Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ¿ LA CONFESIÓN FICTA de la parte demandada, ciudadano ROBERTO RAMON RIVERA QUINTERO, en el presente Juicio de ALIMENTOS, que fuere incoado en su contra por la ciudadana IRAIDA MARIA RINCON BARRIOS, en nombre y representación de su hijo ROBERTO RAMON RIVERA RINCON, plenamente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.- ¿ CON LUGAR la demanda de ALIMENTOS, incoada por la ciudadana IRAIDA MARIA RINCON BARRIOS en nombre y representación de su hijo ROBERTO RAMON RIVERA RINCON en contra del ciudadano ROBERTO RAMON RIVERA QUINTERO, plenamente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.- ¿ SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada, ciudadano ROBERTO RAMON RIVERA QUINTERO, en el presente Juicio de ALIMENTOS, que .....

Así las cosas, y llenos como están los extremos del artículo 585 de la norma adjetiva civil, este Tribunal en uso del poder cautelar del Juez, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, a los fines de garantizar el bien que conforman la comunidad conyugal que se pretende liquidar, y demostrados los extremos de ley, DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre el Cien por ciento (100%) de las PRESTACIONES SOCIALES, CAJA DE AHORRO Y FIDEICOMISO ENTENDIDO COMO LOS INTERESES DE LAS PRESTACIONES SOCIALES que corresponden al ciudadano Nolberto Junior Valbuena, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 10.407.424, en su relación laboral como Operador de Protección en la sociedad mercantil Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a partir del día 22 de noviembre de 1977 fecha en la cual contrajo matrimonio hasta el día 4 de mayo de 2010, fecha en la cual se declaró en estado de ejecución la sentencia de divorc.....

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara: ¿ SIN LUGAR la apelación ejercida por el ciudadano PEDRO LEÓN SALVADOR, parte codemandada, asistido por el abogado en ejercicio HERNÁN LÓPEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N°. 29.099, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Séptimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha, 28 de julio de 2008. ¿ SE RATIFICA, la decisión de fecha 28 de julio de 2008, dictada por el Juzgado Séptimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante la cual niega la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda y se mantiene en vi.....

este Tribunal DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre los bienes muebles propiedad de la parte demandada, que deberán ser indicados ante el Juzgado Ejecutor, hasta cubrir la cantidad de SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 605.810,oo), suma ésta prudencialmente calculada por este Tribunal. Que en caso de que la medida recaiga sobre cantidades de dinero, la ejecución versará sobre CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES CON 51/100 (Bs. 465.525,51) que deberá ser remitidas mediante cheques de gerencia a nombre de este Juzgado para su posterior depósito en la cuenta que se aperture al efecto.

En consecuencia y por cuanto el instrumento fundamental de la pretensión deviene de las Facturas debidamente aceptadas, que corre en las actas procesales, y constituye uno de los instrumentos previstos en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre los bienes muebles propiedad de la parte demandada, que deberán ser indicados ante el Juzgado Ejecutor, hasta cubrir la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 672.040,oo), suma ésta prudencialmente calculada por este Tribunal. Que en caso de que la medida recaiga sobre cantidades de dinero, la ejecución versará sobre CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 20/100 (Bs. 423.385,20) que corresponde a la suma demandada, y deberá ser remitidas mediante cheques de gerencia a nombre de este Juzgado para su posterior depósito en la cuenta que se aperture al efecto.

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Segundo de Primero Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano CRISTOBAL VILLACINDA CHAVEZ, en el juicio de COBRO DE BOLIVARES (INTIMACIÓN) contra la Sociedad Mercantil INGENIEROS CONSULTORES, C.A. (ICCA), plenamente identificada en actas. 2.- SE ORDENA A LA PARTE DEMANDADA la Sociedad Mercantil INGENIEROS CONSULTORES, C.A. (ICCA) a cancelar a la parte actora la cantidad de UN MILLON OCHOCHIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.800.000,00) más los intereses moratorios condenados en el presente fallo. 3.- SE ORDENA la práctica de una EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO, a fin de calcular los intereses moratorios solicitados, conforme a las pautas establecidas en el cuerpo de este fallo. 4.- SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada, .....

Así las cosas, vista la declaratoria de emergencia proferida por el Ejecutiva Nacional, publicada en la Gaceta Oficial No. 381.547, recaída sobre el Estado Zulia, así como la comunicación emitida por la Alcaldía de Mara del Estado Zulia, dirigida a Carbones del Guasare, en la cual solicita la intervención inmediata del tramo vial "Tres Bocas- El 40", este Tribunal en conocimiento de los daños sufridos por las vías de acceso (carreteras, troncales) del Municipio Mara en razón de las lluvias acaecidas, lo que denota la necesidad de retornar a la normalidad dichas áreas, y en virtud que el objeto fundamental de la demanda consiste en dejar constancia de varias circunstancias atinente a la obra ejecutada sobre el indicado tramo vial, este Tribunal en atención al principio de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución Nacional, y en uso de la facultad contenida en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, ordena el traslado al lugar de los hechos, al .....