DECLARA INADMISIBLE SOBREVENIDAMENTE el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho JHEAN CARLOS GONZÁLEZ, Defensor Público Auxiliar Encargado Vigésimo Noveno de Indígena y con Competencia en Penal Ordinario para la Fase de Proceso adscrito a la Unidad de la Defensa Pública Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en su condición de defensor privado de la ciudadana MÓNICA BARROSO, portadora de la cédula de identidad No. 13.393.713; contra la decisión signada con el No. 167-16, de fecha 22.12.2016, emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, la cual declaró Sin Lugar la solicitud de decaimiento de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, impuesta al precitado acusado, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Droga, cometido en perjuicio.....

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada DAYNUS ROJAS MENDOZA, Defensora Pública Cuarta Penal Ordinario, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del estado Zulia, extensión Cabimas, en su carácter de defensora de los ciudadanos JUNIOR JOSE GONZALEZ, YORGELIS ANDRADE NAVEDA y NELLY NAVEDA BALLESTEROS, contra la decisión N° 2C-309-17, de fecha 01 de Febrero de 2017, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión recurrida, haciéndose haciéndose improcedente tanto la petición de nulidad del procedimiento, como la libertad plena, planteadas por el recurrente a favor de sus representados.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho VICTOR RUJANO BAUTISTA, y PAOLA MONTIEL RODRIGUEZ, en su carácter de defensores privados del imputado ANTONY JOSÉ SANCHEZ SANCHEZ, titular de la cédula de identidad N° 21.421.740, SEGUNDO: CONFIRMA la decisión recurrida, por cuanto no existen violaciones de rango constitucional, que afecte el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.