En virtud del uso de la figura de admisión de los hechos por parte del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, lo CONDENA a cumplir la sanción de TRES (03) MESES DE REGLAS DE CONDUCTA, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 620 Y 624 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por la comisión del delito de DETENTACIÓN DE ARMA DE FUEGO, previsto en el articulo 277, 273, 276 del Código Penal, y USO INDEBIDO DE MUNICIONES, previsto en el articulo 12 de la Ley sobre arma y explosivos, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.

Se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, de la causa seguida a los ciudadanos como IDENTIDAD OMITIDA y IDENTIDAD OMITIDA.

Se dicto auto declarando Admisible el Recurso de Apelación interpuesto por el ABG. Jessika Granados Gonzalez, en contra de la decisión dictada en el asunto principal N° NP01-P-2011-025361.

Parcialmente Con Lugar el Recurso, Revoca la Sentencia recurrida y declara Parcialmente con lugar la demanda.

En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, administrado justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta sentencia definitiva en la presente causa en los términos siguientes: PRIMERO: Se declara COMPETENTE para conocer la presente acción. SEGUNDO: Se declara la CONFESION FICTA de los querellados. TERCERO: Se declara CON LUGAR la querella interdictal de despojo intentada por los ciudadanos MAGEIBY JOSEFINA NATERA VELIZ, JAIDYS JOHANA NATERA VELIZ, BEJAIBY JOSE NATERA VELIZ y HUMBERTO JOSE NATERA VELIZ

ABSUELVE al ciudadano EDGAR ALEXANDER RAMOS, identificado plenamente en autos, por la comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en virtud de que nos encontramos en una eximente de responsabilidad penal como lo es la LEGITIMA DEFENSA, prevista y sancionada en el articulo 65 ordinal 3° del Código Penal venezolano, por lo que se acuerda su Libertad Plena, de acuerdo al contenido del artículo 366 de nuestra Ley Adjetiva Penal. Ahora bien, en lo que respecta a las costas del proceso, esta Instancia considera que el Estado en su oportunidad tuvo motivos suficientes para intentar la acción respectiva, pese a que no le resultare posible probar la culpabilidad de EDGAR ALEXANDER RAMOS y en consecuencia, de acuerdo a los artículos 26 y 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia, se exonera del pago de Costas al Estado Venezolano.

Con Lugar

Con Lugar