Ahora bien, las disposiciones indicadas, ordenan la paralización de todos los procesos judiciales que puedan concluir en el desalojo o desocupación forzosa de inmuebles destinados a la vivienda principal, empero, de la revisión efectuada al escrito libelar, se aprecia que la pretensión de la actora en autos, lo constituye la nulidad absoluta del documento de bienechurias de fecha 26 de noviembre de 2003, ante la Notaria Pública de la Villa del Rosario, y registrado posteriormente en la Oficina de Registro Público de los Municipios Rosario y Machiques de Perijá del Estado Zulia, no solicitando la entrega de bien inmueble alguno, dado que la sentencia que se dicte en la causa tiene naturaleza declarativa y no de condena, por lo que, este Tribunal en consideración que los efectos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, no son aplicables al caso de autos, NIEGA dicho pedimento.

A los efectos de la revisión efectuadas a las actas procesales, aprecia este Juzgador que no consta prueba alguna que haga presumir los hechos alegados por la representación de la parte actora, como fundamento de la medida que solicita, por lo que, este Tribunal siendo que no ha constatado las circunstancias o necesidades de la ciudadana Nelly María Sarcos Sánchez, para hacer procedente el pedimento realizado, en consecuencia NIEGA dicha solicitud.-

Aplicando la norma al caso bajo estudio y ante la renuncia de la demandante para continuar el juicio, por las razones explanadas en dicha diligencia y por cuanto el mismo no es contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, lo encuentra conforme y por disposición del Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, da por consumado el acto, lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

Planteada así la situación y en observancia que no existe pronunciamiento por parte de este Organo Jurisdiccional sobre la admisión de la demanda y por cuanto la voluntad de la parte actora, es no continuar con la tramitación de la demanda, bajo la figura del desistimiento, contenido en el Artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, que indica: "El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria", aplicando la norma antes transcrita al caso bajo estudio y en observancia que el desistimiento no es contrario al orden público, las buenas costumbres y no contraviene normativa alguna, da por consumada la causa y se ordena el archivo del expediente. Así se declara.