Ahora bien este Tribunal observa que la presente Transacción celebrada entre las partes, reúne los requisitos establecidos en el artículo 19 de la LEY ORGANICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS y los artículos 9 y 10 del Reglamento de la referida Ley y por cuanto la misma no vulnera derechos irrenunciables del trabajador ni normas de orden público, este Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Homologa el Presente Acuerdo, solamente de los conceptos relacionados con Prestaciones Sociales y otros beneficios de ley, establecidos en el libelo de la demanda y que damos por reproducidos en esta acta, impartiéndole el carácter de cosa Juzgada; se da por terminado el presente asunto y se ordena su archivo definitivo. Así se decide .....

SE DICTA SENTENCIA EN EL PRESENTE ASUNTO LABORAL.

INADMISIBLE la acción de Amparo Constitucional, interpuesta por el Abogado GREGORIO ANTONIO CHACON, actuando en representación de los derechos del ciudadano DANIEL ARMANDO SUAREZ, todo ello con fundamento en el artículo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto cesaron las presuntas lesiones de derechos y/o garantías constitucionales alegadas como conculcadas por el accionante identificado ut supra.

1°) HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN, propuesto por el abogado en ejercicio ERIC HUERTA CÁRDENAS, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 20.510, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos CARLOS LUIS HERNÁNDEZ VILLALOBOS y ALEJANDRA YESSIRE HERNÁNDEZ VILLALOBOS, venezolanos, mayores de edad, identificados con los números de cédula de identidad 16.781.786 y 16.781.785, respectivamente, domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia, en el juicio que por DERECHO DE PASO siguen en contra de los ciudadanos ELINARCO URDANETA y LEONARDO URDANETA, venezolanos, mayores de edad, identificados con los números de cédulas de identidad 1.078.568 y 7.822.143, respectivamente. 2°) NO HAY CONDENATORIA A COSTAS, dada la naturaleza del fallo.

DISPOSITIVO Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de l REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley declara: • Extinguida la obligación y terminado el procedimiento. • Se suspende la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada en fecha 24 de septiembre de 2018. • Se ordena el archivo del expediente. Publíquese y regístrese esta resolución. Déjese copia certificada por Secretaría de la presente decisión a los fines legales previstos en los Artículos 3º y 9º del Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder judicial, y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 248 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 del Código Civil. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA,.....

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA declara: PRIMERO: SIN LUGAR la cuestión previa contenida en el Ordinal Sexto promovida por el abogado en ejercicio ALEJANDRO ACOSTA GONZÁLEZ, en carácter de defensor Ad Litem del ciudadano Rubén Darío Pineda Vargas y la Sociedad Mercantil Avícola La Rosita S.A. respectivamente identificados en las actas. SEGUNDO: SE CONDENA en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida en la presente incidencia de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

DISPOSITIVO En virtud de lo precedentemente expuesto, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, este Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia y por autoridad de la Ley: 1. No le atribuye el carácter de cosa juzgada como transacción laboral al escrito presentado por las partes en fecha quince(15) de noviembre de 2018, en consecuencia, únicamente se deja constancia de la cantidad recibida por el ciudadano JAVIER MARTINEZ BRACHO de 45 millones 325 mil 281 bolívares con 30/100 céntimos (Bs. 45.325.281,30), por parte de la sociedad mercantil, MARITIME CONTRACTORS DE VENEZUELA, S.A dándose por terminado el presente asunto y ordenándose el archivo definitivo del expediente. De igual manera se ordena expedir copia certificada de esta sentencia por Secretaría a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia co.....

INADMISIBLE POR FALTA DE CUALIDAD la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado en ejercicio JAIRO ALEXANDER PULGAR ANDRADE, de conformidad con lo pautado en los artículos 21, 26, 27 30 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre derechos y garantías Constitucionales.

PRIMERO: ADMISIBLE el recurso de apelación de autos, interpuesto por el abogado en ejercicio LUÍS PAZ CAICEDO, en su carácter de defensor de los ciudadanos DOMENICO COCCIA, ADRIÁN ESCALONA y JULIO SÁNCHEZ, contra la decisión N° 770-18, de fecha 01 de octubre de 2018, dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. SEGUNDO: A partir del día hábil siguiente a la presente fecha comienza a transcurrir el lapso de diez (10) días hábiles para dictar la decisión correspondiente, conforme lo prevé el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal.

El Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental dictó SENTENCIA DEFINITIVA, mediante la cual declaró: 1) SU COMPETENCIA para conocer y decidir la apelación interpuesta en fecha 14 de octubre de 2015, por el ciudadano César Augusto Moros Díaz, Síndico Procurador del Municipio Bolívar del estado Táchira, contra la decisión dictada en fecha 30 de septiembre de 2015, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana LISBETH KATHERINE CONTRERAS VÉLEZ, contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLÍVAR DEL ESTADO TÁCHIRA. 2) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3) Quedó asi CONFIRMADA la decisión apelada. 4) Se ordenó NOTIFICAR a las partes la presente decisión.