Se dicta auto de apertura del juicio Oral y Público en contra del ciudadano RICHARD ONASIS GUTIÉRREZ BERMÚDEZ, por la presunta comisión del delito VIOLENCIA FÍSICA, en perjuicio de la ciudadana SE OMITE SU IDENTIDAD.

Mediante Auto este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER en aras de garantizar el Derecho Constitucional a la Salud previsto en el articulo 83 de nuestra Carta Magna ACUERDA el traslado con la seguridad del caso del imputado ciudadano FREDDY JOSE LEONETT SIERRA, hasta la SENAMECF , a los fines de que se le practique Evaluación Medica Integral, por médico o médica de guardia. Hágase lo Conducente. Cúmplase.

Mediante Sentencia Interlocutoria donde se amplia el lapso de prueba por un año al acusado, de conformidad a el articulo 47 ordinal 2 del COPP. Ratificando de las Medidas de protección y Seguridad a favor de la victima. Asimismo se ordena remitir copias certificadas de la acta de verificación y de la decisión.-

este Tribunal se declara competente para conocer de la presente querella de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el artículo 94 ejusdem; y por cuanto no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de revisar nuevamente dichas causales en la sentencia definitiva, en atención a lo establecido en el artículo 101 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se ADMITE el referido recurso cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 ejusdem.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE, la Querella Funcionarial (Nulidad de Acto Administrativo) interpuesta por el ciudadano LUÍS ERMINE MATA BETANCOURT, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula identidad Nº V- 5.393.697, debidamente asistido por el abogado LARRY JOSE ZULETA SANCHEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 47.874, contra la CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MATURIN DEL ESTADO MONAGAS. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro. En Maturín, a los siete (07) días del mes de mayo del.....

Aplicando tales disposiciones legales al caso de autos, se desprende que el ciudadano ANTONIO RAFAEL ZAPATA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 9.976.779, abogado en ejercicio, inscrito en el instituto de Previsión Social del abogado, bajo el número 129.714, actuando en su carácter de co-apoderado judicial de la parte recurrente, se encuentra facultado para convenir, tal como se desprende del poder que corre inserto en el folio 98 del presente expediente judicial, siendo ello así puede perfectamente convenir, aunado a que el asunto en cuestión no está relacionado con materias en las cuales estén prohibidas las transacciones, y visto que se constata de autos el cumplimiento total de lo convenido, en consecuencia, este Juzgado procede a HOMOLOGAR el Convenimiento propuesto por las partes. Así se decide.

y por cuanto no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de revisar nuevamente dichas causales en la sentencia definitiva, en atención a lo establecido en el artículo 101 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se ADMITE el referido recurso cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 ejusdem.

En este sentido, debe dejar sentado este órgano jurisdiccional, que si bien es cierto, el extinto Juzgado Superior 5to Agrario, antes de su supresión, sustanció el presente recurso de apelación, hasta la etapa de celebración de la audiencia oral de informes prevista en el artículo 229 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, tal y como consta a los folios (159 al 160 Pieza 2), no es menos cierto, que en modo alguno se evidencia que el tantas veces citado Juzgado Superior 5to Agrario hoy extinto, haya emitido el pronunciamiento definitivo sobre el mérito de la causa, razón por la cual, mal podría esta Instancia Superior Agraria, proceder a dictar sentencia sin que se celebre la audiencia oral de informes en la que se materializan los principios adjetivos rectores del proceso agrario, tal y como lo ha establecido, tanto el legislador patrio, como el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, a través del criterio ut supra transcrito y totalmen.....

este Tribunal luego de una revisión exhaustiva de las actas que conforman la presente causa; le informa que en fecha 10 de octubre del año 2.014, cursante del folio (186), se dicto sentencia pasada en cosa juzgada en el presente expediente, evidenciándose también que la transacción suscrita por las partes existen condiciones pendiente, siendo así; mal podría este Tribunal acordar lo solicitado por la parte demandante, por tal motivo se niega lo solicitado. Y así se decide.- ABG. ARTURO JOSE LUCES TINEO EL JUEZ LA SECRETARIA ABG. YOHISKA MUJICA LUCES Exp: 32.492 AJLT/Yamilet

En este sentido, corroborada la omisión en la pretensión de la parte actora, éste Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y Delta Amacuro con Competencia Transitoria en los Estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar, ordena al solicitante suficientemente identificado, subsanar su pretensión, a los fines de garantizarle su acceso a la Justicia en aplicación del artículo 26 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual acuerda concederle un lapso de tres (03) días de despachos siguientes a la publicación de la presente decisión, con sus respectivos efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide.