Por los fundamentos expuestos este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de un (1) año por falta de impulso para practicar la Notificación del Procurador General de la República en el Juicio por Calificación de Despido, seguido por el ciudadano NESTOR LUIS RODRIGUEZ DUNO, contra la Empresa PDVSA PETROLEO, S.A representada por el ciudadano FELIX RODRIGUEZ, en su condición de Director Adjunto de Producción y Gerente General de Producción de la división de Occidente Exploración Producción y Mejoramiento de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). ASI SE DECIDE. El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Por los fundamentos expuestos este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de un (1) año por falta de impulso para practicar la Notificación del Procurador General de la República en el Juicio por Calificación de Despido, seguido por el ciudadano NESTOR ENRIQUE QUINTERO QUINTERO, contra la Empresa PDVSA PETROLEO, S.A representada por el ciudadano FELIX RODRIGUEZ, en su condición de Director Adjunto de Producción y Gerente General de Producción de la división de Occidente Exploración Producción y Mejoramiento de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). ASI SE DECIDE. El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Por los fundamentos expuestos este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de un (1) año por falta de impulso para practicar la Notificación del Procurador General de la República en el Juicio por Calificación de Despido, seguido por el ciudadano RAFAEL CELESTINO CARDOZA DÍAZ, contra la Empresa PDVSA PETROLEO, S.A representada por el ciudadano FELIX RODRIGUEZ, en su condición de Director Adjunto de Producción y Gerente General de Producción de la división de Occidente Exploración Producción y Mejoramiento de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). ASI SE DECIDE. El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

1. DESISTIDA la apelación interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 24 de abril de 2006, dictada por el Juzgado de los Municipios Machiques de Perijá y Rosario de Perijá de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, pero NO SE CONDENA EN COSTAS al apelante de conformidad con lo establecido en los artículos 62 y 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte co-demandada PETROLAGO C.A., en contra de la sentencia de fecha 24 de abril de 2006, dictada por el Juzgado de los Municipios Machiques de Perijá y Rosario de Perijá de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 3. SIN LUGAR la demanda de indemnizaciones por accidente de trabajo y daño moral interpuesta por el ciudadano HUMBERTO ENRIQUE MAVARES REYES frente a las empresas PETROLAGO C.A. y BP VENEZUELA HOLDINGS LIMITED. 4. SE REVOCA el fallo apelado. 5. NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS.

Este JUZGADO PRIMERO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA, SAN FRANCISCO, MARA, PAEZ Y ALMIRANTE PADILLA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, dándole cumplimiento a la presente comisión, en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA FORMALMENTE EMBARGADO EJECUTIVAMENTE, la cantidad de TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA BOLIVARES (Bs. 310.390,00), depositados en las cuentas Nos. 3606805, 3606856, pertenecientes a la parte condenada INVERSIONES SABENPE ZULIA C.A.

Este JUZGADO PRIMERO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA, SAN FRANCISCO, MARA, PAEZ Y ALMIRANTE PADILLA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, dándole cumplimiento a la presente comisión, en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA FORMALMENTE EMBARGADO EJECUTIVAMENTE, la cantidad de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON DOCE CENTIMOS (Bs. 30.812.174,12), depositados en las cuentas Nos. 106-4132576, 287-9069, 468-8154, 468-11358, pertenecientes a la parte condenada INVERSIONES SABENPE C.A.,

considera este Tribunal que examinados los recaudos acompañados y lo alegado por el querellante este Tribunal en cumplimiento a las normas invocadas acuerda AMPARAR PROVISORIAMENTE en la posesión a la querellante Asociación Civil LOS ANDES YACHT CLUB sobre el inmueble objeto de esta causa, ordenándole al INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES, sede Zulia, EL CESE DE LOS ACTOS PERTURBATORIOS y dejando a salvo el derecho de dicho organismo de probar lo que hubiere lugar en la oportunidad a la cual se refiere el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil.

1) CON LUGAR: La demanda incoada por la Sociedad Mercantil LA CASA ELÉCTRICA, inscrita en el Registro de Comercio que llevó el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DEL ESTADO ZULIA, el 3, de julio de 1936, bajo el N° 213, paginas 262 a la 263, representada legalmente por el abogado GONZALO VELÁSQUEZ ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 4.150.984, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 11.491, y de este mismo domicilio, en contra del ciudadano LENIN LARRY BAEZ AVILA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.706.798, de este domicilio, por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO. En consecuencia se da por resuelto el contrato de venta con reserva de dominio celebrado entre las partes intervinientes en este juicio, de fecha 27 de julio del 2004 y se orden a la parte demandada entregar a la parte actora el un ACONDICIONADOR, marca LG, modelo LWC123CG, serial KA05050, y una REFRIGERADORA SIN ESCARC.....

DECISIÓN Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: Consumado el acto procesal de la TRANSACCIÓN, en el juicio que por DESALOJO siguen ALFONSO ATILIO NAVA ACEVEDO y GLORISOL DEL TABOR NAVA ATENCIO, en contra del ciudadano IVO ENRIQUE ROMERO GRANADILLO, identificados en la parte narrativa de este fallo, homologándolo e impartiendo su aprobación y dándole el carácter de cosa juzgada.- ASÍ SE RESUELVE. No hay condenatoria en costas por tratarse de una transacción, de conformidad con lo establecido en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada de este fallo por Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil, en concord.....

Este JUZGADO SEGUNDO ESPECIAL EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA, SAN FRANCISCO, MARA, PAEZ Y ALMIRANTE PADILLA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, actuando en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara formalmente Secuestrado el inmueble en el cual se encuentra constituido, por ser el mismo que aparece señalado en el Despacho comisorio, tal y como fue constatado por el experto designado en este acto, y lo puso en posesión de la parte actora-secuestrataria Judicial designada, quien por intermedio de sus apoderados Judiciales, los recibió completamente desocupado, por cuanto el demandado notificado en este acto, retiró del mismo sus bienes muebles y enseres personales, bajo su total y absoluta responsabilidad y supervisión del personal obrero que actuó en el retiro de dichos bienes.