Ahora bien, de la revisión efectuada a la resolución de fecha 26 de abril de 2006, se observa que al identificar el inmueble sobre el cual recayó la medida, no se determinó el lugar exacto donde se encuentra el local identificado objeto de la medida, este Tribunal en atención al artículo 26 de la Constitución Nacional tendiente a garantizar el debido proceso, y en uso de la facultad contenida en los artículos 206 y 310 del Código de Procedimiento Civil, AMPLIA la resolución de fecha 26 de Abril de 2006, en el sentido que se decreta MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO, sobre un inmueble constituido Un local signado con el número 5, (en 2 niveles) constante de un área aproximada de 1.440M2, que comprende las áreas de los tres niveles donde está la escalera, y el montacarga con sus respectivos depósitos, ubicado en la planta alta del Centro Comercial Centro Norte, sector "Santa Rosa de Tierra" en jurisdicción de la parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia,

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: A) SIN LUGAR la cuestión previa contenida en el Ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo permite admitirla por determinadas causales que no sean las alegadas en la demanda, promovida por el ciudadano BORNEY ANTONIO ROMERO, en contra de la ciudadana ZAIDA CARRILLO SULBARAN, plenamente identificados en actas. B) SE CONDENA EN COSTAS a la parte accionada, de conformidad con la normativa contenida en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Por cuanto este Tribunal observa que se encuentran cumplidos los extremos legales exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, ello es, el peliculum in mora y el fumus boni iures, así como también el temor de que la parte demandada pueda causar lesiones graves de difícil reparación al derecho del actor, según lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo 588 ejusdem, se considera forzoso decretar MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE PROHIBIR A LOS REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN TAXIS VICTORIA, EJECUTAR ACTOS DE DISPOSICIÓN DE LOS BIENES DE DICHA ASOCIACIÓN, derivando de esta situación que dicho ciudadanos solo podrán realizar actos de simple administración que sirvan para el desarrollo diario de las actividades propias de la Asociación Civil.

este Tribunal en cumplimiento a las normas invocadas acuerda AMPARAR PROVISORIAMENTE en la posesión a la querellante ciudadana INES MARIA UZCATEGUI DE MONTILLA sobre el inmueble objeto de esta causa, ordenándole a la ciudadana IDAMYS AVILA GARCÍA, EL CESE DE LOS ACTOS PERTURBATORIOS y dejando a salvo el derecho de la referida ciudadana de probar lo que hubiere lugar en la oportunidad a la cual se refiere el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, este Tribunal insta a la parte demandante a constituir garantía hasta cubrir la suma de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,oo), a fin de asegurar al demandado el pago de los daños y perjuicios y la devolución de la cosa vendida u otra equivalente al demandado, en caso de no prosperar la acción de resolución de contrato, y deberá ser una de las establecidas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, este Tribunal insta a la parte demandante a constituir garantía hasta cubrir la suma de SIETE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 7.000.000,oo), a fin de asegurar al demandado el pago de los daños y perjuicios y la devolución de la cosa vendida u otra equivalente al demandado, en caso de no prosperar la acción de resolución de contrato, y deberá ser una de las establecidas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil.