COMA ONCE METROS CUADRADOS (77,11 MTS2), con un puesto de estacionamiento, y consta de sala-comedor, Dos (02) dormitorios con sus closets, Dos (02) baños, cocina, área de servicio de batea, y cuyos linderos son los siguientes.....

Ahora bien, visto el justificativo de testigos consignado con la diligencia supra mencionada, la ciudadana MAGALY JOSEFINA ALTUVE DE BAYUELLO no ha demostrado la imposibilidad, la edad, condición de la persona y demás circunstancias de mantenerse, requisitos necesarios para el decreto de la medida debidamente requeridos por el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia y por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal NIEGA LA MEDIDA solicitada por la ciudadana MAGALY JOSEFINA ALTUVE DE BAYUELLO.-

Por los fundamentos antes esbozados, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en observancia del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, en aras de resguardar el derecho a la defensa de las partes y garantizar un debido proceso, ordena: REPONER la causa al estado en el sentido indicado con anterioridad. Así se decide.

Por los fundamentos antes expuestos este Juzgado Cuarto de primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el juicio de invalidación incoado por el ciudadano Manuel Salvador Portillo en contra de la ciudadana Jennys Josefina Bracho Guerere, suficientemente identificados en las actas; en consecuencia, se mantiene con plenos efectos jurídicos la sentencia ejecutoria dictada por este Juzgado en fecha 15 de diciembre de 2.010. SEGUNDO. Se condena en costas a la parte demandante de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

este Tribunal considerando que con lo convenido por las partes, no lesiona derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional ni ley especifica alguna, procede a impartir la aprobación que se le requiere y en consecuencia homologa el convenimiento, antedicho en los términos y condiciones expuestos, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, dejándose a salvo los derechos de terceros.- Se ordena el archivo del expediente. Asimismo, se ordena expedir las copias certificadas mecanografiadas solicitadas con la inserción de la presente decisión.-

este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley, en aras de garantizar el elemento subjetivo de la pretensión decreta: Medida de Embargo Preventivo sobre los siguientes conceptos: a) El veinticinco por ciento (25%) del sueldo que le corresponde al ciudadano demandado como oficial adscrito a la Policía Regional. b) El veinticinco por ciento (25%) de las utilidades que le corresponde al ciudadano demandado. c) El veinticinco por ciento (25%) de las vacaciones y bono vacacional de los cuales goza el ciudadano demandado. d) El veinticinco por ciento (25%) de las prestaciones sociales y de cualquier otra cantidad que pudiera corresponderle al mencionado ciudadano como oficiar adscrito a la Policía Regional, entendiéndose por este pago de horas extras, sobre tiempos, guardia nocturna, guardia mixto, primas domingos trabajados,.....