DECISION Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA LA COMPETENCIA de la presente causa la cual guarda relación con el recurso de revisión de sentencia, solicitado por el Juzgado Tercero de Ejecución de este mismo Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón. Todo conforme lo establecido en los artículos 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 77 del Código Orgánico Procesal Penal.

este Tribunal DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre los bienes muebles propiedad de la parte demandada, es decir, de la ciudadana JACKELINE COROMOTO GARCIA CABRERA, los cuales deberán ser debidamente indicados ante el Juzgado Ejecutor, hasta cubrir la cantidad de CATORCE MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 14.000.000,oo) suma ésta prudencialmente calculada por este Tribunal. Que en caso de que la medida recaiga sobre cantidades de dinero, la ejecución versará sobre SIETE MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 7.00.000,oo) que deberá ser remitidas mediante cheque de gerencia a nombre de este Juzgado para su posterior depósito en la cuenta que se aperture al efecto.

Por todos los fundamentos expuestos, este Juzgado Cuarto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara Con Lugar la Demanda de Resolución de Contrato de Arrendamiento y Cobro de Bolívares, incoada por la ciudadana Ines Delia Vera de Sanabria, incoada en contra de la ciudadana Martha Navarro Lozano; en consecuencia se ordena a la parte demandada hacer entrega del inmueble ubicado en el Barrio Carmelo Urdaneta, avenida 104, No. 70-60, en Jurisdicción de la Parroquia Venancio Pulgar del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, a la parte actora. Asimismo, se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de cuatrocientos ochenta mil bolívares (Bs.480.000, oo) por concepto de cánones vencidos e insolutos, por daños y perjuicios derivados de la suspensión del servicio telefónico y deterioro material del inmueble.

declara PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN, intentado por la Sociedad Mercantil SERVIPORK, C.A., contra la Sociedad Mercantil MERCADO DE MAYORISTAS EN CARNES, C.A. (MERCACARNES C.A), plenamente identificados en actas.

declara PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN, intentado por el Endosatario en Procuración de la ciudadana RABXELY GONZÁLEZ, contra ciudadana IRAIDA HERNÁNDEZ, plenamente identificados en actas.

declara PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN, intentado por la Sociedad Mercantil PINTURAS TACARIGUA C.A., contra la Sociedad Mercantil INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO E INSTALACIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS, COMPAÑÍA ANONIMA (INGELMECI, C.A.), y el ciudadano EDGAR ARGENIS GONZÁLEZ SEQUERA, plenamente identificados en actas.

En consecuencia, le imparte su aprobación homologándolo, le da el carácter de cosa juzgada, se ordena oficiar al Departamento de Nominas de la Universidad del Zulia, a fin de notificarle los términos que rigen el convenimiento celebrado y se abstiene de archivar el expediente hasta tanto conste en actas el total cumplimiento de la obligación. La Juez, Abog. Maria del Pilar Faria Romero. La Secretaria, Abog. Ada Jiménez. En la misma fecha se ofició bajo el número 081-06. La Secretaria, Abog. Ada Jiménez. Expediente 1.496-05.

DECISIÓN Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: Consumado el acto procesal del convenimiento, en el juicio de COBRO DE BOLÍVARES sigue CARLOS VILORIA, en contra del ciudadano RICAURTE MORENO, identificados en la parte narrativa de este fallo, homologándolo e impartiendo su aprobación y dándole el carácter de cosa juzgada.- ASÍ SE RESUELVE.-. Se ordena Oficiar al Jefe del Departamento de Nominas de la Universidad del Zulia, en el sentido de notificarles los términos que rigen el presente convenio, de la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES SIN CTS. (Bs. 950.000,00). ASÍ SE RESUELVE.-. No hay condenatoria en costas por tratarse de un convenimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 277 del Có.....

Por los razonamientos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, actuando en sede constitucional, administrando justicia por autoridad de la ley, declara: 1.- INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por la Sociedad Mercantil CORE LABORATORIES VENEZUELA S.A., contra las actuaciones y omisiones achacadas al Juzgado Tercero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 2.- SE MANTIENE LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA decretada por este Juzgado en fecha 29 de noviembre de 2005. 3.- NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS PROCESALES dada la naturaleza del presente fallo

Por los fundamentos expuestos este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de treinta (30) días por falta de impulso para la Intimación de la parte demandada en la presente causa con motivo del Juicio por DAÑOS Y PERJUICIOS, seguido por el ciudadano ALVIN RAMÓN VELIS CASTRO, en contra de los ciudadanos MARIA SATURNINA VELIS CASTRO, JOSÉ ALEXIS GONZALEZ y WILMER VELIS. El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.