declara: INADMISIBLE IN LIMIS LITIS el escrito recursivo interpuesto por el profesional del derecho ROBERT JOSÉ MARTÍNEZ GODOY, Fiscal Provisorio, adscrito a la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción del estado Zulia, con sede en Santa Bárbara y Competencia Plena, contra la decisión N° 120-15, de fecha 20 de marzo de 2015, emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Santa Bárbara del Zulia, por cuanto no existe agravio alguno que reparar, y las partes solo pueden impugnar las decisiones que le sean desfavorables.

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el abogado DAVID JAVIER CARRILLO ALTUVE, Defensor Público Provisorio Primero Penal Ordinario para la Fase de Ejecución, adscrito a la Unidad de la Defensa Pública del estado Zulia, en su carácter de defensor de la ciudadana XIOVIR ALISDELIS ROMERO GONZÁLEZ, contra la decisión N° 086-2015, de fecha 27 de abril de 2015, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. SEGUNDO: REVOCA la decisión recurrida, solo con respecto al lapso de régimen de prueba impuesto a la penada de autos.

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el profesional del derecho CESAR CALZADILLA IRIARTE, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado), bajo el No. 138.167, actuando con el carácter de defensor privado de la penada ILZE COROMOTO PEROZO. SEGUNDO: SE REVOCA el fallo 198-2015, de fecha 11.05.2015, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, el cual declaró sin lugar la solicitud de la defensa, atinente al levantamiento de las medidas innominadas de prohibición de firmar en registros y notarías y la inmovilización de cuentas bancarias decretadas en contra de la penada de autos, quien fue condenada por la comisión del delito de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 74 de la Ley Contra la Corrupción, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, a cumplir la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, mas las accesoria.....