Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA en el juicio antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con lo establecido en el artículo 283 ejusdem, no hay condenatoria en costas.

en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 600 del Código de Procedimiento Civil y a tenor de lo solicitado por la parte actora decreta MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre: el 37,5% de los derechos que le pudieran corresponder a la ciudadana Farial Taoufic Jamal Eddine viuda de El Kadi, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 18.426.142, como propietaria de: A) un (01) inmueble tipo apartamento situado en el sexto piso del edificio Don Rafael y Doña teresita, ubicado en la avenida 16 esquina calle 84, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del estado Zulia, signado con el número 6B, con un área aproximada de ciento setenta metros cuadrados (170 Mts) y consta de: terraza, sala-comedor, 01 dormitorio principal con su baño y vestier incorporado, 02 dormitorios principales adicionales, 01 sala sanitaria adicional, cocina, lavadero y dormitorio y sala sanitaria para servicio. Igualmente le corres.....

De los citados artículos y de la jurisprudencia invocada; se colige que la solicitante debe acompañar medio de prueba que demuestre fehacientemente la existencia de circunstancias que evidencien que los demandados se están insolventando u ocultando bienes para evadir la responsabilidad de llegarse a producir una sentencia en su contra, y al no haber probado la solicitante el hecho de que la ASOCIACION COPERATIVA LANCEROS DE TIA JUANA, R.S., se este insolventado o que este en estado de quiebra, lo cual es requisito indispensable a los efectos de probar el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siendo que solo existen argumentaciones señaladas por la solicitante mas no probadas; y aunado al hecho de que el proceso se esta iniciando y acordar una Medida Cautelar en esta etapa seria obstaculizar el debido proceso. Y ASI SE DECIDE. En virtud de lo antes expuesto, éste JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDI.....

Por las razones y los fundamentos antes expuestos, ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: Declara con lugar la Aprehensión en Flagrancia de conformidad con lo establecido en el articulo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en virtud de que la detención del presunto agresor se produjo dentro del lapso de 24 horas, tal y como lo exige el segundo aparte del precitado artículo 93 y se Decreta el PROCEDIMIENTO ESPECIAL, establecido en el artículo 94 ejusdem. SEGUNDO: SE DECRETAN MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a favor del ciudadano DARIO SEGUNDO PARRA URDANETA QUINTERO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V.-9.723.072 de conformi.....

A tenor de la titularidad comprobada y a la manifestación realizada por el nombrado ciudadano FRANCO BONFANTI, de otorgar comodato por cinco (05) años del inmueble objeto del presente proceso, conjugada con la exposición del ente expropiante de dejar sin efecto los actos administrativos que dieron lugar al Decreto Expropiatorio N° 60 de fecha 06 de abril 2010 y la Resolución de Ocupación Temporal N°ABR-0404-2010 de fecha 7 de Abril de 2010 dictados por el Alcalde, este Tribunal en tutela de los intereses sociales que el ente expropiante expresa para cumplir con sus fines de gestión municipal y con vista al concierto de ambas partes para poner fin a este proceso, encuentra que en forma alguna se lesionan derechos elementales ni normas de orden público, por lo que de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil aprueba los términos y condiciones expuestas en el acta convencional celebrada en fecha 06.10.11, homologándola conforme a derec.....