Planteada así la situación, el Tribunal vista la transacción efectuada y en observancia que la misma no es contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, la encuentra conforme en los términos precedentemente explicitados, impartiendo su aprobación a dicha transacción, de conformidad con lo previsto en el Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, declarándola en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

Por lo que, planteado lo anterior, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ordena la remisión del presente expediente en su estado original a un Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que resulte competente por los efectos de la distribución. Así se decide.

Disposiciones estas que ordena la paralización de todos los procesos judiciales que puedan concluir en el desalojo o desocupación forzosa de inmuebles destinados a la vivienda principal, y dado que el caso de autos, se reclama sobre la posesión de un inmueble que según sus características está destinado a la vivienda, y ambas partes presentan presuntos documentos de propiedad, este Juzgador en atención a dicha circunstancia, sin que con ella se prejuzgue sobre el fondo, considera que las condiciones fácticas del caso de autos, se ajusta a los presupuestos establecidos en las normas antes citada, en consecuencia este Tribunal ORDENA LA PARALIZACIÓN DEL PRESENTE JUICIO, hasta tanto se acredite en actas el cumplimiento del procedimiento especial establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas. Así se decide