En virtud de lo precedentemente expuesto, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia por autoridad de la Ley, HOMOLOGA la transacción celebrada entre la ciudadana CARLA PAREJO, titular de la cédula de identidad No. V-20.580.441, asistida por el abogado Tubalcaín Labarca Rovero, con número de Inpreabogado 29.499, y la representación judicial de la sociedad mercantil FACIL COM C. A., en los mismos términos y condiciones en ella establecidos, pasándola en autoridad de cosa juzgada; y ORDENA al Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, realice los trámites procesales correspondientes para el archivo del expediente.

1) DESISTIDA LA APELACIÓN interpuesta por la parte demandante contra la sentencia de fecha 15 de febrero de 2005, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en el Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con Sede en Cabimas, proferida en el juicio seguido por GENEYSE FARIAS ESPINOZA frente a PDVSA PETRÓLEO S.A., en consecuencia, con fuerza de cosa juzgada la decisión recurrida que declaró la perención de la instancia. 2) SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandante en virtud de lo que establece el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En virtud de lo precedentemente expuesto, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia por autoridad de la Ley, HOMOLOGA la transacción celebrada entre el ciudadano JOSÉ MONTERO, titular de la cédula de identidad No. V-11.297.862, asistido por la abogada Keyla Méndez, Procuradora de Trabajadores, con número de Inpreabogado 79.842, y la representación judicial de la sociedad mercantil V&P INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES C. A., en los mismos términos y condiciones en ella establecidos, pasándola en autoridad de cosa juzgada; y ORDENA al Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, realice los trámites procesales correspondientes para el archivo del expediente.

1) DESISTIDA LA APELACIÓN interpuesta por la parte demandante contra la sentencia de fecha 22 de febrero de 2005, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en el Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con Sede en Cabimas, en el juicio seguido por HUMBERTO ENRIQUE ISEA SANTANA frente a PDVSA PETRÓLEO S.A., en consecuencia, con fuerza de cosa juzgada la decisión recurrida. 2) SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandante en virtud de lo que establece el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

1) DESISTIDA LA APELACIÓN interpuesta por la parte demandante contra la sentencia de fecha 18 de febrero de 2005, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en el Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con Sede en Cabimas, en el juicio seguido por OSCAR MORA AMAYA frente a PDVSA PETRÓLEO S.A., en consecuencia, con fuerza de cosa juzgada la decisión recurrida. 2) SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandante en virtud de lo que establece el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

1) DESISTIDA LA APELACIÓN interpuesta por la parte demandante contra la sentencia de fecha 15 de febrero de 2005, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en el Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con Sede en Cabimas, proferida en el juicio seguido por ALEJANDRO JOSÉ SALAZAR RAMOS frente a PDVSA PETRÓLEO S.A., en consecuencia, con fuerza de cosa juzgada la decisión recurrida que declaró la perención de la instancia. 2) SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandante en virtud de lo que establece el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.