Por los fundamentos amplia y claramente expuestos con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ¿ PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES JUDICIALES, intentado por la ciudadana BEATRIZ VARGAS BLANCO, en contra del ciudadano LUÍS ALFREDO ATENCIO ATENCIO, y de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA LUÍS ALFREDO ATENCIO E HIJOS, plenamente identificadas en actas. ASÍ SE DECIDE.- ¿ NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.-

Aunado a lo anterior, este Juzgador debe garantizar el derecho al debido proceso, así como el derecho de defensa, que se verían violentados a los ciudadanos Franklin Javier Nuñes Rincón, Marina Josefina Rincón de González, Francisco Javier Nuñez, Dionisio Muñoz Rincón, Maria del Carmen Nuñez, Milagros Nuñez Rincón, Jorge José Barboza Rincón, Alexander Muñoz, Lienza Muñoz Rincón y Leonardo Levi Lopez de acceder al pedimento realizado por la parte actora, debido a que dichos ciudadanos al no haber sido parte en la presente causa, no tuvieron oportunidad para desvirtuar a lo alegado por la representación judicial de la parte actora, por lo que, al no poder este Tribunal en virtud del principio de inmutabilidad de la sentencia, modificar lo dispuesto por la sentencia definitivamente dictada en actas, así como extender los efectos de la ejecución forzosa de autos a personas que no han sido parte en la traba de la listis, en consecuencia este Tribunal NIEGA el pedimento realizado por la re.....

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y revisados los documentos en los que se fundamenta la pretensión, este Juzgado considera que se encuentra demostrados los extremos legales exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, por lo que este Tribunal de conformidad con lo establecido en el ordinal 3º del Articulo 588 en concordancia con el ordinal 7º del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, decreta MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO, sobre un inmueble constituido por un apartamento signado con el No. Este-7 del Edificio Vértice, ubicado en la avenida 15 (antes Las Delicias) esquina con calle 55, distinguido con el No. 55-14, en el sector conocido como Monte Claro Bajo, entre avenidas 3B y 3C, No. 3B-235, en jurisdicción de la parroquia Juana de Avila del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Con fachada principal del Edificio, hacia la call.....

Ahora bien, notificada como fue la parte demandada, y transcurrido el lapso procesal establecido para dar cumplimiento voluntario, de conformidad con el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECLARA EN ESTADO DE EJECUCIÓN FORZOSA la sentencia definitivamente firme dictada en la presente causa.-

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente solicitud de DIVORCIO y en consecuencia, queda DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos ANGEL CIRILO GONZALEZ y MAGARITA JOSEFINA RONDON, el día doce (12) de abril del año mil novecientos ochenta y ocho (1.988), por ante el Prefecto y Secretario respectivamente, del antiguo Municipio San Francisco del Distrito Maracaibo, hoy Parroquia San Francisco, Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 332.

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente solicitud de DIVORCIO y en consecuencia, queda DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos CRUZ MARIO PEREIRA y MARLENE COROMOTO PEREZ ESCALONA, el día once (11) de febrero del año mil novecientos ochenta y siete (1.987), por ante el Prefecto y Secretaria respectivamente, del Distrito Jiménez, Parroquia Juan Bautista Rodríguez del Estado Lara, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 14.

Planteada así la situación y por cuanto se observa que los ciudadanos ONEL ALBERTO OLIVERA RAMIREZ y CARMEN IRANIA CELIS, antes identificados, en la presente solicitud acuerdan liquidar los bienes adquiridos de la manera y forma allí establecido, por lo que al no haber objeción por dichos ciudadanos a la misma, no siendo contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, dejando a salvo un eventual derecho de tercero, la encuentra conforme y según lo previsto en el Artículo 788 del Código de Procedimiento Civil, da por consumado el acto, lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

De la interpretación realizada al fragmento de la sentencia casacional antes citada, se observa que previo a la reclamación patrimonial en ocasión a la comunidad concubinaria, debe existir una sentencia definitivamente firme declarando el concubinato, y por cuanto el concubinato es equiparado con el matrimonio, institución ésta que no admite por disposición legal la liquidación patrimonial antes del divorcio o durante la tramitación del mismo (artículo 173 del Código Civil), solo puede ser liquidado una vez se haya dictado sentencia firme de la disolución del matrimonio, salvo lo dispuesto en el Artículo 190 eiusdem, no pudiendo coexistir ambas figuras en la misma causa, esto es declaración de concubinato y liquidación y partición de la comunidad de gananciales, por lo que en atención a lo antes determinado, se declara improcedente la partición realizada, instando a las partes efectuar dicha liquidación en solicitud por separado. Así se declara.

Aplicando la norma al caso bajo estudio y ante la renuncia de la demandante para continuar el juicio y en observancia que el desistimiento no es contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, lo encuentra conforme y por disposición del Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, da por consumado el acto, lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.