Por todos los argumentos anteriormente expuestos éste Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio y del Régimen Procesal Transitorio del Circuitop Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, con base a lo establecido en los artículos 9.3 de la Convención de los Derechos del Niño, 76 de la Constitución y 27, 385, 386 y 387 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, y Adolescentes, declara CON LUGAR la solicitud de FIJACIÓN DE RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR, intentada por el ciudadano LUIS ALEXNADER HERNANDEZ GARCIA, en contra de la ciudadana DIANNY CAROLINA VELIZ, a favor del Niño IDENTIDAD OMITIDA (de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).

Se publica la presente decisión declarando la CADUCIDAD DE LA ACCIÓN que por motivo de NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO CONJUNTAMENTE CON AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR ejerció la empresa CONSTRUCCIONES VIGA C.A. en contra de ACTO ADMINISTRATIVO contenido en la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 00615-09

este Tribunal estima procedente y ajustado a derecho RATIFICAR LA ORDEN DE APREHENSION, solicitada por la ciudadana Fiscal Décima Quinta del Ministerio Público, por haberse dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 250 en su ultima aparte Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso es RATIFICAR la Orden de Aprehensión otorgada en fecha 06 de Mayo del año 2011.

este Tribunal por ser Procedente y Ajustada a Derecho, acordó vía telefónica la Orden de Aprehensión solicitada, debido a la Urgencia del caso, la Magnitud del daño causado y la Pena que podría llegarse a imponer, tal como lo establece el artículo 250 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal. Por extrema urgencia el Ministerio Público solicitó dicha orden, conforme a los Artículos 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual debe ser ratificada dentro de las 12 horas por el Ministerio Público.