En fuerza de las consideraciones anteriores este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de hecho interpuesto por los ciudadanos FRANZ SCHNEIDER y ELISABETH SCHAUER, actuando en representación de la sociedad mercantil GRUPO MILENIUM, C.A, parte demandada, debidamente asistidos por la abogada HONEY PEREZ inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 65.557 y por tal razón, se declara la nulidad del auto emitido en fecha 06-10-2005 dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a través del cual el a quo se negó a oír la apelación formulada en contra del fallo emitido en fecha 20 de Diciembre del 2004, el cual fue publicado fuera del lap.....

Condena a Dalmiro Quintero Hall, Douglas Rosario Mora y Leido Luís Rodríguez, suficientemente identificados, a cumplir la pena de un (01) año de prisión, más las accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal, por la comisión del delito de hurto calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 453, ordinal 4°, en relación con el artículo 80, primer aparte y 82, todos del Código Penal. Quedan exonerados del pago de las costas procesales, por ser la defensa gratuita. Se mantiene la medida cautelar sustitutiva de libertad, para que los penados Damiro Quintero Hall, Douglas Rosario Mora y Leido Luís Rodríguez, en estado de libertad, ejerzan cualquiera de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena o la suspensión condicional de la ejecución de la pena, previstas en el Capítulo III, Libro Quinto, relacionado con la ejecución de la sentencia, del Código Orgánico Procesal Penal.

Condena a Humberto Santa María Marcano, suficientemente identificado, a cumplir la pena de tres (03) años de prisión por la comisión de los delitos de hurto agravado en grado de frustración, hurto calificado en grado de frustración y desvalijamiento de vehículo automotor, previstos y sancionados en los artículos 452, ordinal 8°, 453, ordinal 4°, ambos del Código Penal vigente y desvalijamiento de vehículo automotor, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, más las accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal. Queda exonerado del pago de las costas procesales por ser la defensa pública gratuita. Se deja constancia que las partes fueron notificadas de la dispositiva en el acto del debate oral y público. Publíquese esta sentencia y déjese copia para el archivo.

condena a Humberto Santa María Marcano, suficientemente identificado, a cumplir la pena de tres (03) años de prisión por la comisión de los delitos de hurto agravado en grado de frustración, hurto calificado en grado de frustración y desvalijamiento de vehículo automotor, previstos y sancionados en los artículos 452, ordinal 8°, 453, ordinal 4°, ambos del Código Penal vigente y desvalijamiento de vehículo automotor, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, más las accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal. Queda exonerado del pago de las costas procesales por ser la defensa pública gratuita. Se deja constancia que las partes fueron notificadas de la dispositiva en el acto del debate oral y público. Publíquese esta sentencia y déjese copia para el archivo.

Condena a Humberto Santa María Marcano, suficientemente identificado, a cumplir la pena de tres (03) años de prisión por la comisión de los delitos de hurto agravado en grado de frustración, hurto calificado en grado de frustración y desvalijamiento de vehículo automotor, previstos y sancionados en los artículos 452, ordinal 8°, 453, ordinal 4°, ambos del Código Penal vigente y desvalijamiento de vehículo automotor, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, más las accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal. Queda exonerado del pago de las costas procesales por ser la defensa pública gratuita. Se deja constancia que las partes fueron notificadas de la dispositiva en el acto del debate oral y público. Publíquese esta sentencia y déjese copia para el archivo.

Condena a Pablo Ramón Gil Brito, suficientemente identificado, a cumplir la pena de ocho (08) meses de prisión, más las accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal, por la comisión del delito de hurto calificado en grado de frustración, previsto y sancionado en el artículo 453, ordinal 4°, en relación con el artículo 80, segundo aparte y 82, todos del Código Penal. Queda exonerado del pago de las costas procesales, por ser la defensa gratuita. Se acuerda la libertad plena de Pablo Ramón Gil Brito, al evidenciarse el cumplimiento de la pena aquí impuesta.

En consecuencia, si bien hay proporcionalidad en la pena a imponer al resultar menos rígido el tipo penal respecto de las cantidades de drogas incautadas, ante la imposibilidad de beneficios procesales al no permitirlo la norma penal en cuestión, existe el peligro de fuga previsto en el artículo 251, ordinales segundo y tercero del Código Orgánico Procesal Penal, pues el delito imputado es tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o químicos para su elaboración, según la vigente ley, y semejante delito engloba la lesión de derechos constitucionales tales como el bien común y la paz social, pues es del conocimiento que el destinatario de estas sustancias estupefacientes al hacer uso de ellas tiene predisposición para delinquir, lo cual arremete contra el interés colectivo de la convivencia en paz. En consecuencia, al estar vigente el peligro de fuga por la magnitud del daño causado y ante la inexistencia de beneficios procesales, el tribunal niega la solicitud de la.....

REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD DECRAETADA POR EL TRIBUNAL DE CONTROL consagrada en el artículo 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal al imputado LUIS FERNANDEZ VELASQUEZ NATERA ya identificado, por haber incumplido con las condiciones impuestas y sobre todo la inasistencia a las convocatorias realizadas por el Tribunal a la realización de la Audiencia Preliminar que se encuentra pendiente y en su lugar DECRETA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD AL MENCIONADO CIUDADANO, por encontrarse llenos los extremos de los artículos 250, 251 y 262 del Código Orgánico Procesal Penal, por estar en evidente peligro de fuga y por no haber justificado por ningún medio el incumplimiento de presentaciones a este Tribunal, al cual se encontraba sometido y ante la urgencia de garantizar las resultas del presente proceso. En consecuencia líbrese la correspondiente BOLETA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD en contra de LUIS FERNANDEZ VELASQUEZ NATERA y con ofi.....

DECRETA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD AL MENCIONADO CIUDADANO, por encontrarse llenos los extremos de los artículos 250, 251 y 262 del Código Orgánico Procesal Penal, por estar en evidente peligro de fuga y por no haber justificado por ningún medio el incumplimiento de presentaciones a este Tribunal, al cual se encontraba sometido y ante la urgencia de garantizar las resultas del presente proceso. En consecuencia líbrese la correspondiente BOLETA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD en contra de RODRIGUEZ BERMUDEZ OSWALDO RAFAEL y con oficio remítase al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Delegación Porlamar para su debida captura. Así se decide.

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en razón de que la transacción no es contraria a Derecho y no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA LA TRANSACCIÓN, dándole efectos de Cosa Juzgada, de conformidad con el ordinal 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo; y artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley del Trabajo. En consecuencia, visto que ha transcurrido más de un año sin que la parte demandante manifestara el incumplimiento de la misma, este Juzgado ordena el archivo del expediente. Y así se decide.-