Por los fundamentos antes expuestos este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor de PERSONA DESCONOCIDA, por el delito de HURTO AGRAVADO, previsto y sancionado en el ordinal 1° del artículo 452 del Código Penal, (vigente para la fecha de los hechos), cometido en perjuicio de la GOBERNACION DEL ZULIA, de conformidad con lo pautado en el artículo 318 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE. Regístrese la presente resolución y notifíquese a las partes. CUMPLASE.-

Por los fundamentos antes expuestos este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor de PERSONA DESCONOCIDA, por el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal vigente, cometido en perjuicio del ciudadano ALBERTO ZERPA, de conformidad con lo pautado en el artículo 318 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE. Regístrese la presente resolución y notifíquese a las partes. CUMPLASE.-

Por los fundamentos antes expuestos este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor de PERSONA DESCONOCIDA, por el delito de HURTO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 1 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, cometido en perjuicio de la ciudadana ANDREINA RODRIGUEZ, de conformidad con lo pautado en el artículo 318 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE. Regístrese la presente resolución y notifíquese a las partes. CUMPLASE.-

Examinados los documentos acompañados, y la norma ut supra transcrita, este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: que son suficientes los fundamentos y derechos que tiene el ciudadano JOSÉ LUIS INFANTE FUENTES, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número: V-8.723.858, como UNIVERSAL HEREDERO de la causante CARMEN TERESA GUTIERREZ RODRÍGUEZ. ASÍ SE DECLARA.- Empero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, se deja a salvo los derechos de terceros. Devuélvanse estas actuaciones en original y déjese copia certificada para formar expediente.

este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, deja sin efecto la medida dictada en fecha 12 de agosto de 2009, y en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LA TORRE, C.A. (CYSLATO, C.A.), inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Zulia, el día 15 de julio de 1982, bajo el No. 113, Tomo 1-A, domiciliada en Mene Grande, Municipio Baralt del Estado Zulia, hasta cubrir la cantidad de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 1.167.256, oo), doble de la cantidad demandada e intereses. Para la ejecución de la presente medida, designar Perito Avaluador, Depositario Judicial y tomarles el jurame.....

En consecuencia y con mérito a los argumentos antes señalados este JUZGADO UNDÉCIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta: 1) LA MEDIDA DE SECUESTRO: Sobre el mueble constituido por un vehiculo, marca CHEVROLET, modelo CHEYENNE, tipo: PICK UP, año: 2006, color: BLANCO, uso: CARGA, serial del motor: 26V340296, serial de carrocería: 8ZCEC14T26V340296, placas: 270PAF, según documento de venta a crédito con reserva de dominio de fecha 31 de agosto del 2006. Todo de conformidad con el articulo 585 y 599 del Código de Procedimiento Civil, solicitada por la demandante la Sociedad Mercantil BANCO PROVINCIAL S.A., BANCO UNIVERSAL, inscrita en el Registro de Comercio que llevó el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO MERCANTIL DEL DISTRITO FEDERAL, el 30 de septiembre de 1952, bajo el N° 448, tomo 2-B, cuya ultima modificación estatutar.....

En consecuencia y con mérito a los argumentos antes señalados este JUZGADO UNDÉCIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta: 1) LA MEDIDA DE SECUESTRO: Sobre el mueble constituido por un vehiculo, marca CHEVROLET, modelo AVALANCHE, año: 2005, color: AZUL, uso: PARTICULAR, serial del motor: 256987, serial de carrocería: 3GNEK12T45G256987, placas: 63NWAA, según documento de venta a crédito con reserva de dominio de fecha 5 de septiembre del 2006. Todo de conformidad con el articulo 585 y 599 del Código de Procedimiento Civil, solicitada por la demandante la Sociedad Mercantil BANCO PROVINCIAL S.A., BANCO UNIVERSAL, inscrita en el Registro de Comercio que llevó el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO MERCANTIL DEL DISTRITO FEDERAL, el 30 de septiembre de 1952, bajo el N° 448, tomo 2-B, cuya ultima modificación estatutaria fue in.....

Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: a) La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO intentó C.A. LA CASA ELÉCTRICA en contra de la ciudadana LEIZA COROMOTO VALECILLOS NAVA, por inactividad de las partes durante un lapso superior al año, previsto en el acápite del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. b) Se suspende la medida preventiva de secuestro, decretada en fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil siete (2007). c) No hay condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

El Tribunal DECLARÓ LA EXTINCIÓN DE LA PENA POR CUMPLIMIENTO DE LA MISMA, a favor del penado ANTONIO BENITO VELÁSQUEZ, venezolano, natural de Maracaibo, Estado Zulia, fecha de nacimiento: 02-1-1955, titular de la cédula de identidad N° V-5.055.773, hijo de José de la Rosa González y Laudina Velásquez, con última residencia conocida en: Barrio San José, Av. 36, N° 33-62, Maracaibo, Estado Zulia; quien fue condenado por el Juzgado Primero en funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Zulia, a cumplir la pena de UN (01) AÑO, OCHO (08) MESES DE PRISIÓN, mas las accesorias de Ley, por la comisión del delito de HURTO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 454 ordinal 4°, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, cometido en perjuicio de la Empresa ENELVEN; ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Código Penal en concordancia con el ordinal 1° del artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal, y pasa en Aut.....

La transacción, desistimiento y el convenimiento son instituciones jurídicas de naturaleza procesal de que se valen los justiciables para poner fin al litigio y/o el proceso sin haberse producido la sentencia o máxima decisión procesal, o una vez dictada en fase de ejecución de la misma, de manera voluntaria acordada unilateral o bilateralmente por las partes; toda vez, que el proceso civil está regido por el principio DISPOSITIVO, y que se trate de derechos disponibles donde no esté interesado el interés u orden público. Es lo que se conoce en la doctrina como "Modos Anormales de Terminación del Proceso".