Por los fundamentos amplia y claramente expuestos con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: • PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, intentado por los abogados DIÓSCORO CAMACHO SILVA, IRENE GOTERA OCANDO Y ANDRES MELEAN NAVA, en sus condiciones de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, C.A contra la sociedad mercantil LUBVENCA DE OCCIDENTE, C.A y el ciudadano HUGO ALBERTO BRICEÑO, plenamente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.- • NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.-

En derivación de lo antes citado, y visto que este Juzgador aprecia que el informe rendido por el ciudadano JAIME RODRÍGUEZ, en su condición de perito avaluador, cumple con el objeto para el cual fue ordenado su producción, pues ilustra al conocimiento del Juez y al desenvolvimiento del proceso, habiendo cumplido eficiente y eficazmente con la función encomendada, este Órgano Jurisdiccional, declara IMPROCEDENTE la solicitud efectuada por la abogada SORAIDA QUINTERO DE VILLALOBOS, quien actúa como apoderada judicial de la parte demandada ciudadano MIGUEL ÁNGEL MATA, en las diligencias de fechas 13 de marzo y 22 de mayo de 2014, en consecuencia, el informe en estudio se considera ACLARADO, restando su valoración para la etapa correspondiente. Así se establece.-

Así las cosas, siendo que en el caso que nos ocupa, y revisado el escrito en el cual se peticiona la medida; este Juzgado observa que no existen argumentos sustentados, ni medios probatorios para presumir el peligro en la mora o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, específicamente en lo relacionado con la circunstancia de que puedan los accionados declararse insolventes, ocultar activos o reducir el capital social de la empresa codemandada, siendo este requisito indispensable para proceder al decreto de las medidas cautelares, este Sustanciador NIEGA la medida preventiva solicitada.- Así se decide.

Ahora bien, de las normas antes transcritas, se evidencia la procedencia de realizar transacciones en este tipo de procedimientos, puesto que el mismo es de orden privado y no afecta el orden público, por lo que este Órgano Jurisdiccional, en observancia que la transacción realizada no es contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, la encuentra conforme en los términos precedentemente explicitados, le imparte su aprobación, la homologa declarándola en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara: PRIMERO: INCOMPETENTE para conocer de la presente causa de DIVORCIO ORDINARIO interpuesta por la ciudadana ZULEYKARID ALFRALAID BRACHO GUTIÉRREZ, contra el ciudadano YOELBI ANTONIO JIMÉNEZ AMAYA, ambos plenamente identificados. SEGUNDO: DECLINA su conocimiento a la Sala de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que por distribución le corresponda conocer. TERCERO: Ordena la remisión del presente expediente con oficio. Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.