Este Juzgador observa que la parte solicitante no hace referencia en su escrito al periculum in damni, no aportando los medios de pruebas y fundamentos que creen en el juez de la causa la convicción necesaria para el decreto, en este sentido, no habiendo sido demostrados los extremos exigidos por el legislador ya que es indispensable para acordar algunas de las medidas cautelares, entre ellas las innominadas de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 588 ejusdem, que el solicitante presente prueba, aún cuando sea presuntiva, del derecho que se reclama, de que existe riesgo manifiesto ¿esto es patente, inminente- de que se haga ilusoria la ejecución del fallo, y en el caso específico de las medidas atípicas o innominadas, el precitado parágrafo primero del artículo 588 exige adicionalmente para su procedencia que exista el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a los derechos de la otra, lo que la doctrina y.....

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, en el juicio de Cobro de Bolívares seguido por la Sociedad Mercantil SUMINISTROS TAMARE C.A. (SUTACA) contra la Sociedad Mercantil HERRAMIENTAS PETROLERAS C.A. (HERPECA), acuerda: 1) En cumplimiento al contenido del artículo 585 en concordancia con el 588, ambos del Código de Procedimiento Civil: Decretar MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre el siguiente inmueble: "Edificio compuesto de dos plantas, construido con bases, columnas y vigas de carga de concreto armado, paredes de bloques de cemento, techos de platabanda, pisos de concreto vaciado recubierto en parte con mosaicos de vinyl y parte con baldosas de cerámica unicolor, puertas de madera, ventanas de aluminio y vidrio, protecciones de hierro .....

Encontrándose en dicha etapa procesal en el Tribunal Superior, las partes en la fecha indicada al inicio de esta resolución, realizan la transacción antes descrita bajo las condiciones y términos señalados en la misma y siendo que la misma no es contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, el Tribunal la encuentra conforme en los términos precedentemente explicitados, impartiendo su aprobación a dicho acto de autocomposición procesal, declarándolo en autoridad de cosa juzgada. Así se decide.

Consta de las actas procesales que en fecha catorce (14) de octubre de 2011, este Tribunal dictó sentencia declarando con lugar la demandada incoada, y previa solicitud de la parte actora se declaró en estado de ejecución voluntario el fallo por auto de fecha 28 de mayo de 2012, y transcurrido el lapso procesal otorgado, de conformidad con el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECLARA EN ESTADO DE EJECUCIÓN FORZOSA la sentencia definitivamente firme dictada en la presente causa.-

PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 2 de febrero de 2011, por el abogado en ejercicio RAMÓN VILLEGAS FARÍAS, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ALBERTO JOSÉ BRACHO DIAZ, contra la decisión dictada por el Juzgado del Municipio La Cañada de Urdaneta de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 31 de enero de 2011. SEGUNDO: Se REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado del Municipio La Cañada de Urdaneta de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 31 de enero de 2011; en consecuencia, se ordena la continuación de la presente causa, para la fecha en que se dictó el fallo antes mencionado; todo en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES, VÍA INTIMACIÓN, sigue el ciudadano ALBERTO JOSÉ BRACHO DIAZ contra el ciudadano YOBANI JOSÉ URIANA BRACHO, ambos plenamente identificados en la presente sentencia. TERCERO: No hay condenatoria en costas por argumento contrario a lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedim.....

PRIMERO: Declara COMPETENTE para conocer la presente acción al JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA y SIMÓN BOLIVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, que resulte competente luego de practicarse la respectiva distribución de Ley. SEGUNDO: Se ordena REMITIR el presente expediente al JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los fines que remita el expediente en original al Órgano Distribuidor de los JUZGADOS DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA y SIMÓN BOLIVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los fines que conozcan de la presente causa. TERCERO: No hay condenatoria a costas en la presente incidencia, en virtud de la naturaleza del fallo.

Por lo antes expuesto, al no demostrarse de actas, la imposibilidad que tiene la ciudadana Heidy Mendez, para proporcionarse por sí medios de sustento, este Tribunal niega la medida solicitada. Así se Decide.-

Este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de DIVORCIO incoada por la ciudadana DANICE LINYU YRIBARREN CONTRERAS contra el ciudadano MARIO LEONARDO DAM BARRIOS, ambos ya identificados, quedando en consecuencia, disuelto el matrimonio civil que contrajeron en fecha 08 de agosto de 2003, ante la Intendencia del Municipio Autónomo San Carlos, Capital del Estado Cojedes, acta Nº 147. Se evidencia de las actas por la declaración de la cónyuge demandante, que durante la vigencia del matrimonio, los cónyuges no procrearon hijos.

Este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara parcialmente CON LUGAR la demanda de DIVORCIO incoada por el ciudadano OSWALDO RINCÓN ROMERO contra la ciudadana IRIS MARÍA VIZCAINO CASTRO, ambos ya identificados, quedando en consecuencia, disuelto el matrimonio civil que contrajeron en fecha 05 de Octubre de 1984, ante el Juzgado del Municipio La Cañada de Urdaneta de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, acta Nº 36

imparte la aprobación al desistimiento del procedimiento, en los términos y condiciones expresados, dándole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada