DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto ESTE JUZGADO PRIMERO DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS DEL CIRCUITO JUDICIAL CON COMPETENCIA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, Decreta: PRIMERO: SE ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, en contra del imputado ADAULFO ENRIQUE PEREZ , por la presunta comisión del delito de AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MAIRETH JOSEFINA RINCON RAMIREZ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 313 Ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: SE ADMITEN todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y se dan por reproducidas. TERCERO: Una vez admitida la acusación, este Tribunal Especializado, SUSPENDE EL PROCESO.....

Por los fundamentos antes expuestos, este TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECRETA: LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO de conformidad con lo establecido en el Artículo 43, 44 y 45 del Código Orgánico Procesal Penal con vigencia anticipada de la ultima reforma de fecha 15/08/12, a la acusada GEISA YOSABETH PAREDES SANCHEZ, de nacionalidad Venezolana, natural de Mérida, nacida en fecha 30-03-1977, de 35 años de edad, de estado civil soltera, de profesión u oficio Contadora Pública, titular de la cédula identidad No V-13.577.627, hija de Luis Eduardo Paredes y María Fátima Sánchez, residenciada en la Urbanización Los Samanes, avenida Las Américas, Edificio Torre D, piso 5, apartamento 5-2, parroquia Mariano Picón Salaz, Municipio Libertador, estado Mérida, telefono 0274-2632585/0424-7822797, por la comisión del de.....

Por los fundamentos expuesto este JUZGADO DECIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIONES CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por la Fiscalia 14 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; en contra del imputado EMIRO GASPAR PINTO FLORES, de nacionalidad Colombiano, natural de Barraquilla, titular de la Cédula de Identidad N° (No porta) fecha de nacimiento 01-11-1972, de 40 años de edad, profesión u oficio Comerciante, estado civil soltero, hijo de Jesús maría Pinto González y María de Jesús Flores Espinosa y residenciado en el Barrio Nueva Venezuela, avenida 45, casa N° 95F-P-67, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, Telf: 0424-6717865, 0261-5245000; por la presunta comisión de los delitos de por la presunta comisión de los delitos de USO DE DOCUMENTO FALSO Y USURPACIÓ.....

En consecuencia de la incomparecencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 153 y 202. El Juez La Secretaria Abog. Alfredo García López Aboga. Maira Parra

este Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL ACUERDO TRANSACCIONAL, presentado por las partes

este Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL ACUERDO TRANSACCIONAL, presentado por las partes

se homologa la transacción presentada en el presente asunto laboral.

DISPOSITIVO: POR LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS, ESTE JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: 1.- VERIFICADA COMO HA SIDO LA CUALIDAD QUE OBSTENTAN LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PRESENTE CASO, HOMOLOGA LA PRESENTE TRANSACCIÓN SUSCRITA POR EL CIUDADANO MIGUEL ANGEL HUERTA BARRERA Y LA SOCIEDAD MERCANTIL SEMICONDUCTORES SANTO DOMINGO, C.A.; POR LO QUE SE LE ATRIBUYE EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA, DANDOSE POR TERMINADO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO CON RELACIÓN AL DEMANDANTE ANTES MENCIONADO Y ORDENÁNDOSE EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE. 2.- SE ORDENA EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DEL ESCRITO DE TRANSACCION Y DE LA PRESENTE SENTENCIA INTERLOCUTORIA. Dada, firmada y sellada en la Sala de este JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN .....

Por los Fundamentos antes expuestos, este TRIBUNAL ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA CON LUGAR LA PRESENTE ACCION que por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION) incoada por el ciudadano DARIO GOMEZ GARRIDO ( EN SU CARÁCTER DE ENDOSATARIO EN PROCURACION DEL CIUDADANO GUSTAVO JOSE GOMEZ GARRIDO) contra CARLOS ROMERO todos identificados plenamente en actas y en consecuencia sentencia: PRIMERO: Se condena a la parte demandada al pago de la cantidad de: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 18.750,00) que es el monto intimado a pagar.- SEGUNDO: Se condena en costas y costos, por haber sido vencido totalmente el demandado en esta instancia, de conformidad con el articulo 274 del Código de Procedimiento Civil.- ASI SE DECIDE

Es así como este sentenciador observa que en efecto tenemos que el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, exige dos requisitos para que las medidas de carácter cautelar se decreten, a saber: El fomus bonis iuris o presunción de un buen derecho, que en el caso que nos ocupa se obtiene de cualidad de los documentos fundantes la acción que obstenta la demandante. En cuanto al segundo requisito el cual versa sobre el periculum in Mora, a saber, cuando existe riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución, vale decir el temor fundado de que lo pretendido con la acción incoada, aun en el caso de declararse con lugar, esta se viere infructuosa por las actuaciones materializadas por el accionado dirigidas a ocultar, gravar o enajenar, de manera fraudulenta, bienes pertenecientes a la demandada. Cabe destacar lo referido por el Periculum In Danni que acoge este Órgano Jurisdicente, debe entonces llegarse a la conclusión de que la medida solicitada procede en derecho y en tu.....